Se acabó. La Generalitat de Cataluña ha ofrecido al sector del taxi ampliar hasta una hora el periodo mínimo de precontratación de los servicios de arrendamiento de vehículos con conductor (VTC). Un tiempo que acarreará el final de las plataformas de Uber y Cabify, tal y como se conoce.
Tras una reunión de más de tres horas entre los representantes del sector del taxi y el conseller de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, éste ha puesto sobre la mesa ampliar hasta una hora ese periodo de precontratación, desde los 15 minutos que planteó el pasado viernes. ¿Cómo lo hará? Habilitará a la Autoridad Metropolitana de Barcelona para que amplíe el periodo, con un mecanismo que, según ellos, no podrá ser impugnado.
La consecuencia no se ha hecho esperar. El responsable de la patronal de las VTC en Barcelona, Josep María Goñi, han asegurado que abandonarán Barcelona porque, a su juicio, "la Generalitat ha cedido al chantaje de los taxistas". Sin embargo, desde Cabify y Uber han querido aclarar que no se ha adoptado ningún tipo de decisión.
El Gobierno catalán ha puesto sobre la mesa esta nueva propuesta para los taxis, que no difiere mucho de la inicial, después de cinco días de protestas de los taxistas, que mantienen ocupado el tramo central de la Gran Vía de Barcelona y amenazan con bloquear el Congreso Mundial de Móviles (MWC), programado para finales de febrero.
En su intervención, el portavoz de la asociación Élite Taxi, Tito Álvarez, ha repasado algunas de las exigencias del sector que la Generalitat ha accedido a incluir en la nueva regulación del sector, como que los VTC tengan que desactivar la geolocalización o tengan que regresar a la base después de cada servicio.
El sector del taxi ha anunciado la celebración de una asamblea este miércoles a las 11:00 horas para votar la propuesta de la Generalitat. A pesar de la defensa de los logros obtenidos que ha hecho Álvarez, parte de los asistentes han proclamado que una hora de precontratación "es poco" y han sentenciado: "Ni un paso atrás".
No va "contra marcas comerciales concretas"
Calvet ha defendido que la regulación que promueve el gobierno catalán no perjudica a nadie ni va contra "marcas comerciales concretas", y ha asegurado a las VTC: "Estar en Barcelona es un buen negocio".
"Queremos regular, quizá había algunos que no querían ser regulados y pretendían tener una barra libre. Queremos que el sector sea competitivo y que el ciudadano se beneficie", ha resuelto.
El Govern dice que aprobará el decreto
Tras conocerse la situación, el conseller de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, Damià Calvet, ha afirmado que el Govern aprobará que aprobará el decreto ley en el que se incluirá una contratación mínima de 15 minutos para los VTC y que espera que estos continúen operando en la Ciudad Condal.
En rueda de prensa después de reunirse con representantes del taxi y los vehículos VTC, Calvet ha defendido que la normativa, que se aprobará en el Consell Executiu del próximo martes, no está hecha "para una u otra marca comercial" sino para el conjunto de las licencias que existen en Cataluña, que ha cifrado que actualmente están en alrededor de 2.100 y que quedan 1.900 más por entregar.
"Más allá de estas marcas comerciales supongo que hay vida", ha expuesto Calvet en referencia a la posibilidad de que plataformas como Uber y Cabify se marchen si el Govern saca adelante la norma.
Sobre la posibilidad de ampliar ese intervalo de 15 minutos, ha explicado que los ayuntamientos y los entes supramunicipales como el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) podrán aumentarlo vía reglamentaria teniendo en cuenta criterios territoriales y ambientales.
El Gobierno se ofrece a mediar en el conflicto
Por su parte, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, se ha ofrecido a mediar en el conflicto, al mismo tiempo que ha recordado que el Ejecutivo no tiene "capacidad normativa". En una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, el titular de Fomento ha asegurado que la solución a las protestas de los taxistas pasa por el ámbito local y no compete al Gobierno central.
"En este país descentralizado, esto le corresponde a la competencia urbana. ¿Puede imaginar que a la hora de planificar el tráfico hubiera unidades de transporte exentas de esas normativas? Es absurdo. Lo normal es que todo se regule a nivel local", ha defendido.
Además, Ábalos se ha mostrado sorprendido porque no se ponga "a prueba" la capacidad para abordar la crisis entre taxistas y VTC "cuando le toca a otros actores" intervenir. "Cuando en su momento tuve que abordar estas cuestiones, se me criticaba por mi incapacidad", ha añadido. Por ello, y ante la falta de competencias del Ejecutivo -que fueron transferidas a las comunidades autónomas el pasado año-, Ábalos ha ofrecido mediar en la disputa. Eso sí, recordando que el Gobierno de Sánchez no tiene "los instrumentos para equilibrarlo".
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