La CNMC quiere cerrar en plazo, y en todo caso antes del verano, el expediente sancionador abierto en febrero del pasado año contra Atresmedia y Mediaset y que puede suponer una verdadera revolución en el modelo de negocio de las dos grandes entidades que dominan el mercado audiovisual en España. El organismo regulador ha decidido reactivar cuanta antes el proceso una vez fallido el procedimiento de 'terminación convencional' contemplado en la ley para arreglar este tipo de conflictos de manera voluntaria. por parte de los propios agentes incoados. El expediente tiene un horizonte de dieciocho meses por lo que, en principio y al margen de las interrupciones, debería estar concluido para agosto próximo.
Las negociaciones para llegar a una solución pactada no han fructificado después de un intenso toma y daca entre los representantes legales de las televisiones y los técnicos de la CNMC. Los ajustes propuestos por Atresmedia y Mediaset abordaban una serie de aspectos vinculados principalmente con la venta en bloque de espacios publicitarios, incluyendo la opción de que otros medios audiovisuales pudieran replicar comercialmente sus ofertas con los anunciantes. El regulador ha entendido que estas enmiendas no eran de recibo por cuanto que su aplicación es inviable por otras plataformas televisivas cuya capacidad competitiva es extremadamente débil.
En realidad lo que cuestiona el organismo que preside José María Marín Quemada es el denominado 'duopolio de TV', que se traduce en el control por parte de Atresmedia y Mediaset de un 90% en términos redondos de toda la tarta publicitaria en España. Sobre esta tesis cualquier compromiso de carácter parcial para facilitar la competencia de terceros operadores se considera como un mero 'brindis al sol'. La CNMC lo que pretende es el cese global e inmediato de las conductas con que las dos plataformas expedientadas vienen ejerciendo desde hace una década lo que el organismo regulador considera una absoluta posición dominante en el mercado.
Las dos grandes operadoras tampoco han confiado del todo en las opciones de una negociación abierta con el departamento de Competencia de la CNMC, que encabeza Beatriz de Guindos. Sin embargo, la terminación convencional ha servido para abrir un paréntesis de aproximadamente dos meses que ha dilatado la resolución del expediente. Tanto Atresmedia como Mediaset consideran que el organismo regulador, y en concreto su presidente, están obstinados en adoptar una resolución sancionadora, pero confían en que la decisión definitiva no sea aprobada por el consejo de administración de la CNMC hasta después de la sustitución de Marín Quemada, prevista para el próximo mes de octubre.
El regulador es consciente también de la importancia que supone culminar el expediente por la vía rápida, sobre todo teniendo en cuenta que los trabajos previos de la investigación son conocidos por las dos entidades incoadas y una y otra saben muy bien a qué atenerse. De ahí las críticas, unas veladas y otras directas y demoledoras, con que se han manifestado algunos de los altos directivos de las plataformas televisivas en contra de Marín Quemada. Habrá que esperar un par de meses más o menos para conocer si las diatribas han apaciguado el ánimo del regulador aunque todo hace indicar que la CNMC no va a bajar el pistón a la hora de exigir un ajuste a fondo en las relaciones comerciales de los dos principales operadores audiovisuales.
Cambio radical del modelo de negocio
Tanto Atresmedia como Mediaset tienen ahora la opción de presentar un recurso contra la decisión del regulador de rechazar la terminación convencional, lo que probablemente retrase al menos un mes la resolución final del expediente. El recurso de las plataformas tiene que hacerse efectivo esta misma semana ante las propias autoridades de la competencia y si no prospera, como parece lógico, podría ser elevado después a la Audiencia Nacional. A partir de ahí se producirá la reactivación del expediente con la consiguiente multa multimillonaria que podría alcanzar hasta un 10% del volumen de negocios de las empresas afectadas, tal y como establece la ley de Defensa de la Competencia.
No obstante, el problema que subyace detrás de la eventual sanción no es tanto la cuantía a pagar por las operadoras, que podría situarse en torno a los 50 millones de euros, pero que, como es natural, será también recurrida ante el Tribunal Supremo. En el fondo, lo que más preocupa a las empresas y lo que persigue el regulador es una revisión del modelo de negocio publicitario de las dos grandes operadoras, que coincide justo en un momento crítico para el sector dado el cambio estructural que se está produciendo en el modo de consumir televisión en nuestro país.
La irrupción de las nuevas plataformas televisivas vía internet, como Netfflix, Amazon o HBO entre otras, está produciendo una verdadera transformación cultural que tarde o temprano afectará a la cuenta de resultados de los agentes tradicionales. En medio de este terremoto televisivo el expediente de la CNMC puede marcar un cambio de época en el mercado audiovisual. Todo ello si Marín Quemada consigue llegar a tiempo antes de que el nuevo Gobierno tome conciencia plena del problema y decida tomar cartas en el asunto.
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