La CNMC se pone firme con Correos y rechaza un acuerdo por abuso de precios

Correos no convence a Competencia y recibirá una sanción por abuso de dominio en la prestación de servicios postales tradicionales. La Dirección de Competencia de la CNMC ha rechazado una solicitud del operador público para llevar a cabo un proceso de terminación convencional del expediente abierto en noviembre de 2019. El procedimiento sancionador se incoó a instancias de sus competidores, tras detectarse la aplicación de condiciones comerciales en el envío de cartas con el objetivo de fidelizar a grandes clientes. Una supuesta práctica que provocó un efecto exclusorio en el mercado minoritario, como mínimo, desde 2015, año en el que se centra el inicio de la investigación.

Según la información consultada por este medio, el escrito de alegaciones presentado por Correos en septiembre incluía una serie de compromisos para poner término a la investigación por la vía de la aceptación de la terminación convencional. Este mecanismo extraordinario, previsto en la propia ley de Defensa de la Competencia, contempla la posibilidad de acuerdo entre la administración y la empresa acusada, evitando una eventual declaración de infracción y, por ende, una sanción. Sin embargo, el regulador ha denegado de plano la petición, en línea con su decisión de mantener a raya los sucesivos intentos de Correos para levantar las medidas cautelares del expediente, las cuales fueron anuladas íntegramente por la Audiencia Nacional.

La primera de las razones que motivan este rechazo es que el operador postal registró la solicitud el último día para formular sus alegaciones al denominado 'pliego de concreción de hechos', donde se recopilan y analizan las evidencias del asunto. Desde el punto de vista formal, la Dirección de Competencia considera que, aunque se produjo dentro del plazo legalmente establecido, impide valorarla positivamente "como una forma de ahorro de trámites de instrucción que posibilite una rápida implementación de los remedios a la situación de restricción". En otras palabras, duda de la eficacia de aceptar una petición de nulidad en el último momento.

El regulador considera que la sanción es más efectiva que un acuerdo

Entrando más al fondo del asunto, el organismo presidido por Cani Fernández propugna que la terminación convencional no puede poner remedio a los efectos irreversibles que ha tenido la conducta de Correos en el mercado. Y recuerda en este punto que la empresa ya fue sancionada anteriormente por conductas similares, lo que hizo que se declarara una infracción de abuso y el incumplimiento de un acuerdo de terminación previo.

Tampoco ve "adecuados ni suficientes" los compromisos esgrimidos, pues tanto la eliminación del modelo de descuento como el diseño del nuevo sistema de competencia serían "consecuencias inherentes" a la propia sanción que se adopte. Al contrario, cree que "la no continuación del procedimiento sancionador podría poner en riesgo la eficacia y el carácter disuasorio de la normativa de competencia".

Por otro lado, aunque Correos alegó que el acuerdo recurrido le sitúa en una postura de indefensión por "encontrarse condicionado por unos hechos ya sancionados", se subraya que “la terminación convencional no es un derecho subjetivo de las empresas presuntamente infractoras". En todo caso, se trata de una potestad discrecional de la CNMC y los fundamentos del rechazo se pronuncian sobre cada uno de los elementos jurisprudenciales invocados por la infractora en su recurso.

Así pues, Competencia no comparte el argumento de "indefensión", pues el rechazo a la vía extraordinaria forma parte de un trámite dentro de un procedimiento sancionador que encarrila su recta final tras concluir las fases de instrucción y alegaciones. El siguiente paso es cerrar el informe definitivo y elevarlo al Consejo para su resolución. En este sentido, como ya contó este medio, el propio Correos ya asumía en su informe de cuentas de 2020 que el asunto se resolvería con una sanción por vía administrativa, la cual será recurrida en vía contencioso-administrativa ante la Audiencia Nacional.

Así pues, lo que se investiga son las consecuencias de fijar unos ingresos unitarios muy por debajo de sus costes. Pero en el caso de que la CNMC avale una conducta anticompetitiva, daría pie a una reclamación de perjuicios por parte de los operadores privados afectados por estas prácticas. Sin ir más lejos, la reparación por daños es una opción que contempla desde hace tiempo Unipost, empresa hoy quebrada.