Es una batalla que acumula años de idas y venidas en los tribunales. Será el Tribunal Supremo quien, finalmente, dirima la denuncia de posición dominante que British Telecom presentó contra Telefónica, Vodafone y Orange. ¿La razón? La operadora británica defiende que abusaron de su situación en el mercado para empresas en España estrechando los márgenes de los operadores móviles virtuales (OMV).
El Alto Tribunal admite el recurso en un auto emitido el pasado mes de enero y al que ha tenido acceso Lainformacion.com. Lo hace tras la sentencia desestimatoria de la Audiencia Nacional emitida en mayo de 2017. Busca esclarecer si los tests o informes económicos utilizados para acreditar las situaciones de abuso de posición de dominio individual sirven para los que implican a varios operadores.
Un proceso que arranca en 2011
Todo arranca en diciembre de 2011. British Telecom presentó a la ya extinta Comisión Nacional de la Competencia (CNC) una denuncia contra Telefónica y Vodafone por abuso de posición dominante en el periodo entre los años 2007 y 2010. La Comisión llevó a cabo una primera aproximación que concluyó en un expediente sancionador en enero de 2012 contra ambas y Orange. El organismo aseguraba que se iniciaba el proceso por “posibles prácticas restrictivas de la competencia”.
"Se desprenden indicios racionales de que los operadores señalados habrían incurrido en un abuso de su posición de dominio individual o colectiva en distintos mercados del sector de la telefonía móvil, mediante una conducta consistente en el estrechamiento de márgenes de los operadores móviles virtuales", apuntaba.
¿Cómo se dio ese abuso de poder? Entendía que es estrechamiento de márgenes se produjo al fijar precios de los servicios mayoristas de comienzo y terminación de llamadas de ámbito nacional en sus redes de telefonía móviles y los precios de los servicios minoristas de llamadas móviles.
Tras dos años, la ya reorganizada Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) concluyó que, pese a todo, no quedaba acreditada la infracción de la ley de competencia. “No existe evidencia suficientemente robusta para concluir que el estrechamiento de márgenes haya tenido efectos excluyentes”, apuntó.
La batalla, a los tribunales
Tras ese pronunciamiento, British Telecom impugnó la decisión de la comisión ante la Audiencia Nacional que en una sentencia que se emitió a mediados del año pasado dictaminó que estaba “ajustado a derecho”. La Sala de lo Contencioso, según recuerda el Supremo en su auto, concluía que “se hace necesaria una prueba bastante robusta tanto del estrechamiento como de sus efectos, ciertos o potenciales, en el mercado, para advertir la infracción”.
La Audiencia Nacional explicó en su sentencia que no existía una jurisprudencia sobre la acreditación de ese estrechamiento de márgenes en una situación de posición dominante colectiva, como es este caso. Y es justo este punto el que analizará el Tribunal Supremo en su sentencia.
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