La Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) mantiene una ‘guerra fría’ con el sector eléctrico que se ha generado en una crisis de confianza permanente a lo largo de los últimos meses. El regulador considera que las tres grandes compañías, Endesa, Iberdrola y Naturgy, están haciendo caso omiso a las advertencias que vienen recibiendo para que definan con transparencia y equidad su política comercial en el mercado doméstico. A la vista de la situación, la CNMC va a lanzar una ofensiva en forma de multas a discreción para castigar y torpedear todas aquellas actuaciones que están generando un sobrecoste del recibo de la luz para los consumidores particulares.
Endesa ha sido la primera en sufrir el ‘latigazo’ de la CNMC en esta nueva cruzada contra los trucos permanentes de la factura eléctrica. La filial española de Enel recibió hace dos semanas la ‘receta’ del regulador con 30.000 euros de multa por incumplir los requisitos de contratación con sus clientes. La sanción respondía a una denuncia efectuada por un único particular que solicitó el cambio de domicilio de su factura en las mismas condiciones que tenía, establecidas en un contrato de mercado regulado con Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) y descuento del bono social. Por el contrario, Endesa Energía le dio de alta en el mercado libre.
La práctica de sacar al consumidor del mercado regulado ha sido común desde que se implantó el nuevo sistema tarifario en el sector eléctrico va a hacer ahora cuatro años. El anterior ministro de Energía, Álvaro Nadal, no tuvo reparos en significar hace dos años en el Congreso de los Diputados el interés que ya tenían entonces las eléctricas por atraer a los clientes al mercado libre, donde la factura suele ser bastante más elevada en términos absolutos. El problema para las grandes compañías reside ahora en que la CNMC considera irregular este tipo de maniobras si no son previamente consentidas por el propio cliente, lo que puede producir una avalancha de sanciones en los próximos meses.
La imposición de una multa de 30.000 euros podría resultar irrisoria a simple vista para una empresa de casi 1.500 millones de beneficios anuales, como es Endesa. Sin embargo, la sanción abre un peligroso precedente por cuanto que incide en una sola irregularidad con un único cliente. No se olvide que el mercado eléctrico está compuesto por 29 millones de puntos de suministro, de los que un 60% figuran en el mercado libre. Dicho de otro modo, casi 18 millones de clientes están fuera del llamado PVPC y ni ellos mismos lo saben porque, de acuerdo con las estadísticas de la propia CNMC, siete de cada diez hogares en España desconocen el precio y las características de sus contratos.
Gran parte de estos consumidores podrían ahora concienciarse de la vía contenciosa que se abre a partir de la actuación del regulador y emprender reclamaciones a mansalva contra sus suministradores energéticos en busca de compensaciones económica. La posibilidad de que las grandes compañías generadoras se vean abocadas a padecer un calvario judicial al estilo del que están sufriendo los bancos en España adquiere carta de naturaleza a poco que la CNMC siga ejerciendo su papel de supervisor del mercado con todas las consecuencias.
La entidad que preside José María Marín Quemada no termina de entender la contumacia del sector para mantener una política comercial que está claramente superada por los acontecimientos. Incide en esta anacrónica situación la enorme confusión en las relaciones mercantiles dentro del mercado minorista de electricidad que, a juicio de la CNMC, dificulta a los consumidores el pleno de ejercicio de sus derechos ante las empresas eléctricas. El regulador considera que las prácticas abusivas han ido demasiado lejos y ha exigido cambios estrictos que identifiquen claramente la imagen de marca entre las empresas distribuidoras y las comercializadoras de energía.
Cambios de denominación social
El pasado mes de septiembre, la CNMC aprobó una Decisión Jurídicamente Vinculante en la que otorgaba un plazo de seis meses para que las grandes compañías del sector, las que cuentan con más de 100.000 clientes, modifiquen su denominación social para diferenciar las sociedades del mismo grupo que realizan actividades de comercialización. La medida exige incluso cambios del logotipo de manera que distinga de forma clara y meridiana las empresas que trabajan en el mercado libre, las que lo hacen en mercado regulado y las distribuidoras. Las señas de identidad tendrán que ser diferentes tanto en palabras, como letras, cifras, figuras, signos, dibujos o símbolos.
Los requerimientos de la CNMC se extienden igualmente a la información que se remite a los consumidores por los distintos canales de comunicación, desde llamadas telefónicas a contactos presenciales, pasando por los datos de las páginas web o la correspondencia escrita. El regulador había previsto un plazo de tres meses para que las empresas afectadas aportasen las actuaciones que estaban dispuesta a llevar a cabo a fin de valorar si se ajustaban a los requisitos planteados. Se ve que el primer examen ha dado resultado negativo o, por lo menos, eso se deduce a tenor de la ofensiva sancionadora que la CNMC ha puesto en marcha para meter en vereda al sector eléctrico.
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