La certeza de que Benjumea sabía el declive de Abengoa marca el fin del juicio

El juicio al expresidente de Abengoa, Felipe Benjumea, y al ex consejero delegado Manuel Sánchez Ortega, por cobrar 11,4 y 4,4 millones de euros al dejar la compañía, inicia el lunes su recta final con las conclusiones -peticiones de pena- y los informes -su visión del desarrollo del proceso- de las partes. Tras siete jornadas de vista el debate gira entorno a si los cinco acusados (Benjumea, Sánchez y tres de los cuatro consejeros que propusieron sus indemnizaciones) conocían la mala situación de la compañía al otorgarse esas indemnizaciones. Solo dos meses después de la salida del expresidente la compañía solicitó el preconcurso de acreedores.

De las declaraciones de los acusados, del resto de consejeros propuestos por Benjumea que han declarado como testigos así como del experto independiente del despacho DLA Piper que avaló los contratos de ambos, parece deducirse la corrección formal -sobre el papel- de sus pagos. Las cantidades recibidas por Benjumea y Sánchez corresponderían a lo establecido en las cláusulas de sus contratos mercantiles de alta dirección, contratos que, según su versión, sustituyeron en febrero de 2015 a los laborales que tenían antes por imperativo de lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital. El valor de las indemnizaciones, según el asesor externo, se encontraban "entre las del mercado", es decir, eran similares a las de otras sociedades cotizadas.

Si los magistrados Ángela Murillo, Teresa Palacios y Juan Francisco Martel consideran que los acusados han superado ese primer escollo, el tribunal tendrá que analizar si al cobrar esas enormes cantidades, Benjumea y Sánchez, con la cooperación de los otros tres acusados, se comportaron de forma leal con los intereses de la compañía. Es decir, si al percibirlas, eran o no conscientes de la mala situación de Abengoa que poco después la condujo al preconcurso con las enormes pérdidas que supuso para accionistas y bonistas. Y si, en caso de que la conocieran, podrían haber renunciado a cobrarlas.

A favor de esa tesis han hablado el vicepresidente del Santander, Rodrigo Echenique, y el responsable de la oficina de Citigroup en España, Ignacio Gutiérrez-Orrantia. El primero aseguró que Benjumea le describió una situación "dramática" cuando acudió a pedirle ayuda para que se embarcara en una ampliación de capital indispensable en la compañía. El segundo afirmó que su entidad, el primer banco de inversión del mundo, declinó desde el primer momento embarcarse en la operación al darse a conocer las cuentas del primer semestre de la compañía. "Los números de Abengoa no eran los que conocíamos y esperábamos", dijo Gutiérrez-Orrantia durante su testimonio en el juicio. El Santander si se comprometió con la energética, aunque, según Echenique, "recomendó" la salida de Benjumea del consejo. 

Frente a ellos, los acusados y sus consejeros afines han dibujado una imagen idílica de la sociedad, con un funcionamiento correcto al momento de plantearse la ampliación de capital en julio de 2015. Pese a que las cuentas del primer semestre reflejaban necesidad de liquidez por la crisis de Brasil, que había provocado una reducción considerable de la financiación de sus inversiones en ese país. Para todos ellos, lo que condujo a Abengoa al abismo fue "la condición inexcusable" que puso Echenique, la salida de Benjumea. Según su visión, fue el escollo impuesto por el Santander lo que provocó una crisis de confianza en la compañía que la condujo finalmente al abismo.

Las versiones de Echenique y Gutiérrez-Orrantia así como la del perito economista traído al juicio por la acusación particular (Plataforma de perjudicados por Abengoa) parecen demostrar que ya en febrero de 2015, cuando se aprobaron en el consejo los contratos del presidente y el consejero delegado que estipulaban sus indemnizaciones, tanto Benjumea como Sánchez Ortega conocían lo que se avecinaba, situación que se reflejó en las cuentas del primer semestre de ese año. El exCEO cobró 4,4 millones tras renunciar a su puesto en mayo de ese año. El presidente lo hizo el 23 de septiembre, a solo dos meses del preconcurso.

Benjumea niega la mayor y mantiene que se acogió a su derecho a cobrar su indemnización porque, en ese momento, la caída de la compañía no era previsible por lo que no tenía por qué renunciar a cobrar. En su declaración como acusado aseguró además que su cese fue impuesto por Echenique como "condición" para rescatarla, algo que el vicepresidente del Santander niega. "Constatamos que el mercado había perdido la confianza en la gestión, por eso recomendamos que se fuera", dijo el ejecutivo bancario. Varios consejeros de Abengoa aseguraron que, tras conocer que debía dejar la compañía, las palabras de Benjumea fueron las siguientes: "No me voy a ir, pero si me cesáis, no voy a ser un problema para la ampliación de capital". Si hubiera renunciado en lugar de ser cesado, habría dejado de cobrar al menos 7 de los 11,4 millones que se llevó tras ser destituido.

En este estado de cosas, todo indica que el fiscal mantendrá su acusación por administración desleal, mientras que la Plataforma de afectados ya anunció el martes que les imputaría un nuevo delito, el de apropiación indebida. Tras sus exposiciones finales, los magistrados tendrán que enfrentarse a un dilema. Quedarse en la literalidad de los contratos que procuraron a Benjumea y Sánchez esos ingentes ingresos, un argumento para su absolución, o considerar desleales esos cobros en un momento tan delicado para Abengoa, momento que, por fuerza, sus dos máximos ejecutivos tenían que conocer.