Por segunda vez

La comunidad judía se persona contra el Thyssen por el expolio del Pissarro

Tanto la Comunidad Judía de Madrid como la Federación de Comunidades Judías han presentado en Estados Unidos un escrito apoyando como 'amicus curiae' a la familia Cassirer.

La causa está siendo revisada por el Tribunal Supremo de Estados Unidos
La causa está siendo revisada por el Tribunal Supremo de Estados Unidos
Agencia EFE

Tras más de quince años de idas y venidas en los tribunales estadounidenses, el largo litigio por el expolio del cuadro Rue Saint-Honoré por la tarde. Efecto de lluvia, no está ni mucho menos zanjado. Lejos de lo que cabía esperar hace año y medio, cuando el Tribunal de Apelación de Estados Unidos dio la razón a la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza, el procedimiento encara un nuevo frente por la legítima propiedad de la obra del pintor francés Camille Pissarro, valorada en 30 millones de dólares y expuesta en el Museo Nacional de Madrid.

La Comunidad Judía de Madrid y la Federación de Comunidades Judías de España han decidido sumarse por segunda vez a la causa, revisada el pasado septiembre por el Tribunal Supremo estadounidense. Este órgano -equivalente al Constitucional en nuestro ordenamiento jurídico- accedió a investigar el caso tras admitir a trámite la solicitud de revisión presentada por los descendientes de Lilly Cassirer, la antigua propietaria de la polémica pintura. La mujer, de origen judío, se vio obligada a malvender la obra para conseguir un visado con el que huir de la Alemania nazi en 1939.

Según ha podido confirmar La Información, ambas instituciones se han personado para intervenir como "tercero coadyuvante" en el conflicto entre la Fundación Thyssen y la familia Cassirer. Se trata de una figura reservada en procesos judiciales de esta índole a quien tiene una relación jurídica sustancial con una de las partes. Esto es lo que sucede, sin ir más lejos, en el caso de ambas instituciones con los herederos de Cassirer. Su participación tiene por objetivo ofrecer de forma voluntaria su opinión para auxiliar en las pretensiones que están en debate.

Los apelantes reclaman que el Supremo aplique el derecho estadounidense

Este nuevo paso adelante de la comunidad judía española viene motivado por la propia decisión del Supremo estadounidense, toda vez que el simple hecho de que admitiera el recurso de casación causó un enorme revuelo. Por la sencilla razón de que el sistema judicial del país establece que se trata de una decisión discrecional por parte del alto tribunal. No obstante, "solamente menos del 3% del total de solicitudes son aceptadas a trámite", señalan desde el bufete español B. Cremades & Asociados

De esta forma, y ante la posibilidad de que el curso de los acontecimientos marcado por la justicia dé un vuelco a las anteriores sentencias, han presentado un escrito apoyando como 'amicus curiae' a la familia Cassirer bajo el asesoramiento de los abogados Bernardo M. Cremades Román y Patrick T. Byrne. Es la misma fórmula que empleó el Reino de España para apoyar a la Fundación Thyssen al inicio del proceso a través de la Abogacía General del Estado.

Según indican las fuentes consultadas, la cuestión específica que va a revisar el Tribunal Supremo es que los tribunales de EE.UU. han empleado hasta ahora el derecho español porque el cuadro se vendió y se encuentra en nuestro país. El escrito recoge a este respecto que “los tribunales en este caso han identificado indebidamente la ley española como la ley aplicable y luego han interpretado erróneamente los principios legales españoles pertinentes”.

No obstante, en el caso de determinar que debe aplicar el derecho estadunidense, tal y como defendía un grupo de 14 juristas especializados en el recurso de apelación, la situación volvería a ponerse de cara para la familia Cassirer. Básicamente porque, a diferencia de la jurisdicción española, el americano aplicable no tiene plazo de prescripción para estos casos. Así, de ganar su recurso ante el Supremo, el caso se reabriría.

En agosto de 2020 el Tribunal de Apelación determinó que la Fundación era la propietaria del cuadro, al considerar que el barón Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza no actuó de mala fe cuando compró la pintura porque desconocía que había sido robada. Adquirió el cuadro en 1976 en galería de Nueva York y en 1993 se lo vendió a la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza. Posteriormente, en 1999, el nieto de Lilly Cassirer lo descubrió expuesto en el Museo Thyssen y, después de la negativa de este a entregarlo, decidió comenzar un largo periplo judicial que continúa abierto hoy en día continúa abierto. 

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