Banco Santander tiene ante sí un auténtico martirio judicial a instancias de Banco Popular. Tanto es así, que desde el sector se está reclamando modificar la legislación para que el comprador de un banco en resolución no tenga que asumir la factura legal que genera la propia intervención. Si no se introducen cambios, los grandes bancos advierten de que no acudirán al rescate de más entidades en problemas.
El grupo que preside Ana Botín se hizo con Popular poco antes del verano de 2017 tras la intervención de las autoridades comunitarias en lo que fue la primera resolución bancaria a nivel europeo. Un año y medio después y una vez que se ha completado la absorción jurídica, Santander acaba de heredar la responsabilidad penal por los hechos que condujeron a la caída del banco. Así lo determinó el pasado martes el nuevo instructor de la causa en la Audiencia Nacional, José Luis Calama.
El banco cántabro, que tiene previsto recurrir la decisión judicial, no entiende por qué tiene que cargar con todos los procedimientos legales derivados de la resolución de Popular si gracias a la adquisición se contribuyó a salvar el banco y a no desestabilizar el sistema financiero español. Una reflexión que comparten el resto de entidades.
El todavía presidente de Santander España, Rodrigo Echenique, lo manifestó públicamente hace unos meses cuando acudió al Congreso de los Diputados, en el marco de la Comisión de Investigación de la crisis financiera. “Nos quieren sancionar por actividades del año 2015 o 2016 y nos pretenden instruir un expediente y poner una sanción (...) ¿Pero qué tengo que ver con esto?”, lamentó Echenique, que solicitó a los legisladores “interrumpir” la personalidad jurídica entre comprador y comprado.
En otras palabras: el histórico dirigente de Santander pidió cambiar la ley para que el banco no tenga que hacerse responsable de las posibles irregularidades que cometió el antiguo equipo gestor de Popular. Actualmente, el código penal establece que la absorción de una sociedad no extingue su responsabilidad penal -sí puede moderarla-, por lo que esta última se traslada al adquiriente. Ante este problema, el sector ha planteado separar la entidades que entran en resolución en dos sociedades, una en la que permanezca el riesgo legal y otra en la que se quede el negocio bancario. El comprador solo adquiriría esta última.
CaixaBank también ha solicitado cambiar las leyes de resolución en público. El consejero delegado del banco catalán, Gonzalo Gortázar, proclamó en sede parlamentaria la necesidad de “desarrollar legislación que libere de responsabilidades heredadas” al comprador de un banco tras un proceso de resolución. “Es clave la seguridad jurídica”, agregó el banquero madrileño, que avisó de que, en función de las contingencias legales que finalmente tenga que asumir Santander por la compra de Popular, es posible que no aparezcan “voluntarios” para hacerse cargo de la próxima entidad con problemas.
Precisamente BBVA y Bankia estuvieron muy interesados en hacerse con Popular, pero uno de los argumentos que pesó para que finalmente no presentaran ninguna oferta fue el elevado riesgo legal que entrañaba la operación. “Términos de venta muy rígidos en sus condiciones económicas y legales, hacen que BBVA no presente una oferta”, reza una presentación interna del banco azul, que calculaba contingencias legales por importe de 2.400 millones de euros a consecuencia de la ampliación de capital de 2016 y las cláusulas suelo. El riesgo legal que estimó Bankia fue de 2.280 millones.
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