Caixabank y Mutua Madrileña mueven su aseguradora de no vida a Madrid

El grupo La Caixa y Mutua Madrileña mueven la sede social de su aseguradora de no vida fuera de Cataluña para barrer dudas de clientes. SegurCaixa Adeslas trasladará su domicilio a la Torre de Cristal de Madrid, donde la compañía ubica desde hace años las oficinas principales de la empres y la mayor parte de las áreas de gestión.

La sociedad, líder en el segmento de seguros de salud, se integra desde el año 2011 en el Grupo que preside Ignacio Garralda, por contar con su mayoría accionarial. Presidida por Javier Mira, cuenta con una cuota superior al 28% en el mercado del ramo de Salud y una facturación global de 3.289 millones, representantiva del 10% del negocio asegurador en pólizas de no vida.

Caixabank opera el ramo de vida y planes de pensiones con VidaCaixa, aseguradora de la que es el único propietario, mientras que su socio Mutua Madrileña lo desarrolla igualmente de forma directa este tipo de actividad con su gestora.

SegurCaixa Adeslas es la primera aseguradora que traslada la sede social, después de que lo aprobase su consejo de administración el pasado viernes. Sin embargo Catalana Occidente reconoció que lo barajaba la pasada semana, y Zurich y Allianz que adoptarían las medidas necesarias en interés de sus accionistas, clientes, empleados y mediadores.

En las aseguradoras no se da la situación de la banca, donde una ruptura de Cataluña con la zona euro exponía el Fondo de Garantía o el vínculo con el Banco Central Europeo (BCE), de ahí que Sabadell, Caixabank o Banco Mediolanum hayan movido la sede social para evitar riesgo alguno y proteger los ahorros de sus clientes.

El riesgo se deriva más por una contaminación de la marca o confusión de la clientela, que el movimiento de sede busca disolver, así como lanzar el mensaje claro de apuesta por el marco de seguridad jurídica que ofrece el estado de derecho y el marco constitucional.

Si se declara la independencia de manera unilateral, las empresas pueden tropezarse con el riesgo de dos legitimidades -la que quiera ejercer el Govern y la que mantendrá vigente el Gobierno central, si no se reconoce su legalidad-.