Jueves, 14.11.2019 - 02:59 h
Decreto de Cambio Climático 

Ribera maniobra para controlar el recibo de la luz hasta el final de la legislatura

El Gobierno otorgará más funciones a la CNMC pero no las hará efectivas hasta enero de 2020 a fin fin de blindar la tarifa eléctrica en 2020 

Teresa Ribera preside un acto sobre medio ambiente en el marco del 40 aniversari
Teresa Ribera llevará este viernes al Consejo de Ministros el decreto de Cambio Climático con nuevos pero relativos poderes para la  CNMC. / EP

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, trabaja contra reloj para aprobar este viernes el decreto exigido por la Comisión Europea para dotar de nuevos poderes a la CNMC en materia energética. El planteamiento ministerial consiste en liquidar el contencioso abierto con el principal organismo de supervisión económica mediante la adopción de un mecanismo de cooperación bilateral que asegure un reparto de funciones respetando en todo caso el marco comunitario. A partir de este principio básico de actuación, la CNMC tendrá la potestad de aprobar los peajes eléctricos, que  constituyen cerca del 40% del precio de la luz. Pero eso sí, deberá hacerlo dentro del esquema general de la política energética que fije el propio Ministerio de Transición Ecológica.

La normativa que será estudiada mañana por el máximo órgano colegiado del Gobierno tiene además un pequeño 'truco' y es que el Gobierno se reserva hasta dentro de un año el traspaso efectivo de los nuevos poderes que serán otorgados a la CNMC. Al menos así lo dispone la disposición transitoria séptima del Real-Decreto Ley de Medidas Urgentes que este miércoles fue presentado a la Comisión de Subsecretarios. De esta forma, será el Ministerio de Transición Ecológica el encargado de elaborar los valores de los peajes de acceso de cara al año 2020, por lo que el Gobierno se asegura el control de una parte básica de la tarifa eléctrica en un momento clave como es el final de la legislatura que Pedro Sánchez quiere agotar a toda costa.

El planteamiento que maneja Teresa Ribera tiene por finalidad evitar que la Comisión Europea denuncie a España ante el Tribunal de Luxemburgo en un conflicto del que ha sido advertida formalmente por el comisario europeo de Acción por el Clima y la Energía, el español Miguel Arias Cañete. En principio, la fecha límite para cumplir con los requerimientos de Bruselas venció a finales del pasado año pero las autoridades comunitarias han decidido otorgar un mes de prórroga, hasta el 31 de enero, ante las dificultades que ha encontrado estas últimas semanas la ministra para hacer valer sus propuestas dentro del Gobierno.

​Teresa Ribera restituirá a la CNMC la competencia de fijar los peajes eléctricos que estos últimos años han sido congelados por los distintos responsables políticos del mercado energético con el fin de evitar mayores disgustos con el recibo de la luz. A partir de 2020 será el regulador el organismo encargado de adoptar la decisión de subir o no esta parte esencial de la tarifa eléctrico pero el Ministerio para la Transición Ecológica se reservará siempre la posibilidad de discrepar con la CNMC.

Comisión Mixta de Conciliación

A tal efecto, el futuro decreto crea la llamada Comisión de Cooperación como mecanismo de conciliación previa y que tendrá por objeto alcanzar una solución consensuada en el supuesto de que el  Ministerio para la Transición Ecológica emita un informe denunciando que la propuesta de la CNMC no se ajusta a las orientaciones de política energética previamente adoptadas. Las conclusiones del mencionado comité mixto se formalizarán en un acta en la que deberán justificarse las posiciones de ambas partes.

La comisión de conciliación estará formada por seis vocales de los que tres serán representantes de la CNMC y otras tres de la Secretaría de Estado de Energía. Los cargos de las personas que desempeñen la presidencia y la secretaría de la Comisión de Cooperación corresponderán a ambas partes de forma alternativa y rotatoria, con una periodicidad de un año. Esta entidad de arbitraje entre el Gobierno y el regulador deberá atender el principio de presencia equilibrada entre mujeres y hombres, salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas.

La batalla de poder con la CNMC alcanzó su punto álgido en la etapa de Álvaro Nadal como ministro de Energía pero la llegada del PSOE al Gobierno representó un aparente cambio radical de actitud hasta el punto de que Teresa Ribera no ha tenido inconveniente estos días atrás en reconocer públicamente que las citadas competencias en el mercado eléctrico serían transferidas a la CNMC. Lo que no ha dicho la ministra es que el regulador tendrá que atenerse a las directrices oficiales del Gobierno, por lo que el margen de maniobra del 'Supervisor mayor del Reino' será siempre relativo.

El modelo francés como referencia

El reparto mencionado de competencias ha sido previamente consensuado con la propia Comisión Europea. Las autoridades de Bruselas quieren que España siga la senda emprendida por Francia, cuyo modelo se fundamente precisamente en una distribución equivalente de funciones. La diferencia con España es que en el país vecino las  divergencias entre el Gobierno y el regulador son resueltas por el Conseil d'Êtat, una institución pública fundada por Napoleón en 1799, que es dirigido en la actualidad por Bruno Lasserre, quien antes de llegar al cargo era el presidente de la Autorité de la concurrence, la homóloga francesa de la CNMC.

Las divergencias en Francia se resuelven además en un plazo de quince días con el fin de dotar de agilidad a los procedimientos normativos.  El decreto que ultima Transición Ecológica evitará, a buen seguro, un procedimiento de infracción contra el Reino de España por parte de la Comisión Europeo. Lo que no está tan claro es que sirva para garantizar a la CNMC la restitución de los poderes y la plena independencia en una proporción equivalente a la que disfrutan en otros países los organismos reguladores encargados de velar por el buen funcionamiento de los mercados y la competencia.

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