Miércoles, 16.10.2019 - 22:34 h
El organismo regulador trabaja a destajo

La batalla interna en la CNMC condiciona la sanción contra Mediaset y Atresmedia

Marín Quemada quiere resolver en julio un expediente que compete también a la sala de regulación dirigida por la vicepresidenta María Fernández

José María Marín Quemada, presidente de la CNMC.
 Marín Quemada quiere cerrar el expediente contra las teles antes de que acabe julio. / L.I.

La batalla de la CNMC contra el denominado ‘duopolio televisivo’ de Atresmedia y Mediaset ha recrudecido la ‘guerra fría’ que mantienen los dos máximos responsables del organismo regulador, como son su presidente José María Marín Quemada y la vicepresidenta María Fernández. Mientras el primero se muestra partidario de acordar una sanción realmente ejemplificadora que ponga término al modelo de negocio de las dos grandes plataformas, la segunda no tiene tan claro que el expediente deba cerrarse con una resolución de carácter maximalista y quiere abrir un debate intenso a nivel plenario en el consejo de administración de la entidad que garantice una posición unánime antes de cerrar el procedimiento.

La tensión es máxima dadas las comprometidas circunstancias en las que se encuentra ahora la CNMC, a dos meses vista de la renovación definitiva de sus altos cargos que supondrá la salida precisamente de José María Marín Quemada y también de María Fernández. Ambos ejecutivos han mantenido un pulso abierto que se hizo público y notorio casi desde su incorporación al organismo hace seis años. El cambio de Gobierno tras la moción de censura de junio de 2018 sofocó en parte el conflicto, pero las tiranteces se han mantenido de una manera soterrada, más bien de puertas adentro, y han cristalizado otra vez con motivo de un expediente que puede ser decisivo en el historial de la CNMC.

La investigación sobre las supuestas prácticas anticompetitivas de Atresmedia y Mediaset en el mercado publicitario de la televisión en España tienen un componente claramente regulatorio ya que ponen en solfa todo el modelo de gestión llevado a cabo por las dos grandes operadoras privadas en España. Se trata, en definitiva, de un asunto que hace bueno el proceso de integración llevado a cabo por la CNMC como entidad que aglutina a la antigua autoridad de la competencia con las diferentes comisiones supervisoras de la actividad económica que existían antes de 2013. Sin embargo, y por la misma razón, la responsabilidad directa sobre el expediente no está muy clara dentro del organismo único y de ahí otra vez la lucha interna por liderar el trabajo de los servicios internos que vienen trabajando desde hace año y medio en el expediente.

Marín Quemada desde su puesto de máximo responsable de la sala de Competencia y María Fernández como presidenta de la sala de Regulación necesitan llegar esta vez a un acuerdo de compromiso que sirva para zanjar sus seculares diferencias y traslade a los agentes económicos una imagen de unidad dentro de la CNMC. El pacto implicará un importante descuento sobre el máximo de la multa que, en un principio, estaba estimada en torno a los 100 millones de euros para cada una de las dos operadoras en liza. En medios de las propias empresas se estima que la sanción definitiva podría rondar del orden de 50 millones de euros, una multa equivalente al 5% de la facturación que ronda los 1.000 millones tanto en el caso de Atresmedia como en el de Mediaset.

Al margen del castigo económico que, evidentemente, tiene connotaciones históricas en las relaciones del regulador con las dos grandes cadenas privadas de televisión, el efecto más pernicioso para las operadoras reside en la obligación de poner coto a las supuestas infracciones de la competencia, lo que supondría la prohibición de la venta conjunta y paquetizada de los diversos canales que controlan ambas plataformas. La CNMC pretende que Atresmedia y Mediaset tampoco puedan establecer cuotas mínimas de contratación a los anunciantes ni sustenten su negocio con las agencias a través de primas extras. En definitiva, una catarsis del modelo de gestión tradicional que ha descremado el mercado en detrimento de los operadores más pequeños pero que, a la postre, puede producir un alza significativa en los precios de la publicidad en España.

​Objetivo, final de julio

Las dos plataformas objeto del expediente han puesto en marcha una táctica dilatoria con el fin de retrasar la resolución del procedimiento más allá de la fecha límite del 10 de septiembre, cuando vence el mandato de Marín Quemada como presidente. Tanto Atresmedia como Mediaset achacan todos sus males al especial celo sancionador del presidente de la CNMC y confían en que las discusiones dentro del organismo regulador debiliten la posición del que está considerado como el principal y más implacable 'halcón' de la competencia en España. La batalla de poder con María Fernández constituye la principal esperanza de las televisiones aunque no es menos cierto que la vicepresidenta ha mantenido también en los últimos años una política beligerante en otras actuaciones de regulación y supervisión de la cadenas de televisión.

De momento, el expediente de la discordia, que fue incoado en febrero de 2018, se encuentra en la última fase de instrucción a manos de los servicios técnicos de la CNMC. El objetivo es que el documento base sea sometido a deliberación del consejo de administración en un plazo de dos semanas con objeto de ganar tiempo suficiente para cumplir el requisito previo de comunicación a las entidades expedientadas como paso previo para su difusión pública. Con el comienzo de julio se inicia, pues, la cuenta atrás de uno de los 'affaires' más trascendentales en la corta pero dilatada historia de la CNMC. Habrá que esperar hasta finales de mes para saber quien gana la batalla de influencias.

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