La resolución del Banco Popular está bajo la lupa de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en múltiples prismas: uno de ellos si ocultó pérdidas en los últimos años. Su presidente, Sebastián Albella, desveló hoy que analiza “en qué medida es razonable imputar” los 12.000 millones de euros en pérdidas declarados tras la venta al Santander al primer semestre, o si debió cargar “al menos parte” en ejercicios anteriores.
Convocado por la Comisión que investiga la crisis en el Congreso, Albella ha señalado que la CNMV se ha volcado durante largos meses en numerosas actuaciones para “esclarecer el caso y, en su caso, depurar responsabilidades mediante la apertura de los correspondientes expedientes sancionadores”. En la caída del sexto banco español, al organismo se le ha reprochado no intervenir para frenar el brutal colapso de la cotización que contribuyó a alentar una inquietud que se tradujo en las salidas masivas de depósitos que firmaron su extinción como entidad independiente.
Albella ha aprovechado su comparecencia para sacar a la luz que conminó en numerosas ocasiones al banco, “incluso mediante requerimientos escritos”, a publicar más información o aclaraciones, aún cuando la ley permite a las empresas, y especialmente a los bancos, a mantener confidencialmente informaciones cuya divulgación puedan alterar la cotización, “siempre que lo hagan de buena fe”.
Según su censo, la entidad fue así la “sociedad cotizada que publicó más hechos relevantes” desde el 30 de noviembre de 2016 y la víspera de su intervención, con 77 escritos. La CNMV, dijo, fue “especialmente activa como supervisor de la información”, precisamente, a los ajustes que efectuó el equipo ya dirigido por Emilio Saracho sobre las cuentas de 2016 y que se estimaron que no necesitaban reformular las cuentas del ejercicio.
El banco afloró un ajuste de 600 millones en abril pasado sobre distintas rúbricas de ejercicios pasados. La clasificación de ese impacto como reexpresión o reformulación no es inocua, dado que de la segunda situación se podrían derivar responsabilidades.
Albella desveló que, aún cuando revisó con carácter previo a su publicación dicho hecho relevante publicado el 3 de abril, pidió información adicional el 10 de abril “para esclarecer lo sucedido” -el por qué de los ajustes y por qué no comunicó que dio préstamos a inversores para adquirir acciones-. Las pesquisas ahora sobre las milmillonarias pérdidas afloradas con la resolución incidirían en estos trabajos.
Junto a la veracidad de las cuentas, el organismo mantiene otra investigación susceptible, en su caso, de derivar en expedientes sancionadores porque se encuentra escrutando la información que facilitó el banco sobre la retribución a consejeros, o más específicamente los planes de pensiones, “de los que podrían derivarse consecuencias sancionadoras”.
Evolución en bolsa y posiciones cortas
El papel de la CNMV ha sido muy cuestionado por no impedir el colapso de la cotización, donde los bajistas llegaron fijar posiciones sobre el 12% del capital, mientras que sí lo hizo para guarecer a Liberbank poco después de los ataques especulativos. Según Albella, el organismo evaluó y descartó intervenir porque su comportamiento no fue especialmente anómalo puesto que contaba con posiciones bajistas del 9-10% ya en 2016 y su operativa se equilibraba de forma que compraban casi tanto como vendían.
Distinto es el desplome en bolsa, entre cuyos detonantes apuntó directamente a las filtraciones de que la Junta de Resolución Europea monitorizaba el banco. El título fue acusando las noticias negativas de manera progresiva desde el 1,12 marcado poco después de su polémica ampliación de capital en 2016, al 0,84 el 10 de mayo. Una semana antes de la resolución, recordó, aún valía 0,65 euros.
“Fue en los últimos cuatro días, tras esas informaciones, cuando se produjeron los descensos más bruscos y marcados en el precio de la acción”, recordó. La CNMV valoró y decisión que “no procedía suspender” porque ni apreció “situación de desorden” en el mercado de la acción “o de graves asimetrías informativas, que es lo que típicamente justifica una suspensión de la negociación”. Albella argumentó que una medida así es delicada además porque “implica dejar atrapados a quienes desean vender y que debe durar lo menos posible” y “no sirve para evitar o frenar caídas” ya que el precio se ajusta cuando se levanta la medida.
Otro frente con indagaciones abiertas es sobre si hubo compras y ventas con información privilegiada, antes de que se publicasen hechos relevantes o actuaciones en cortos para manipular la cotización. Bajo la diana estaban movimientos como el de Blackrock, que redujo su posición desde el 4 al 1,775% en la semana previa a la intervención del banco, y algunas denuncias judiciales sobre la supuesta manipulación por parte del consejero e inversor mexicano, Antonio del Valle, que vio frustrados sus intentos de fusionar al Popular con Sabadell y promovió la salida de Angel Ron de la presidencia. Hasta ahora, desveló, que no han encontrado actuaciones manipuladoras o de uso de información privilegiada.
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