La Audiencia Nacional ha archivado la causa abierta desde el pasado mes de julio por el juez José de la Mata por la indemnización de 16 millones de euros que recibió el exvicepresidente y consejero delegado de Caixabank Joan María Nin a su salida de la entidad en 2014. El tribunal entiende que este resarcimiento, que se incrementó en 5 millones la semana posterior a su destitución, no supuso comisión de delito alguno ni quebranto patrimonial a la entidad.
La sección tercera de la Sala de lo Penal señala en su auto que, al margen de la polémica generada por la decisión del Consejo de Administración de aumentar la indemnización en cinco millones de euros, no tiene ninguna relevancia desde el punto de vista penal, como tampoco la tiene el hecho de que Caixabank recibiera o no ayudas públicas o estas hubieran ido a parar a otras entidades que esta absorbió.
"Lo relevante hubiera sido que este aumento de indemnización lo hubiese realizado una entidad o sociedad con unas dificultades económicas serias que hubiera necesitado ayudas directas para subsistir y que finalmente hubiera tenido que ser declarada en concurso o ser absorbida. Este el el criterio que este Tribunal ha mantenido en todas las resoluciones que al respecto ha dictado", afirman los magistrados Alfonso Guevara, Antonio Díaz Delgado y Clara Bayarri.
Sin perjuicio para los accionistas
Por ello, razonan que la mejora de las condiciones de su finiquito en apenas nueve días tras su despido no supuso ningún quebranto o dificultad económica a la entidad financiera y por lo tanto no se produjo administración desleal ni dolosa (voluntaria) ni imprudente (por omisión).
El auto mantiene que De la Mata no ha practicado ninguna diligencia durante su investigación que haya puesto de relieve que la entidad haya sufrido en su patrimonio "una desestabilización tal que por ello sus accionistas hayan visto mermados ni sus dividendos, ni las expectativas sobre los mismos" y acuerda decretar el sobreseimiento provisional de la causa, no libre, que equivale a una sentencia absolutoria.
La querella, presentada por una cliente, relataba cómo Caixabank pagó a Nin 16 millones de euros “mediante un plan urdido” por este último y el expresidente Isidro Fainé “con la cooperación necesaria del consejo de administración y de otros asesores”. Apenas un mes antes de dejar el cargo, el 29 de mayo de 2014, Nin y la entidad firmaron un nuevo contrato de prestación de servicios que entró en vigor tres semanas después, el 16 de junio de ese mismo año.
Proceso de reorganización
El 30 de junio, el consejo de administración de Caixabank dio por extinguido el contrato de alta dirección de Nin. La razón oficial, según el escrito, fue supuestamente el proceso de reorganización en el que se encontraba inmerso el grupo Caixa.
Diez días después, Nin y la entidad firmaron un nuevo acuerdo de “extinción” del contrato al que dieron un efecto retroactivo al 30 de junio, fecha en la que el consejo aprobó su salida. Ese acuerdo le permitió cobrar 15.081.308 euros “debido a la activación del nuevo contrato de prestación de servicios firmado el 29 de mayo y de las cláusulas blindadas”.
El vicepresidente Antonio Massanell y el consejero Gonzalo Gortázar, según la querellante, fueron las personas delegadas para “la ejecución del plan”. Ellos organizaron el cobro en efectivo y en diferido por parte de Nin. El nombramiento de ambos se produjo el mismo día en que se acordó el cese de este último y los dos aprobaron la remuneración del anterior vicepresidente.
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