Una comisión obligada a rendir cuentas. Las grandes cotizadas están asumiendo que sus comisiones de auditoría no son un órgano más de dirección que se examina, si lo hace, de puertas adentro. Al contrario, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) las tiene bajo su radar y, en los últimos meses, ha elevado las exigencias. De forma notable, incluso con un aluvión de requerimientos.
El origen de esta creciente presión es la Ley de Auditoría que se aprobó en 2015 y de la que aún hay flecos sueltos, porque aún tiene pendiente aprobar el reglamento que la apuntale. Pero la CNMV se adelantó a ese reglamento y, en 2017, dio a luz una guía técnica, con la que marcó un listado de buenas prácticas para las denominadas Entidades de Interés Público, el paraguas que abarca a las grandes compañías, a las cotizadas y, también, a entidades de crédito y aseguradoras, que son consideradas sistémicas para la economía. Quiere evitar que esas comisiones tengan un papel irrelevante, como sucedió en escándalos como los de Popular, Abengoa, Pescanova o Gowex.
Desde entonces, a pesar de que esa batería de recomendaciones sólo daba pautas y no normas de obligado cumplimiento, las compañías del Ibex están percibiendo una creciente presión por parte de la CNMV para hacer más efectivo este órgano de control interno, que refuerce sus responsabilidades y dé garantías de que se toma en serio su labor.
Bajo el paraguas de la CNMV
El organismo presidido por Sebastián Albella tiene potestad en la supervisión de las comisiones de auditoría desde el verano de 2015. Entonces, la nueva ley que regula el sector auditor arrogó a la CNMV la capacidad de chequear este órgano de dirección, porque la actividad de revisión en sí sigue dependiendo del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, el ICAC que, al igual que la CNMV, depende del Ministerio de Economía.
Esas exigencias por parte del supervisor de los mercados cotizados van encaminadas a lograr no sólo que se cumpla la ley y esa guía de buenas prácticas se materialice, sino también a promover en las comisiones de auditoría a una mayor profesionalización y que no se perciban como un comité, sin obligaciones, que permite retribuir con un plus a los consejeros que las integran.
Hasta la ley de 2015, una de las principales funciones de la comisión de auditoría de las cotizadas era la elección y nombramiento del supervisor de cuentas. Desde entonces, esas labor se mantiene y se refuerza porque aboga por un diálogo más fluido. Pero, además, encamina a esas comisiones a que tengan un papel activo en la gestión de riesgos y en revisar la información financiera que comunican sus empresas.
Exigencia de conocimientos
A sus integrantes, que también forman parte del consejo de administración, la CNMV les exige formación. "Deben tener la experiencia y conocimientos en ámbitos de gestión, económicos, financieros y empresariales", detalla la citada guía de buenas prácticas.
En ese listado de formación deseable, porque no es obligatoria, la CNMV incluye tanto la normativa contable como la específica de auditoría. Y va un paso más allá, al recomendar que los consejeros que integran esas comisiones tengan "experiencia en elaborar, auditar, analizar o evaluar estados financieros con un cierto nivel de complejidad, similar al de la propia entidad, o experiencia en supervisar a una o más personas involucradas en dichas tareas". También que posean bagaje en la gestión y control de riesgos, sobre todo, si se trata de sectores regulados, como el financiero o el de seguros.
Y la CNMV insta a que ese control interno quede patente. "La responsabilidad de la comisión de auditoría es su supervisión, que debe comprender la recepción de informes de los responsables de control interno y de la auditoría interna y concluir sobre el nivel de confianza y fiabilidad del sistema y con propuestas de actuaciones de mejora".
Aboga así por una labor de vigilancia sobre la propia compañía. También hacia fuera, porque el organismo les exige, entre otras funciones, que revise "la claridad e integridad de toda la información financiera y no financiera que la entidad haga pública". Es decir, que sea garante de toda la comunicación que proyecta la empresa.
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