Cuatro años después del gran conflicto entre Aena y la CNMC por las tarifas aeroportuarias, la Audiencia Nacional ha decidido dar la razón al organismo regulador con dos sentencias que pueden cambiar radicalmente el panorama en el mercado aéreo español. Los tribunales han rechazado y condenado a pagar las costas tanto al gestor aeroportuario controlado por el Estado como a su principal socio privado, el fondo británico The Children's Investment (TCI). Ambos presentaron en paralelo sendos recursos contra la decisión de la CNMC que rebajó en 2016 un 1,9% las tasas que pagan las aerolíneas por la utilización de los aeropuertos españoles.
El conflicto data de 2015, un ejercicio de tránsito para Aena después de su privatización parcial en febrero de aquel año y antes de la adaptación en nuestro país de los nuevos planes quinquenales que, bajo la denominación del DORA (Documento de Regulación Aeroportuaria) establecen el marco de relaciones con las compañías aéreas. El primer DORA empezó en 2017 y estará vigente hasta el año 2021 con una rebaja acumulada de tarifas del 11,1%, pero lo que ahora está en juego es el segundo DORA que determinará las tasas para el periodo 2022-2026.
El Gobierno del Partido Popular otorgó en 2015 una potestad especial a la CNMC para que fijase con carácter vinculante las tarifas de cara al siguiente ejercicio de 2016. La exministra Ana Pastor trataba así de evitar un procedimiento de infracción por parte de la Comisión Europea contra el Reino de España, pero lo cierto es que aquella decisión puede tener ahora unas consecuencias realmente imprevistas para el devenir de lo que se considera el negocio regulado de Aena que, desde entonces, ha estado regido por unas negociaciones a cara de perro con las negociaciones, quedando la CNMC en un segundo plano como mero órgano consultivo.
Las nuevas sentencias, datadas con fecha del pasado día 3 de junio, constituyen una amenaza para el status quo ahora imperante desde el momento en que tanto Aena como el fondo que dirige el célebre inversor británico Chris Hohn atacaron de raíz la capacidad del regulador para fijar las tarifas. La Audiencia ha tumbado los argumentos de los dos demandantes lo que otorga un eventual e inesperado margen de actuación a la CNMC que puede ser también reclamado por las propias compañías aéreas en su afán por disponer de unas tasas más competitivas en España. A la postre, en la actualidad la última palabra sobre las tarifas aeroportuarias la tiene el Gobierno, lo que invita a todo tipo de conjeturas dada el carácter estatal de Aena, controlada en un 51% por el Ministerio de Fomento a través de Enaire.
La decisión del regulador, que ahora ha sido ratificada por los tribunales, incidía en la incorrecta separación de las fuentes de ingresos que estaba llevando a cabo Aena para distinguir las actividades reguladas de las comerciales. La CNMC echaba por tierra el llamado modelo 'dual till' o de doble caja empelado por el gestor aeroportuario en su contabilidad. Además cuestionaba también el déficit incurrido como argumento para fijar las tarifas, señalando que Aena considera un dato prospectivo y no real. La diferencia entre unos y otros conceptos alcanzaba más de 400 millones de euros, lo que implicaba que las tasas que el gestor pretendía mantener congeladas en 2016 debían ser recortadas en un 1,9%.
Inversiones de 5.000 millones entre 2022 y 2026
El organismo regulador que preside José María Marín Quemada terminó imponiendo su criterio y elevó su planteamiento a la Ley de Presupuestos, provocando no poco revuelo dentro del propio Ministerio de Fomento. En realidad, la CNMC se mostró incluso benevolente en relación a sus informes preliminares que señalaban un 'bajonazo' de tarifas de hasta el 3,5% para 2016. Aena y TCI aceptaron la situación como un mal menor pero hicieron alarde de sus derechos legales anunciando los respectivos recursos que ahora han sido desestimados en primera instancia. Ambos demandantes tienen 30 días para recurrir en casación ante la misma Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional que ha emitido las sentencias.
Con independencia del recorrido procesal del litigio, lo verdaderamente significativo ahora es el desarrollo que puede deparar la resolución de cara a las negociaciones que, aunque sea en una fase preliminar, están manteniendo Aena y las aerolíneas de cara al segundo Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA). El presidente del gestor aeroportuario, Maurici Lucena, quiere destinar 5.000 millones para mejorar los aeropuertos españoles durante el quinquenio 2022 a 2026. Este intensivo ritmo inversor en capital debe corresponderse con una mayor capacidad de ingresos por parte de Aena, lo que implica inevitablemente un reajuste de tarifas.
La empresa pública cotizada en bolsa considera que las tarifas que se cobran en España a las aerolíneas son las más baratas de todos los grandes aeropuertos en Europa. Aena está segura de que al término del primera DORA se cumplirá con creces la bajada comprometida del 11,1% y trata de afilar el lápiz para equilibrar las tasas a las verdaderas necesidades de la empresa a lo largo de los próximos cinco años. Todo ello salvo mejor opinión de la CNMC, que ahora tiene nuevos motivos para volver a la carga y hacer valer su posición como entidad reguladora, y neutral, a la hora de fijar las tarifas aéreas en España.
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