La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) prosigue su investigación a la banca para determinar si su conducta a la hora de conceder créditos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha supuesto actos desleales. Esta vez, ha incoado un expediente sancionador contra Banco Sabadell, Banco Santander, Caixabank, y Bankia por posibles prácticas restrictivas de la competencia en la comercialización de estas líneas de avales, puestas en marcha para facilitar el mantenimiento del empleo y paliar los efectos económicos de la crisis sanitaria.
El organismo que preside Cani Fernández investiga así la vinculación de productos cruzados como seguros, alarmas o televisores que las entidades financieras habrían exigido como condición para que los clientes pudieran acceder a las líneas de financiación con garantías del Estado, dotadas con un importe agregado de 140.000 millones de euros. Además, analiza la utilización de los créditos como mecanismo para reestructurar deudas financieras preexistentes.
Tras el análisis realizado, la CNMC considera que la actuación de los bancos investigados se alejaría de la buena fe exigida a las empresas en sus relaciones con los clientes. En consecuencia, sus prácticas podrían haber alterado el comportamiento económico del tejido productivo (pymes, autónomos y resto de empresas) que acudió a estos bancos para suscribir los créditos ICO. Todo ello podría suponer un falseamiento de la libre competencia y habría afectado al interés público.
Las conductas analizadas tienen origen en determinada información que la CNMC ha venido recibiendo a través del buzón covid.competencia@cnmc.es, un canal que activó durante el estado de alarma del año pasado para que empresas y ciudadanos pusieran en conocimiento de la institución posibles prácticas anticompetitivas que se estuvieran produciendo en los mercados. El organismo abre ahora un periodo máximo de 18 meses para la instrucción del expediente y para su resolución, sin que la incoación del mismo prejuzgue el resultado final de la investigación.
El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital habilitó los créditos ICO el año pasado para facilitar el acceso al crédito y liquidez a las empresas, así como para el mantenimiento del empleo y para paliar los efectos económicos que han producido las restricciones impuestas para contener el Covid-19. Los avales se otorgarían a la financiación concedida por las entidades financieras. Primero se puso en marcha un programa dotado con 100.000 millones de euros, pero la necesidad de continuar apoyando al tejido llevó al Gobierno a abrir una nueva línea con 40.000 millones adicionales.
Más de 1,078 millones de operaciones
Los últimos datos disponibles correspondientes al pasado 2 de junio muestra que hasta entonces se han aprobado 1,078 millones de operaciones con las que se han inyectado un total de 127.952 millones de euros. El 98% de las empresas beneficiadas son autónomos y pymes, los colectivos que se han visto más afectados por esta situación. Madrid, Cataluña y Andalucía son las comunidades autónomas donde se ubican el mayor número de operaciones, mientras que un poco menos de la mitad del volumen de financiación (unos 50.000 millones de euros) ha ido a parar a las empresas de los sectores más perjudicados: Turismo, ocio y cultura; Transporte y automoción; Distribución alimentos y bebidas; Consumo y comercio; Textil, moda y comercio.
Precisamente hace justo un mes, el Ejecutivo aprobó un Código de Conducta que decidió que era necesario lanzar para velar por el buen uso del dinero público canalizado por las entidades y evitar así su gestión unilateral. Este documento es de aplicación voluntaria para la gestión de los créditos, es decir, únicamente en las renegociaciones, las cuales disponen de una línea de avales dotada con un máximo de 3.000 millones de euros. Lo relevante de este asunto, sobre todo cuando este miércoles sale a la luz la apertura de una investigación, es que la banca cree que este Código tiene sentido solo por la implicación del banco público, pero considera que no era necesario porque lo que incluye es la gestión habitual de las entidades, que trabajan diariamente vigilando el riesgo y buscando soluciones con sus clientes.
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