El 1 de julio de 2017 finalizó el acuerdo de España con la compañía francesa Areva para almacenar en Francia los residuos radiactivos de la central VandellósI, clausurada en 1989. Entre el 1 de julio y el 25 de enero de 2017 han pasado 208 días. Cada uno de esos días transcurridos sin que España repatríe la basura nuclear conlleva una penalización de 73.000 euros. La factura que paga España por carecer de capacidad suficiente para almacenar los residuos de centrales alcanza los 15 millones desde el verano pasado.
Por comparar, la multa que impuso finalmente la UE a España por retrasar la liberalización del sector de la estiba -cuestion que provocó un duro conflicto laboral- ascendió a tres millones de euros.
Con el Almacén Temporal Centralizado de Villar de Cañas paralizado, nadie se atreve a precisar a cuánto puede ascender la factura final. No se atreve el Ministerio de Energía y tampoco se atreve la empresa pública que se encarga de gestionar los residuos, Enresa.
La cláusula de Areva
La versión oficial del ministerio sobre el tema no es muy precisa. "Dado que los residuos nucleares, a fecha de 1 de julio, continuaban en Francia -explica el departamento- se activó una penalización de unos 70.000 euros diarios desde la fecha citada. Esa cláusula, que figuraba en el acuerdo (con Areva), contemplaba que la penalización será devuelta en el momento del último retorno de los residuos a España, una vez descontados los costes de almacenamiento y logística en Francia. De esta forma, la mayor parte de la penalización que hoy se está cobrando se tendrá que devolver".
Enresa tampoco aporta más datos más allá de que los pagos a Francia se realizan a través de la compañía y del fondo que alimentan las propietarias de las centrales para gestionar los desechos. Con las memorias y comunicados de la compañía se puede reconstruir, no obstante, el coste de las sucesivas prórrogas para mantener los residuos nucleares fuera de España.
Tras el cierre de VandellosI, propiedad de la sociedad hispanofrancesa Hifrensa, España firmó un acuerdo con la antecesora de la actual Areva, Cogema, para que se hiciera cargo del combustible hasta 2010. El coste fue de 250 millones de euros, que salieron del bolsillo de los consumidores en forma de un recargo en el recibo del 0,7%.
Llegó 2010 y Enresa no pudo asumir el regreso del material procesado. Hubo apercibimiento, penalización diaria-como ahora- y nuevo contrato hasta junio 2017 con un coste añadido de otros 213 millones. El tiempo ha cumplido y, de nuevo, han llegado las penalizaciones aunque, al menos de momento, no hay nuevo contrato.
Penalización durante años
Las penalizaciones pueden prolongarse en el tiempo. Años incluso. El ATC de Cuenca no avanza y el Gobierno sigue amarrado al Plan de Residuos Nucleares aprobado en 2006 sobre cuya utilidad avanzó serias dudas el Tribunal de Cuentas en 2015.
A pesar de todo, el Ejecutivo se lo toma con calma. "El futuro Plan de Residuos Nucleares -explica el Ministerio de Energía- está pendiente de la aprobación por parte del Gobierno de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que establecerá el mix energético español y el papel que jugará en el mismo la energía nuclear. Una vez que se decida la participación de las centrales nucleares en los próximos años, será cuando se aborde un nuevo plan".
Los residuos de VandellosI no son los únicos que permanecen en el exterior porque no hay capacidad de almacenamiento. El Ejecutivo español alcanzó un acuerdo con Gran Bretaña hace 14 años para evitar la vuelta de los residuos reprocesados de Garoña a cambio de 34,5 millones de euros. El año pasado dio un paso más y transfirió la titularidad del plutonio generado en el reprocesamiento de los desechos a la compañía pública International Nuclear Services (INS), según detalla la memoria de Enresa. El coste "en el ejercicio 2017": 50,4 millones de euros.
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