La AN avala una multa de 180.000 euros a Telefónica por las remesas al extranjero

  • Su filial de envío de fondos al extranjero transfirió fondos a Colombia de clientes inexistentes, con pasaportes simulados y firmas falsas
Locutorio
Locutorio

La Audiencia Nacional ha confirmado una multa de 180.000 euros a una filial de Telefónica por importantes deficiencias en sus medidas contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Doce agentes de Telefónica Remesas utilizaron durante al menos 11 meses identidades falsas y falsificaron firmas para realizar envíos de dinero por un valor superior a los 4 millones de euros a varios países de América Latina. La compañía, desaparecida en 2013, tenía como actividad las transferencias de fondos desde locutorios y otros locales, un recurso muy utilizado por los extranjeros residentes en España para enviar dinero a los familiares de sus países de origen.

El procedimiento, que terminó en una sanción del Ministerio de Economía, empezó con una inspección del Sepblac, el órgano de inteligencia financiera encargado de inspeccionar el cumplimiento de la normativa contra el blanqueo. Ese servicio analizó una muestra de 366 operaciones con Colombia y descubrió que en más de un tercio de ellas, existían diferencias entre la firma del documento con el que se había identificado el cliente -DNI, NIE, pasaporte- y la firma que aparecía en el boleto para el envío de los fondos, lo que, según el Sepblac, presentaba indicios de que no habían sido estampadas por la misma persona.

Todo ello, según ese organismo, pese a que el manual contra estas prácticas distribuido entre sus trabajadores y agentes de Telefónica Remesas establecía que solo debían aceptarse documentos de identificación válidos, originales y vigentes, en buen estado de conservación y que incorporaran foto y firma. En caso de que se incumpliera alguno de esos requisitos, el cliente debía ser rechazado sin que se efectuara la transferencia.

Los inspectores también se encontraron con que en el 22% de las 366 operaciones con Colombia que consultaron se habían usado plantillas de pasaporte. Pero no solo eso. En muchos casos comprobaron que los agentes de la filial de Telefónica (los dueños de los locutorios donde se prestaba el servicio) se habían inventado identidades inexistentes para enviar el dinero. El importe total transferido con pasaportes manipulados ascendió a 174.289 euros.

Agentes relacionados con el blanqueo

“El elevado nivel de inconsistencias en las firmas y la utilización de imágenes de supuestos pasaportes con indicios de manipulación suponen que los agentes han utilizado identidades ficticias para realizar los envíos y, en consecuencia, presentan indicios de estar relacionados con el blanqueo de capitales”, decía el informe de Sepblac, de mayo de 2012.

Pese a ello, hasta noviembre de 2011, una vez terminada la inspección, la empresa no analizó a los agentes que llevaron a cabo esas operaciones que, por otro lado, eran fáciles de detectar al no corresponderse con “la forma típica de operar de los trabajadores emigrantes que mandan remesas a su país de origen”. Además, la mayorías de las alertas informáticas que generaron esas operaciones aparecieron como archivadas durante la inspección y solo en dos ocasiones se dio parte al Sepblac, como obliga la ley.

Economía apreció dos infracciones graves de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo. La primera, por dejar de hacer un “examen especial” de operaciones que presenten indicios de simulación o fraude. Pero también por aceptar operaciones de clientes que tenían que haber sido rechazadas por sus riesgos, tal y como establecía el manual interno contra este tipo de prácticas.

La multa podía superar los 7 millones

Las multas podrían haber superado los siete millones de euros, pero la Audiencia Nacional justifica el reducido importe de la sanción (180.000) porque Telefónica Remesas actuó rápidamente al conocer que su actuación había sido inadecuada y puso en marcha las medidas necesarias contra el blanqueo. Esas medidas incluyeron el cierre de los locutorios en los que se producía el fraude. Los magistrados también tienen en cuenta el hecho de que la empresa ya ha desaparecido.

El volumen de transferencias gestionadas por la compañía en el año de la inspección (2011) superó los 17 millones de euros. Su principal destino además de Colombia fue Bolivia. La empresa se puso en marcha a principio de 2010 y meses después de que se conociera el informe del Sepblac, en 2013, cerró. La excusa que se dio entonces desde Telefónica, su matriz, fue que no había alcanzado un volumen suficiente que justificara su actividad. También tuvo mucho que ver su salida coincidió con el momento más álgido de la recesión.

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