La Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) quiere dar una vuelta de tuerca para que el Gobierno consagre legalmente el principio que impide contratar con el Estado a las compañías sancionadas por el organismo regulador como consecuencia de su participación en cárteles empresariales. La reivindicación puede hacerse efectiva con motivo de la reforma de la Ley de Defensa de la Competencia que ahora prepara el Ministerio de Economía.
El departamento que dirige Nadia Calviño abrió en julio una consulta pública, cuyo periodo de alegaciones terminó precisamente este pasado domingo, de cara a la trasposición en España de la llamada directiva European Competititon Network (ECN+) aprobada en diciembre del pasado año. Dicha normativa tiene por objeto dotar de nuevos medios a las autoridades nacionales de competencia para que puedan aplicar más eficazmente las normas destinadas a garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior.
La entidad que preside José María Marín Quemada no ha dejado pasar la oportunidad y ha respondido activamente, como no podía ser de otra manera, a la consulta del Ministerio de Economía con el fin de reforzar sus poderes y reafirmar su capacidad punitiva. La CNMC pretende que sus alegaciones se conviertan en cuerpo de doctrina para una modificación de la Ley de Defensa de la Competencia que reafirme algunos de los aspectos contenidos en el texto vigente desde el año 2007 pero cuya eficacia funcional ha sido mínima dado el complejo proceso de adaptación que ha experiementado la CNMC desde su creación en 2013.
En este su primer ciclo inicial de seis años, el llamado ‘Supervisor mayor del Reino’ ha impulsado una incipiente revolución regulatoria para estimular la competencia en los principales sectores de actividad económica, luchando contra los atavismos del pasado y contra los múltiples intereses creados por parte de los más poderosos agentes productivos. Esta ofensiva se ha manifestado de forma especial en una cruzada contra los cárteles empresariales que, según la CNMC, disponen en España de uno de sus más confortables paraísos.
Los padres de la sagrada competencia han desmontado un total de 35 cárteles desde el año 2014 con la imposición de sanciones cada vez más duras. Aparte de las multas de casi 1.000 millones de euros declaradas a largo de estos años, el organismo regulador ha adoptado medidas claramente orientadas a disuadir las prácticas secretas de fijación de precios que, con mayor o menor profusión, suelen ser el denominador común de estos acuerdos ilícitos entre empresas de un mismo sector.
Las penalizaciones de la CNMC han ido evolucionando con el tiempo, incluyendo aspectos tan relevantes como la identificación personal de los directivos responsables de las actuaciones contra la competencia. Más recientemente, el regulador ha solicitado a la Administración Pública que las empresas ‘cazadas’ en un cártel sean inhabilitadas para contratar con el Estado. Esta última disposición supone un verdadero ‘golpe en la mesa’ aunque, de momento, el Gobierno ha hecho oídos sordos al requerimiento de la CNMC.
Prácticas reiteradas y empresas reincidentes
El veto a la contratación pública para las empresas que participen en cárteles fue formulado por vez primera en marzo pasado con motivo de un expediente que todavía escuece en el mercado de construcción e infraestructuras. Las sanciones se extendieron a un total de 15 renombradas compañías, involucradas en acuerdos para repartirse concursos públicos de Adif destinados a la electrificación de la red ferroviaria. Entre los afectados aparecían marcas pertenecientes a los grandes grupos del Ibex, como ACS, Sacyr o Indra, aparte de conocidas multinacionales como Siemens y Alstom.
Curiosamente algunas de estas entidades, en especial los principales grupos de construcción y servicios, han vuelto a figurar más recientemente en la lista de otro segundo expediente que acaba de abrir la CNMC en julio pasado. En este caso se trata de investigar supuestas prácticas restrictivas de la competencia en el reparto de licitaciones del Ministerio de Fomento para la conservación y explotación de la Red de Carreteras del Estado. En definitiva, más de lo mismo, lo que se traduce en un eventual y nuevo cártel estructurado una vez más en torno a programas de contratación pública.
La reiteración de estas prácticas colusorias contra la competencia por parte de las mismas empresas y el hecho, más grave si cabe, de que se sucedan en relaciones mercantiles con el Estado han inflamado la sensibilidad de la CNMC. De ahí la importancia que pueda tener la adaptación de la nueva directiva comunitaria ECN+ para conferir una mayoría de edad al organismo de regulación de los mercados de modo que pueda actuar también como la máxima autoridad de la competencia que se supone que es. Todo ello salvo mejor opinión del Ministerio de Economía.
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