La Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) acaba de hacer públicos los datos derivados de los litigios planteados entre los años 2006 y 2012 por las distintas empresas sometidas a control regulatorio y cuyas resoluciones judiciales se sustanciaron en 2017. El balance de estos procesos legales pone de relieve la autoridad del llamado 'Supervisor mayor del Reino' pues no en vano las multas impuestas ascendieron a 1.002 millones de euros mientras que la devolución de avales a las compañías que presentaron demandas se situó en una raquítica cifra de 1,2 millones. En definitiva el balance entre pleitos ganados y perdidos se establece en una relación de 1.000 a uno.
La entidad encargada de velar por la competencia dentro de la actividad económica en España encara la recta final de su primera etapa tras su creación a finales de 2013. El presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, afronta en 2019 su sexto y último año al frente de la institución, un periodo en el que se han intensificado las labores de vigilancia y se han aumentado de manera gradual los expedientes de sanción. La entidad ha ampliado incluso el ámbito de las multas que ya no sólo van dirigidas contra las empresas sino también contra los directivos responsables. Esta tarea se ha traducido en el desmantelamiento de casi una treinta de cárteles en España a lo largo de estos años.
La intensa actividad desplegada por la CNMC no ha resultado gratis para los responsables del organismo, que han tenido que enfrentarse con las más poderosas sociedades cotizadas del país, así como con otros múltiples intereses creados en prácticas claramente colusorias y que hasta ahora formaban parte del acervo empresarial en nuestro país. Las autoridades de la competencia han tratado de provocar, en definitiva, un importante cambio cultural, generando el malestar de muchos sectores de actividad productiva, lo que ha dado lugar a un conflicto permanente en los tribunales de justicia.
Es precisamente en este escenario judicial en el que la CNMC quiere ahora salir al paso de las denuncias que alimentan una extraña sensación derrotista y que, según el organismo regulador, no se compadece para nada con la realidad. De hecho, entre 2014 y 2017, la Audiencia Nacional ha confirmado de media el 75% de las resoluciones sancionadoras de la autoridad de competencia, un ratio que se eleva al 82,7% en el caso del Tribunal Supremo. Con estos datos, Marín Quemada considera que la idea generalizada acerca de una constante revisión jurisdiccional de las actuaciones llevadas a cabo por la CNMC y sus entidades predecesoras está claramente fuera de lugar.
Ratificada la multa de 18 millones contra Nuclenor
En este mismo criterio abundan las ultimas decisiones ratificadas por el Alto Tribunal y que el organismo de regulación y defensa de la competencia ha sacado ahora a colación para demostrar su legitimidad sancionada y subrayar la autoridad adquirida ante los entes jurisdiccionales. La CNMC destaca entre los ejemplos más elocuentes la reciente confirmación de la multa de 18,4 millones de euros que fue impuesta en julio de 2014 a la firma Nuclenor, encargada de gestionar la central nuclear de Santa María de Garoña cuyo cierre fue decretado en agosto de 2017.
La sanción a Nuclenor representó, en su día, un fuerte varapalo para Endesa e Iberdrola, propietarias finales de la citada instalación de producción eléctrica. La CNMC consideró que los responsables de Garoña habían inducido el cierre de la central nuclear para forzar las decisión del Gobierno pero lo hicieron sin la autorización debida y poniendo en riesgo el suministro. El Tribunal Supremo ha admitido estos planteamientos rechazando el recurso de Nuclenor y además ha considerado proporcionado el importe de la multa atendiendo, entre otros factores, al nivel de beneficios obtenido por el infractor.
La CNMC da cuenta también de las nueve resoluciones emitidas en 2017 por el Ministerio de Economía, previo informe del Consejo de Estado, como consecuencia de procedimientos contenciosos iniciados por las empresas. Cuatro de dichas decisiones resultaron contrarias a los intereses de las compañías afectadas en tanto que las otras cinco fueron estimadas. De estas últimas, dos están relacionadas con el seguro decenal de Mapfre y Munich Re en España, mientras que otras dos responden a expedientes de sendas licitaciones de carreteras. La quinta es precisamente una resolución favorable a Endesa en un recursos que la filial española de Enel interpuso tras ser sancionada junto a otras empresas del sector por presuntas infracciones en materia de comercialización y distribución de energía eléctrica
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