El auto de liquidación dictado el pasado 15 de marzo por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid sobre la sociedad Cercanías Móstoles Navalcarnero, S.A. (Cemonasa), la empresa participada al 100% por la constructora OHL que se adjudicara en su día las obras de ampliación de la línea C5 de la red de Cercanías de Madrid desde Móstoles hasta Navalcarnero, no ha puesto ni mucho menos punto final a los quebraderos de cabeza que esta concesión lleva generando a la constructora de Villar Mir casi desde su puesta en funcionamiento.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha pedido explicaciones a la constructora sobre la técnica de valoración contable utilizada en sus informes financieros intermedios y en virtud de la cual OHL considera aún como íntegramente recuperables los 185,8 millones de euros inyectados en su día en su participada, aún cuando ésta se encuentra ya en plena fase de liquidación.
Las dudas de la CNMV se refieren a la determinación del valor razonable en la información financiera presentada por la compañía del préstamo participativo de 125,9 millones de euros transferido en su día por OHL a la sociedad concesionaria - participada al 100% por la constructora - para su puesta en funcionamiento y de la valoración en libros de la participación en dicha entidad, que se calcula en 59,9 millones de euros. El supervisor exige, en concreto, a OHL que describa las técnicas de valoración utilizadas, los datos a partir de los cuales se han valorado ambas partidas y los procesos de valoración utilizados.
La respuesta de OHL lleva la firma del director general económico financiero de la constructora, Enrique Weickert, se selló en el Registro de Entrada de la CNMV el pasado 16 de enero y precisa que, básicamente, lo que ha hecho la compañía es considerar como valor mínimo recuperable el valor de rescate del contrato de concesión, "que se estima superior al valor contable". El valor de rescate hace referencia a las obligaciones legales de pago que pesan sobre la empresa o entidad contratante cuando se produce una extinción anormal de un negocio jurídico bilateral.
OHL estima, en el documento remitido a la CNMV, que le asisten una serie de derechos por la extinción del contrato de concesión de la ampliación del Cercanías de Móstoles a Navalcarnero que apuntalan su aspiración de recuperar esos 185,8 millones de euros. La compañía acudió el pasado mes de abril a la instancia contencioso-administrativa para reclamar a la Comunidad de Madrid 371 millones de euros en concepto de responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA) por la liquidación, en su opinión irregular, del contrato de concesión y exigir la reparación de los costes por expropiación de terrenos, ejecución de obras y adquisición de bienes necesarios para la explotación de la concesión, según detalle en la información remitida a la CNMV.
El relato remitido por la constructora al supervisor añade que el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del contrato de concesión avala también la aspiración de la empresa concesionaria en liquidación de recuperar buena parte de esa cantidad reclamada a la Comunidad de Madrid. El asunto no es irrelevante porque cuanto mayor sea la cuantía recuperada por la empresa concesionaria mayores serán las probabilidades de que OHL recupere esos 185,8 millones de euros de inversión inicial. Así lo explica el director financiero de la constructora, que concluye: "Todo lo anterior soporta el valor contable que el Grupo tiene registrado en libros y que ascienda a 185,8 millones de euros, tal y como avalan estudios de terceros tanto legales como técnicos".
Un enredo contable...y judicial
Las dudas de la CNMV sobre el reflejo contable del valor de Cemonasa son el menor de los problemas que los propietarios de OHL enfrentan a cuenta de esta controvertida obra, nunca finalizada. El pasado 12 de septiembre Juan Miguel Villar Mir, ex presidente de la constructora, se veía obligado a pasar por el trago de tener que declarar en condición de imputado ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón en el marco de la pieza separada del Caso Lezo que investiga la presunta red de cobro de comisiones en la que estaría implicado el ex presidente regional, Ignacio González.
Villar Mir negó con rotundidad que tuviera relación alguna con el presunto pago de una comisión de 1,4 millones de euros al ex presidente regional para asegurarse la concesión de las obras de ampliación de la línea C5 de Cercanías de Madrid entre Móstoles y Navalcarnero, en una declaración en la que calificó este contrato como ruinoso para la compañía.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios