La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) llevará a cabo en los próximos días una consulta pública sobre la revisión del Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas, cuya última y actual versión vigente data de febrero de 2015. La actualización del vademécum que sirve para calibrar los sistemas de gestión que manejan los responsables de las empresas en bolsa figuraba en el plan de actividades para el pasado año 2019 pero los imponderables de última hora, entendiendo por tal la acumulación de ‘presuntas prácticas irregulares’ en distintas compañías del Ibex 35, han obligado al supervisor a tentarse la ropa antes de lanzarse por la pendiente de una regulación que, dada la gravedad de la situación creada, exige el máximo consenso por parte de las entidades emisoras.
El organismo que preside Sebastián Albella quiere asegurar el respaldo de las empresas en el futuro Código Unificado de Gobierno Corporativo, una constante en la evolución de estos manuales que incorporan el llamado ‘soft law’ mediante la fórmula de recomendaciones de carácter voluntario pero que dejan en evidencia a todo aquel que no observa su más fiel cumplimiento. Tanto el llamado Código Conthe de mayo de 2006 como el elaborado hace cinco años bajo la presidencia de Elvira Rodríguez nacieron tras un amplio proceso de discusiones en las que participaron los representantes de los emisores y los principales bufetes de abogados del país. De igual manera el primer Informe Olivencia de 1998 y el Código Aldama de 2003 fueron producto de comisiones especiales designadas de manera específica para mejorar la gobernanza empresarial en España.
El nuevo ‘Código Albella’ está llamado a establecer un punto de inflexión en un asunto que ha constituido hasta ahora un tabú en el desarrollo de las sociedades cotizadas, pero que los sucesos aflorados en el último año entre algunos de los inquilinos más ilustres del Ibex 35 obligan ahora a poner de relieve con toda su crudeza. El medio ambiente, la sostenibilidad y la diversidad de género van a tener que hacer hueco a la ‘lucha anticorrupción’ entre los principales epígrafes de lo que se considera el buen gobierno corporativo. El actual Código incorpora en su Recomendación 22 un llamamiento sobre las situaciones que pueden afectar al crédito y la reputación de una determinada sociedad, incluyendo la contingencia de eventuales causas penales en las que puedan verse inmersos los consejeros de las empresas.
La CNMV plantea ahora un endurecimiento de este capítulo con el fin de asegurar la adopción de mecanismos que permitan prevenir o, en su defecto, actuar a la mayor celeridad para depurar las responsabilidades de lo que se entiende como ‘prácticas irregulares’. El Código de 2015 deja margen de discrecionalidad al consejo de administración a la hora de determinar si procede, o no, que un consejero siga en su cargo aún en el supuesto de que resulte procesado o se dicte contra él auto de apertura de juicio oral. La intención de Albella, a expensas de la aprobación del comité ejecutivo de la Comisión de Valores, consiste en involucrar en el proceso de decisiones a la comisión de auditoría, legitimada en su función supervisora por la propia Ley de Sociedades de Capital.
Además, y no menos importante, el presidente de la CNMV quiere que los consejeros independientes y demás consejeros externos se mojen y actúen conforme a lo que demanda su propia esencia y función como administradores encargados de hacer contrapeso ante el poder de los consejeros ejecutivos. En consecuencia con estas nuevas pretensiones, el regulador ha culminado en diciembre toda la labor de campo destinada a garantizar la autorregulación de las sociedades que cotizan en bolsa ante la proliferación de casos de corrupción. Las célebres escuchas ilegales del excomisario José Manuel Villarejo y otras causas penales derivadas de la propia actividad mercantil en las que están incursas otras empresas del Ibex han sido determinantes para ampliar el enfoque de la revisión del Código de Buen Gobierno que ahora va a ser sometido a consulta pública.
Jubilaciones máximas de dos años, incluido el 'no compite'
Además de la citada recomendación 22, la CNMV ha dejado claro que las modificaciones en ciernes afectarán también a las funciones de la comisión de auditoría, que deberá ser claramente reforzada (Recomendación 42), así como a la política y la función interna de control y gestión de riesgos (Recomendaciones 45 y 46). El organismo regulador va a incidir igualmente en la supervisión del cumplimiento de las reglas de gobierno corporativo y de los códigos internos de conducta (Recomendación 53). La trascendencia de esta labor puede motivar la configuración de una nueva y específica comisión delegada del consejo que será la encargada de velar realmente y en última instancia por el correcto funcionamiento y gobernanza de las empresas que contratan sus acciones en bolsa.
La revisión del Código de Buen Gobierno alcanzará también a otros apartados que ya estaban contemplados en el plan de actividades de la CNMV para 2019 y que fueron adelantados hace meses por su vicepresidenta, Ana Martínez-Pina. Entre los mismos destacan la Recomendación 2 que será ajustada con mayor detalle para defender los intereses de los accionistas minoritarios de aquellas empresas que están en bolsa pero cuyo control depende de otras sociedades matrices también cotizadas. De la misma manera el Código reformado abundará en aspectos de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) que fue introducida en las Recomendaciones 6 y 55 como gran novedad en los trabajos que dieron lugar al mencionado Código Rodríguez bajo la tutela de al anterior presidenta de la Comisión de Valores.
La comisión ejecutiva de la CNMV estudiará además un aspecto esencial del gobierno corporativo como es el relativo a las remuneraciones de las sociedades cotizadas. Más en concreto, Sebastián Albella quiere dar una vuelta de tuerca a los multimillonarios blindajes que en los últimos años han llamado profundamente la atención de los inversores cada vez que se ha producido el cese de alguna de las ‘celebridades’ que forman parte de la élite empresarial. El actual Código aconseja que la ‘paga’ por los servicios prestados no supere el importe equivalente a dos anualidades y la CNMV quiere ahora que este límite incluya también el año adicional por incompatibilidad, el llamado ‘no compite’, con que muchas sociedades endulzan la ‘jubilación’ de muchos de sus cesantes administradores y altos cargos ejecutivos. La mayor parte de ellos, todo hay que decirlo, mantenidos por las propias empresas con puestos eméritos o incluso con contratos de colaboración externa.
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