Las 22 consultoras implicadas en el llamado ‘cártel de Bilbao’ y hasta 13 de sus directivos tendrán que pagar una sanción 6,3 millones de euros impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por la concertación de precios y servicios que realizaron entre 2009 y 2018 a la hora de adjudicarse contratos de varias administraciones estatales, autonómicas y locales, con ofertas ficticias en los concursos públicos y pactos previos para obtener los contratos. La CNMC ha notificado este miércoles a las entidades afectadas la multa que les corresponde, entre ellas algunas de las ‘big four’, tras un mes de ajuste de las fórmulas de cálculo y las características de cada caso concreto, como adelantó La Información. La mayor parte de la sanción corresponde a Deloitte Consulting, que pagará 3,99 millones de euros, mientras que PwC afronta otros 670.000 euros y KPMG Consulting SL sale mejor parada, con solo 50.000 euros de sanción. Idom sufre también una multa alta, de 640.000 euros, seguida ya de los 153.529 de Bmasi Strategy, mientras que todas las demás sanciones impuestas están ya por debajo de los 70.000 euros.
En la mayor parte de las ocasiones se trataba de pactos entre directivos de diferentes empresas que se hacía "favores mutuos" con ofertas de cobertura que nunca iban a ser aceptadas, razón por la cuál la CNMC ha añadido a las multas a las consultoras hasta 13 sanciones a personas concretas implicadas en el caso, por un valor total de 439.000 euros, que van desde los 12.000 euros la más pequeña, hasta los 55.000 euros de las dos más altas, una de ellas correspondiente a la apoderada de Deloitte Consulting, que es la firma que acapara la mayor parte de la sanción total. El organismo advierte, además, que en algunos de los casos se ha activado el protocolo para que varias de las consultoras implicadas no puedan participar en próximos concursos organizados por las Administraciones Públicas.
La investigación, que se inició en el País Vasco hace ahora dos años y medio, afectó en un principio a 25 sociedades de consultoría estratégica y tecnológica de todo tipo, que entraban en concursos para contratos públicos con pactos de no competencia y ofertas ficticias para dar apariencia de legalidad a los procesos. Las ramificaciones encontradas en la trama ampliaron seis meses más tarde a otras 11 sociedades más la investigación, si bien el análisis de las comunicaciones y las adjudicaciones realizadas dejó el caso en 22 sociedades implicadas el verano pasado. El caso lo inició el anterior presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, y ha sido ultimado por la actual responsable del organismo supervisor, Cani Fernández, con un total de 173 concursos públicos manipulados.
Una vez cerrada la investigación, se ha detectado que se formaron dos redes distintas de fraude a la hora de manejar las licitaciones de los concursos públicos de servicios. El primero se centraba en la zona norte, donde se vieron manipulados hasta 101 procesos de ayuntamientos como el de Bilbao, Santander, Sestao, Barakaldo o Vitoria, junto a varios departamentos del Gobierno Vasco y el Cantabria, la Junta de Castilla y León, el Puerto de Bilbao o la Diputación Foral de Vizcaya. Por otro lado, se descubrió una segunda red a nivel nacional con otras 72 licitaciones manipuladas convocadas por el Ministerio de Hacienda, Trabajo e Inmigración y Economía, junto a los ejecutivos autonómicos de Madrid, Valencia, Cataluña, Canarias y Baleares, o ciudades como Cádiz y Sevilla.
Mercadeo de "ofertas de cobertura"
Las comunicaciones detectadas en los registros que se realizaron en la mayor parte de las entidades implicadas demostraban como se enviaban correos electrónicos entre directivos de diferentes firmas con “ofertas de cobertura” para completar concursos negociados sin publicidad de forma ficticia, en contratos que estaban adjudicados de antemano prácticamente a dedo. Los procesos administrativos sobre contratación pública por encima de una determinada cantidad (12.000 euros en aquel momento) obligan a tener varias ofertas distintas sobre las que elegir, previa puntuación y análisis con un sistema de baremos preestablecido, para completar un expediente y dar el servicio a la propuesta que más se adecúe a las necesidades planteadas.
Ese tipo de mercadeo de propuestas, además de ser contrario a la competencia, permitía mantener adjudicaciones de contratos en el tiempo sin tener que preocuparse por los competidores y, de forma adicional, manejar los precios al alza. La propia CNMC asegura que mediante ese sistema se elevaron los precios de muchos servicios de consultoría de las administraciones, en los que no entraba más competencia que los licitadores concertados, un coste que iba a parar directamente el erario público.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios