El departamento jurídico de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha elaborado un informe sobre la intromisión del Ministerio de Energía -y antes el de Industria- en sus competencias. El informe recoge dos años de advertencias de Bruselas contra España y será presentado en el pleno del consejo que se celebrará el miércoles. El orden del día de la reunión prevé debatir la presentación de un recurso en el Supremo contra el último decreto del Gobierno que recorta aún más las funciones de la CNMC en el sector de la energía y en el de las telecomunicaciones.
Fuentes del organismo confirman que el pleno abordará el enfrentamiento abierto con el ministerio que dirige Álvaro Nadal. Lo hará en un momento especialmente tenso porque el Gobierno amenaza con arrebatar a la Comisión más competencias y buena parte de su personal.
Lo lógico, apuntan miembros del consejo, es que el pleno siga la línea de acción trazada desde hace más de dos años por la Comisión Europea. Dicha línea cuestiona al Gobierno de España por asumir competencias que en la mayoría de los países están reservadas a organismos independientes.
Recurso al Supremo
Por ello, la estrategia de la CNMC, con su presidente José María Marín a la cabeza, consiste en plantear un recurso ante el Tribunal Supremo que pueda, a su vez, impulsar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE para determinar si España elude aplicar el derecho comunitario en esta cuestión.
En opinión de la UE, España ha transpuesto incorrectamente disposiciones sobre la independencia de la autoridad nacional de reglamentación. Por esa razón, en febrero de 2015 envió una carta de emplazamiento. El Gobierno español dio la callada por respuesta y en septiembre de 2016, Bruselas dio un paso más y envió al Ejecutivo un dictamen motivado, paso previo para medidas más serias, que podrían acabar en denuncias y multas.
Pese a la presión, el ministerio de Energía -igual que hizo antes el de Industria bajo la dirección de José Manuel Soria- se resiste a ceder una palanca de influencia de primer orden como es fijar los precios que pagan millones de consumidores de electricidad.
El argumento técnico para incumplir las directrices de la UE es que España es una isla energética, con insuficientes niveles de interconexión, lo que justifica no actuar como en el resto de los mercados europeos. Ya lo dijo en su momento el anterior responsable de energía, el exministro Soria: al Gobierno le compete fijar las tarifas y al regulador (la CNMC) establecer el método de cálculo.
Sin interconexiones
El Gobierno tiene razón en lo que se refiere a la escasez de interconexiones, algo que tiene gran impacto en los precios finales de la energía. Pero no está claro cómo favorece a los consumidores finales dejar en manos del poder ejecutivo los precios de la luz.
Mientras se mantienen las peleas entre el regulador y el Gobierno, hay un hecho cierto: el consumidor español paga una de las electricidades más caras de Europa y la diplomacia no ha sido capaz de ampliar las conexiones fundamentales que unan la península ibérica con los grandes mercados energéticos del continente.
El sistema eléctrico español está interconectado con el sistema portugués, con el del norte de África y muy poco con Francia. En conjunto la interconexión de España (la capacidad de importar electricidad respecto a la potencia instalada) no llega al 5%.
Es un porcentaje muy escaso. La UE recomendó en el 2002 que todos los estados miembros deberían alcanzar en 2020 un mínimo de un 10 % de ratio de interconexión.
En Red Eléctrica explican que en 2020, incluso con todas las interconexiones previstas, España será el único país de Europa continental por debajo del objetivo del 10%, por lo que será necesario seguir desarrollando nuevas interconexiones.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios