La batalla en la Agencia de Protección de Datos pone en alerta a Calviño y al Ibex

Lo que en principio iba a ser un proceso de perfil bajo va camino de trascender a esferas imprevistas que tocan a la CEOE, empresas del Ibex, a la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, y hasta a Bruselas. No hace ni tres semanas que se puso en marcha el concurso para renovar la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y ya acumula varios frentes. El primero, a nivel político, donde el acuerdo entre el PSOE y el PP para proponer al presidente y su adjunto se ha encontrado con el reparo de Ciudadanos y Podemos por la discrecionalidad del concurso. Después, entre los propios candidatos, ya que muchos decidieron presentar sus candidaturas a raíz de que los nombres propuestos se dieran a conocer antes de lanzarse la convocatoria. De hecho, amenazan con plantear un recurso conjunto ante el Tribunal Supremo.

Fuera del ámbito de la institución, el asunto ha llegado a Bruselas, donde el Supervisor Europeo de Protección de Datos, Wojciech Wiewiórowski, ha dejado caer la posibilidad de una intervención de la Unión Europea en el caso de que la posición de la AEPD resulte dañada por dudas sobre la independencia del proceso. Preocupación que llega hasta el entorno del Ibex y, más concretamente, de los principales delegados de protección de datos (DPO, por sus siglas en inglés), que siguen con suma atención la evolución de un proceso que puede ser determinante para el desarrollo de la economía digital. Esto es así porque la AEPD es el supervisor con mayor potestad sancionadora en España y ejerce su actividad de control en el punto más controvertido de la regulación en materia de protección de datos, en muchos casos con sanciones desproporcionadas a la gravedad de los hechos.

Aunque los DPO son considerados figuras que actúan de forma independiente y no reciben instrucciones, de facto casi todos se integran en la asesoría jurídica. Al menos así es como operan en las estructuras de las grandes compañías, por lo que es habitual que en su día a día despachen con los miembros de los equipos legales, que son a su vez los encargados de velar por el cumplimiento de todas las normativas.

Los DPO de las grandes empresas reconocen en privado preocupación por la marcha del proceso

Fuentes empresariales consultadas por La Información reconocen que los DPO de tecnológicas, bancos y telecos -compañías que suelen estar permanentemente bajo el foco de la institución- han elevado a los responsables jurídicos de las organizaciones para las que trabajan su inquietud por la forma en que se está gestando la renovación al frente de una institución con una autoridad pujante.

A este respecto, puesto que el régimen sancionador de la AEPD es cada vez más activo y desempeña un papel determinante en plena ola de la digitalización, consideran que la elección de su dirección debe atender exclusivamente a méritos y capacidades, ajena a cualquier interferencia política. Un DPO admite en privado que el revuelo organizado y las acusaciones de "irregularidades" son motivo de intranquilidad.

Al fin y al cabo, nadie mejor que las grandes supervisadas conocen la influencia que ejerce el organismo de control con sus resoluciones. Sirva como ejemplo los más de 25 millones de euros en multas que ha impuesto desde finales de 2020 por incumplir el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).  A la cabeza se sitúan los bancos, que han recibido un buen puñado de sanciones por imprecisiones en su política de privacidad, como demuestran los 7 millones con los que fue multada CaixaBank durante 2021.

Dentro del plan empresarial, la batalla por la AEPD también ha entrado en la agenda de la CEOE y de organizaciones sectoriales como Ametic (Asociación Multisectorial de Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Electrónica) o DigitalES, Asociación Española para la Digitalización. De hecho, en el caso de estas últimas el asunto está siendo estudiado por sus gabinetes jurídicos a petición de algunos de sus asociados. Toda una suma de malestares y nerviosismo que ha llegado a oídos del Ministerio de Economía, que incluso habría preguntado al respecto a Justicia, del que depende la convocatoria del procedimiento y la propuesta de candidatos.

Por el momento, el único movimiento contra el proceso ha sido el impulsado por la Fundación Hay Derecho, que presentó un recurso por posibles irregularidades entre la Orden Ministerial y lo que exigen tanto la Ley Orgánica de Protección de Datos como los estatutos de la propia agencia. Acción que tiene poco recorrido, ya que no concurre al proceso.