La AN avala al Gobierno y exige a Zed que devuelva las ayudas obtenidas vía fraude

  • El grupo fue incapaz de probar que dedicó una subvención al proyecto que la obtuvo. Fiscalía cree que el programa era falso y el dinero se desviaba 
Pérez Dolset, el empresario que aplica y rentabiliza la "multiplataforma"
Pérez Dolset, el empresario que aplica y rentabiliza la "multiplataforma"

A veces, las investigaciones penales se solapan con otras causas de otra índole, como civiles, sociales o administrativas. Es lo que ha sucedido en la Audiencia Nacional con la multinacional tecnológica Zed. Mientras el juez de instrucción Manuel García Castellón investiga por lo criminal al presidente del grupo, Javier Pérez Dolset, por el saqueo de la empresa y la supuesta captación ilegal de subvenciones del Gobierno, la Comunidad de Madrid y la UE, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de ese mismo tribunal ha dado la razón al Gobierno, que ha comenzado a reclamar los fondos públicos obtenidos de manera fraudulenta gracias a proyectos tecnológicos que la Fiscalía y la policía consideran ficticios.

Una sentencia de esta última Sala del pasado 5 de marzo avala al secretario de Estado de Telecomunicaciones y ordena la devolución total por cuatro empresas del grupo -Zed Worldwide, Ilion Studios, Pyro Studios y Factory Holding Company- de la subvención de 691.704,67 euros y el préstamo blando de 2.381.086,48 euros obtenido por ellas en el Programa Avanza Competitividad I+D+i de 2010 del Ministerio de Industria bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE). El grupo de Dolset deberá devolver esos fondos y los intereses de demora acumulados desde que se concedieron hace ocho años.

Ese dinero se obtuvo para el proyecto E-Aprende, cuyo objetivo, en teoría, era “desarrollar un entorno o sistema” que permitiera “elaborar contenidos digitales multimedia e interactivos sobre un proceso colaborativo utilizable por centros educativos, por empresas y por la administración pública para el desarrollo y el aprendizaje de las competencias necesarias que permitan a estos agentes ser más competitivos y dar respuestas a los retos del mercado”, explicaba el informe de la UDEF en el que se basó la investigación penal contra Dolset.

Se desconoce si el trabajo se realizó

El mismo documento policial explica que Zed no aportó en ningún momento las memoras justificativas de ese proyecto. Justamente por eso, la secretaría de estado de Telecomunicaciones reclamó el dinero de vuelta el 15 de diciembre de 2015. ¿Las razones concretas? Las empresas del grupo, según ese organismo dependiente de Energía, incumplieron totalmente los objetivos para los que se le concedió la ayuda. Las firmas beneficiarias ni siquiera demostraron que hubieran realizado el proyecto.

No acreditaron el cumplimiento de los objetivos técnicos del proyecto con los que ganaron la subvención. Tampoco que el trabajo realizado se hubiera dirigido a conseguir las innovaciones tecnológicas que se recogían en la memoria con la que Zed se presentó a la convocatoria. Ni siquiera se demuestra que los fondos públicos obtenidos fueran destinados efectivamente al proyecto E-Aprende. “La relación entre los costes imputados al proyecto y los trabajos realmente ejecutados no es trazable o no está acreditada”, mantenía la resolución del ministerio que dirige Álvaro Nadal.

Este acuerdo que ahora bendice la Sala de lo Contencioso de la Audiencia es anterior al estallido de la causa penal contra Pérez Dolset. La querella criminal que le dio origen, presentada contra este último en ese mismo tribunal por Anticorrupción el 26 de junio de 2017, va mucho más allá que la reclamación del Gobierno. La Fiscalía considera que E-Aprende fue uno más de los proyectos ficticios redactados únicamente para obtener las subvenciones que le fueron concedidas. En total, según el Ministerio Público, el dinero recaudado por Zed mediante este fraude ascendió, entre 2010 y 2016 a 69,3 millones de euros.

Proyectos "vestidos tecnológicamente"

La operativa delictiva, según la querella, consistía en la redacción de memorias justificativas adaptadas a las bases de las convocatorias públicas de subvenciones. Para ello, las empresas de Pérez Dolset, contrataron a personas “que expresamente se encargaban de ‘vestir tecnológicamente’ los proyectos” con los que optaban a aquellas. Incluso recurrieron a universidades como las de Oviedo o Valencia para tratar de dar prestigio a sus candidaturas.

Tal y como recoge la querella de Anticorrupción, “Zed no invirtió los capitales públicos recibidos [las subvenciones y créditos blandos] en los proyectos que justificaron su concesión”. “Por el contrario dio una aplicación privada a los mismos a través de la mercantil Bitmolab, con lo que igualmente acrecentó la situación de insolvencia de la compañía al deslocalizar societariamente dichos fondos en perjuicio de los intereses económicos de Zed y, por tanto, de sus accionistas”, añade la Fiscalía. El juez investiga ahora si parte de esos fondos públicos acabaron en los bolsillos del propio Pérez Dolset y sus próximos.

Tras el éxito de E-Aprende, Zed volvió a presentar proyectos supuestamente ficticios a sucesivas convocatorias del Plan Avanza en 2011 -en sus modalidades de competitividad y contenidos digitales- y en 2012. También en otras cuatro convocatorias del Programa de Acción Estratégica de Economía y Sociedad Digital en sus ediciones de 2013 y 2014. Muchas de las personas incluidas en esos proyectos presuntamente ilícitos “carecían de la cualificación reseñada o cumplían funciones totalmente ajenas a las indicadas en las memorias”. El objetivo, en suma, no era innovar, sino quedarse con el dinero.

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