La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha acordado reclamar 368,4 millones de euros a Escal - la UTE que formó ACS con la candiende Dundee- Enagás Transporte, Bankia, CaixaBank y Banco Santander por lo cobrado en el almacén de gas Castor. La revisión es de oficio, y está motivada por la sentencia del Tribunal Constitucional de 2017 que declaró la nulidad de la indemnización abonada a Escal por el almacén que ascendió a unos 1.350 millones de euros.
Las resoluciones de la CNMC consideran que la nulidad del real decreto ley que la regulaba privó de base legal a las cantidades reconocidas y a los pagos efectuados con arreglo al mismo, obligando con ello a revisarlos. En concreto, Escal debe devolver 195 millones, el Santander 71,9 millones, CaixaBank 48 millones, Enagás 32,4 millones y Bankia 21,1 millones.
La reclamación de la CNMC llega unos meses después de que ACS admitiera por primera vez en sus cuentas el posible impacto de la sentencia que declaró inconstitucional el Real Decreto Ley que le permitió cobrar 1.350 millones por la hibernación del fallido silo tras una sucesión de terremotos en la costa mediterránea.
Un paso adelante
La petición a Escal-UGS es un paso adelante porque apunta a la responsabilidad de ACS y de sus socios, que siempre han estado en un segundo plano en la polémica pese a que los 1.350 millones que cobraron del Estado dieron lugar a demandas ante la Audiencia Nacional y el Tribunal Constitucional que no prosperaron.
La CNMC mantiene vivas las reclamaciones a los promotores del proyecto mientras los otros grandes afectados -el Estado, que devolvió a ACS los 1.35o millones y los tres bancos que adelantaron el pago- guardan silencio. Caixabank, Santander y Bankia -asesorados por el bufete Linklaters- reclamaron la devolución de su adelanto primero al Estado, en abril de 2018, y recién comenzado el año, ante el Supremo. Como la CNMC, tratan de sostener el caso ante los tribunales.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha mantenido el silencio como estrategia ante las reclamaciones. Fuentes bancarias admiten que el Ejecutivo socialista no tiene mucho que ganar en un caso que en suma, supone elegir entre Florentino Pérez (el presidente de ACS) o los bancos. En esa elección no hay mucha ganancia política. Menos en vísperas de elecciones.
En junio, Florentino Pérez compareció en el Parlamento de Cataluña y afirmó que ACS no recibió ningún dinero en cuestión de indemnizaciones por el proyecto. Además, indicó que no participó ni en la construcción ni en la gestión de una obra que solo representó el 1% de la facturación de su compañía.
La ministra de Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera aseguró a principios de año que la complejidad en torno al cierre del almacén de gas Castor "acabará judicializado". El Gobierno descartaba así atender las reclamaciones de CaixaBank, Bankia y Santander para que el Estado devuelva los 1.350 millones que adelantaron para indemnizar a la constructora ACS y el grupo canadiense Dundee. Los bancos interpusieron en abril de 2018 una reclamación patrimonial al Estado y en diciembre del mismo año llevaron el caso al Tribunal Supremo.
Vía penal cegada
Con la vía penal cegada en España, el pleito sigue en la vía de lo contencioso administrativo. Los tres bancos acreedores la iniciaron en abril de 2018 con la presentación de una reclamación "ante el Estado legislador" en la que sostenían que la inconstitucionalidad del Real Decreto-ley no debía ocasionar "ninguna pérdida" a quien ha financiado a los poderes públicos para facilitar una medida de interés general. Seis meses después, y ante el silencio de la Administración -primero del Ejecutivo del PP y luego del Gobierno de Sánchez- tocaron la puerta del Supremo con otra demanda para reclamar lo adelantado.
La estrategia de los tres bancos, según las fuentes jurídicas consultadas, se basa en solicitar los daños y perjuicios causados por la desaparición de los derechos de cobro que respaldó el Estado. Traducido a euros: los 1.350 millones adelantados a ACS y sus socios más los intereses. Para los abogados de los bancos se trata de una deuda pendiente, equiparable a una reclamación por el hipotético impago de bonos del Estado.
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