Sebastián Albella no quiere casarse con nadie en el nuevo entorno de los servicios financieros online y la CNMV acaba de incluir en su lista de entidades sospechosas, y con las que conviene tener cuidado a la hora de invertir, a la empresa Cryptia Exchange. Bajo esta denominación se establece la plataforma de intercambio de criptomonedas de Venezuela aprobada por el regulador oficial del país, la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip). En España, de momento y desde esta semana, la entidad está clasificada como una marca que no dispone de ninguna autorización ni está registrada a ningún efecto por la Comisión de Valores.
Salvando las distancias y sin prejuzgar la legalidad del proyecto venezolano, el problema que plantea Cryptia Exchange es equivalente al suscitado hace unas semanas con la plataforma de la sociedad Global Operation Worl 2 Exchange, más conocida como Gowex2, y que ha sido puesta en funcionamiento por el creador de Gowex, Jenaro García. La CNMV alertó a principios de abril sobre los riesgos que puede entrañar la inversión en Gowex2 coincidiendo precisamente con el anuncio de la Fiscalía que solicita una condena de 18 años de prisión y multa de 10,2 millones de euros para el citado promotor de Gowex por los presuntos delitos de fraude y apropiación indebida.
Jenaro García está intentando en vano que la CNMV respalde su reciente iniciativa con la que, según afirma, pretende compensar al menos parcialmente las pérdidas provocadas a los primeros inversores de Gowex. Para ello ha puesto en funcionamiento lo que se denomina una organización autónoma descentralizada (DAO por sus siglas en inglés) para la comercialización de criptomonedas a partir de la tecnología blockchain. A juicio de la Comisión de Valores lo verdaderamente trascendental es que la plataforma en cuestión puede suponer, al cambio, la captación de fondos o la prestación de servicios de inversión que no cuentan con la preceptiva autorización.
Para el organismo que preside Sebastián Albella es fundamental establecer mecanismos de alerta que permitan a los ahorradores saber con quién se están jugando su dinero. En los últimos meses vienen proliferando en España ofertas de empresas que, sin ser entidades de inversión colectiva y apoyadas en los nuevos desarrollos tecnológicos, son capaces de ofrecer productos o servicios que, de una forma u otra, exigen aportaciones financieras por parte del teórico inversor. Este es el caso que se plantea con la irrupción en España de la citada casa de intercambio de criptomonedas de Venezuela, una iniciativa que no puede considerarse ilegal, pero que no está reconocida por la CNMV.
Cryptia Exchange es la típica plataforma de comercialización de bitcoins y demás monedas virtuales, un negocio que está calando en los mercados de capitales pero sobre el que los reguladores españoles todavía no han aprobado ningún folleto informativo ni han ejercido facultad alguna que permita verificar ofertas de estos activos en el mercado. La propia CNMV junto con el Banco de España han insistido en la necesidad de que las decisiones de compra o inversión de dichos activos se lleven a cabo considerando “todos los riegos asociados”, valorando al mismo tiempo “si se dispone de la información suficiente para entender lo que se le está ofreciendo” al inversor.
La entidad venezolana quiere actuar en nuestro país como una plataforma “rápida, sencilla y segura a la hora de comercializar criptomonedas”, según reza la página web de Cryptia Exchange. No obstante, la compañía se define como “la mejor alternativa de acceso e incorporación al mundo de la tecnología financiera en Venezuela”, lo que induce a pensar en transacciones de otro tipo de productos o activos aparte de las monedas virtuales: “¡Nos orgullece ser pioneros de la era de digitalización económica en Venezuela para el mundo!”, afirma la empresa al tiempo que se define con la misión de “contribuir a la digitalización del capital venezolano”.
Recovery room, nuevo tipo de fraude
La CNMV considera que la evolución de los sistemas financieros requiere una labor intensa de supervisión que, sin cercenar iniciativas que puedan facilitar la financiación en los mercados, sirva para prevenir situaciones que con el tiempo pueden derivar en graves estafas para los inversores. En este mismo esquema de actuación el regulador bursátil ha dado cuenta este miércoles de un nuevo tipo de fraude realizado por las denominadas empresas de 'recovery room'. Traducido al castellano se trata de compañías que contactan con personas que han sido víctimas de chiringuitos financieros a las que ofrecen la recuperación de antiguas pérdidas o la recompra de acciones o valores adquiridos a través de empresas no habilitadas.
La advertencia de la CNMV insiste en la necesidad de que los inversores no respondan a ninguna de estas ofertas sin cerciorarse de que provienen de empresas con referencias positivas o fiables, sin olvidar que las compañías de 'recovery room' no están supervisadas por la Comisión de Valores. El regulador subraya que constantemente está publicando advertencias sobre entidades no habilitadas que contactan con los potenciales inversores, a menudo por teléfono, ofreciendo operar con acciones u otros productos financieros sin contar con la debida autorización para hacerlo, lo que implica una elevada probabilidad de perder el dinero invertido: "Si ya ha sido víctima de una actuación como la descrita denuncia los hechos a la Policía", concluye la CNMV.
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