La batalla legal entre Orcel y Santander se retomará el próximo 17 de junio

La vista oral en la que se enfrenta Andrea Orcel contra Banco Santander por su fichaje frustrado hace ya casi dos años y medio se retomará en menos de un mes. Las declaraciones testificales pendientes tendrán lugar el próximo 17 de junio, a partir de las 10.00 horas, en el Juzgado de Primera instancia número 46 de Plaza de Castilla en Madrid. El juez Javier Sánchez Beltrán decidió suspender el acto después de que la defensa del italiano confirmara que no había renunciado al testimonio del presidente de UBS, Axel Weber, y del jefe de recompensas del banco suizo, Mark Shelton, quienes finalmente declararán por videoconferencia. 

Todo el protagonismo en el inicio del proceso lo acaparó Ana Botín, quien fue interrogada en calidad de representante de la parte demandada. La primera ejecutiva de Santander centró su declaración en la idea de que el contrato nunca se hizo efectivo y que, además, el banquero no cumplió con su deber de negociar todo lo posible con UBS para rebajar el coste de su fichaje. Lo que se analiza en el juicio, y que es la base de la demanda, es si hubo contrato o si se trataba de una carta-oferta. Botín fue clara: el contrato nunca fue efectivo. Al contrario, Orcel está dispuesto a demostrar que sí, y que, además, la marcha atrás le causó daños morales. 

Orcel decidió iniciar una demanda ante los juzgados después de que Santander decidiera no seguir adelante con su nombramiento como consejero delegado. Inicialmente pedía 112 millones de euros como compensación económica, fundamentalmente por los posibles daños reputaciones y a su carrera que esta decisión le pudiera acarrear en su vida laboral. El problema es que la situación de Orcel ha cambiado y su defensa ha ido perdiendo consistencia. Uno de sus principales argumentos era que había dejado su trabajo en UBS y que debía ir al paro, pero hace apenas un mes ha sido nombrado consejero delegado del banco italiano Unicredit, uno de los mayores grupos financieros de Europa. Su argumentario principal descalifica la propia demanda y él lo entiende, pero su intención es continuar con la 'guerra judicial'.

Ante estas nuevas circunstancias, Orcel ha rebajado las cifras de los conceptos por los que pide una indemnización, aunque siguen siendo elevadas y la entidad no está dispuesta a asumirlos. En este tipo de pleitos es habitual reclamar por elementos aún siendo consciente de que se denegarán, como es en este caso los 10 millones de euros que mantiene por daños morales y que hasta el propio magistrado calificó de "incoherencia". Adicionalmente, el banquero italiano exige 17 millones de euros por el bonus de incorporación, otros 10 millones de euros por dos anualidades de retribución fija y entre 19 y 29 millones de euros de buy-out. De este modo, la indemnización que requiere oscilaría en una horquilla de entre 66 millones y 56 millones de euros, según si se tiene en cuenta la parte baja o alta de la retribución diferida.

Bernardini y Renovales testificarán 'in situ'

Además de los dos banqueros de inversión de UBS, antes de las conclusiones finales de las defensas declararán también el próximo 17 de junio el que fuera jefe de recursos humanos de la entidad cántabra en ese momento, Roberto di Bernardini y el secretario general y del consejo, Jaime Pérez Renovales. La testifical de éste último fue objeto de discusión en los primeros compases de la sesión de la semana pasada debido a que el abogado de Orcel se oponía a la misma porque es apoderado de la entidad. "Al ser representante de la demandada, no debe actuar como testigo aunque fuera integrante del hecho que se enjuicia", dijo el letrado del demandante. El juez Sánchez Beltrán, con el fin de no causar indefensión, decidió tener en cuenta su testimonio. "Me parece razonable, sopesándolo mucho, se tendrá como testigo aunque sometido sin duda al perjuicio de la posible parcialidad", sentenció el magistrado.