La CNMV se ha propuesto dar un nuevo paso al frente en la cruzada contra los chiringuitos financieros, esas entidades no autorizadas que campan a sus anchas aprovechando el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y, sobre todo, el tirón que tiene internet en los mercados de capitales. El regulador ha intensificado en los últimos años sus advertencias contra las prácticas de estos chiringuitos en una labor preventiva que ahora pretende complementar de manera decisiva con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción, estableciendo un mecanismo efectivo que asegura el cierre de las páginas webs con la que operan la gran parte de dichos agentes financieros.
La entidad que preside Sebastián Albella es consciente de que muchos de las alertas que vienen siendo emitidas regularmente contra buena parte de las entidades no autorizadas pierden todo su efecto dada la capacidad de los chiringuitos para reinventarse con nuevas plataformas online desde las que consiguen atraer la atención de sus clientes. Esta situación ha provocado que inversores particulares hayan quedado atrapados en actuaciones claramente fraudulentas por entidades que previamente habían sido señaladas desde la CNMV, pero que han seguido funcionando bajo nuevos dominios en internet a partir de páginas web de libre acceso para el gran público.
Las tramas online se han sucedido de un tiempo a esta parte como una lacra social de proporciones impensables hace años en lo que medios policiales han llegado a considerar como una versión moderna y sofisticada del célebre 'tipo de la estampita'. El problema reside en que las estafas informáticas tienen un alcance masivo e indiscriminado como demuestra el hecho de que figuras visibles de la vida pública hayan caído en la telaraña de los chiringuitos que operan vía internet. Ese fue el caso del actual ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, que perdió hace tres años 150.000 euros por confiar sus ahorros en una página web de un broker británico que previamente había sido incluido en la lista negra de la propia CNMV.
Situaciones de esta naturaleza constituyen una amenaza latente mientras los responsables de velar por el buen funcionamiento de los mercados no dispongan de capacidad legal para requerir la suspensión inmediata de las ofertas sospechosas que se formulan vía internet. La solución pasa por establecer un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción para que el Ministerio Fiscal actúe a instancias de la CNMV solicitando al juzgado de modo ordinario y con carácter automático la eliminación de las páginas webs de aquellos chiringuitos financieros sobre los que el propio regulador haya difundido sus alarmas de manera pública y notoria.
La Comisión de Valores no tiene actualmente potestad para solciitar la supresión de los dominios en internet de las entidades no autorizadas pero la Ley de de Servicios de la Sociedad de la Información aprobada el año 2002 abre una vía que puede resultar determinante para el futuro convenio con Anticorrupción. Dicha normativa contempla una serie de restricciones en la prestación de servicios de telecomunicaciones para asegurar, entre otros preceptos, "la protección de la salud pública o de las personas físicas que tengan la condición de consumidores o usuarios, incluso -añade- cuando actúen como inversores".
Convenios con la Policía Nacional y la Guardia Civil
En estos supuestos la citada ley, en su artículo 8, otorga poderes a los órganos competentes para que adopten las medidas necesarias que garanticen la interrupción en la prestación del servicio o la retirada de los datos que vulneran los derechos de los consumidores. A tal efecto los prestadores de los servicios de intermediación deberán asumir los requerimientos recibidos en cumplimiento de sus responsabilidades civiles, penales y administrativos. La normativa obliga a los operadores de redes y proveedores de acceso, los prestadores de servicios que realizan copia temporal de datos solicitados por los usuarios, los prestadores de servicios de alojamiento y almacenamiento de datos y también a los que facilitan enlaces a contenidos o instrumentos de búsqueda.
El plan conjunto con la Fiscalía Anticorrupción se inscribe en el marco de otros convenios que la CNMV ha desarrollado en los últimos meses también con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tanto con la Policía Nacional como con la Guardia Civil, para colaborar conjuntamente en la persecución de los llamados delitos de cuello blanco. En esta misma línea de actuación y con el fin de proteger a los ahorradores particulares la propia Comisión de Valores ha intensificado la labor regulatoria para estrechar el marco operativo de los agentes del sector, acotando los márgenes de actuación y provocando, en consecuencia, mayores exigencias para evidenciar las prácticas de los chiringuitos que funcionan fuera de la preceptiva supervisión.
De esta forma la CNMV ha incrementado sus advertencias al mercado desde la llegada de Sebastián Albella a la presidencia de la entidad a finales de 2016. En los últimos tres años los avisos al mercado se han duplicado y las sucesivas alertas efectuadas a los largo de este ejercicio ponen de manifiesto que el cierre de 2019 puede marcar un hito histórico en la campaña de la Comisión de Valores contra los temibles y cada vez más extendidos chiringuitos financieros.
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