La banca acreedora de Castor intenta armar un frente común contra Nadal

  • Santander, Caixa y Bankia barajan alternativas para recuperar los 1.350 millones de deuda: demandas contra el Estado, ACS y Enagás
Plataforma del proyecto Castor.
Plataforma del proyecto Castor.
EP

Los tres bancos que compraron los 1.350 millones de deuda generados en el fracaso del almacén de gas Castor sabían desde diciembre que se enfrentaban a un problema serio. El Constitucional tumbó hace más de un mes el decreto por el que el Estado indemnizó a ACS y a sus socios canadienses y el Ministerio de Energía se ha puesto de lado. Dejará que sean los tribunales los que ajusten las cuentas y las responsabilidades de cada parte. Ahora, los tres bancos afectados por la paralización de los pagos, estudian cómo hacer un frente común frente a Nadal.

Las entidades disponen de un año para reclamar a partir de la paralización de los pagos. Con una situación curiosa: el Estado se enfrentará al Estado porque Bankia -mayoría de capital público- está obligada a demandar para recuperar el dinero adelantado. "Estamos obligados a ir a los tribunales" explican fuentes de los bancos afectados porque en caso contrario, nuestros accionistas podrían exigir responsabilidades".

Todas las opciones están abiertas, pero las fuentes bancarias consultadas admiten que la idea de una solución conjunta está en el ambiente. "No hay comentarios al respecto" señalan en el Banco Santander. "Se está mirando" apuntan en fuentes de la Caixa. "Las posibilidades son amplias" apuntan en Bankia.

El asunto es delicado. Y caro. El cierre del almacén de gas Castor en 2013 tras sucesivos terremotos frente a las costas de Castellón, acabó con una polémica indemnización a la sociedad Escal-UGS, de ACS e inversores canadienses. Enagás, el gestor del sistema gasista se hizo cargo del cierre y de la deuda. La vendió a los bancos al 4,3% de interés y a 30 años. Un buen negocio para las entidades si hubiera salido bien. Santander asumió 700 millones, Caixa 450 y Bankia 200.

Millones en el aire

Como explicó el ministro Nadal el miércoles en el Congreso, los pagos se han paralizado. la CNMC, el organismo encargado de liquidar ingresos y gastos en el sistema gasista, ha aplicado lo que dice la sentencia del Constitucional y los 90 millones anuales que se pagan por Castor quedan en el aire. No cobran los bancos y no cobra Enagás -ocho millones anuales por mantenimiento del almacén clausurado-.

Los abogados de las entidades han afinado las posibilidades de recurso ante los tribunales. La pregunta peliaguda es contra quién ir. Hay tres posibilidades abiertas, según las fuentes consultadas: demandar al Estado; demandar a los accionistas de Escal -ACS y sus socios canadienses- o la más complicada, aunque posible, de demandar a la empresa que titulizó la deuda, Enagás. Hay además, combinaciones de las tres fórmulas. 

Los tres bancos y Enagás tienen muy presentes las declaraciones de Nadal en el Congreso, cuando Nadal se limitó a resumir la historia del fallido almacén de gas y a augurar “una fuerte litigiosidad entre privados”. Unas declaraciones que en los círculos de los afectados se califican de "kafkianas" y que sólo se pueden explicar por la falta de apoyos del Gobierno para resolver el problema mediante una norma consensuada con la oposición.

Sin soluciones concretas

A este respecto, fuentes de Energía niegan de forma rotunda que se hayan negociado soluciones concretas con el principal partido de la oposición, el PSOE. Los socialistas han rechazado el paquete de enmiendas que el Gobierno pretende introducir en la Ley contra la sequía en el Senado y que reducen la retribución a las redes de gas y a la distribución eléctrica.

El PSOE exigen una reforma integral del mercado energético y piden al Ejecutivo que los cambios se tramiten en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que el Ejecutivo se comprometió a presentar en el primer trimestre de este año.

Mostrar comentarios