Viernes, 14.12.2018 - 11:58 h
Según la Asociación Empresarial Eólica (AEE)

La gran energía del viento: el 30% de la electricidad en 2030 será por la eólica

La patronal prevé que se alcance la descarbonización del sistema eléctrico en 2040 y las renovables supondrán un 40% de la demanda en 2020. 

La energía eólica permitirá que la mayoría de vecinos en un pueblo gallego no paguen la energía de sus casas.
Molinos de viento que generan energía eólica. 

España necesitará 17.000 megavatios (MW) eólicos adicionales en 2030, alcanzando un total de 40.000 MW, para cubrir más de un 30% de la generación eléctrica del país con esta tecnología, según el análisis 'Elementos necesarios para la transición energética. Propuestas para el sector eléctrico', elaborado por la Asociación Empresarial Eólica (AEE) y que ha sido remitido al Comité de Expertos para la Transición Energética.

En concreto, la AEE estima que para 2020 se alcanzarán los 28.000 MW, teniendo en cuenta las subastas de nueva potencia ya adjudicadas en 2016 y 2017 y el cupo eólico canario, que supondrán la instalación de casi 5.000 MW nuevos, por lo que la potencia eólica aumentaría en 1.700 MW anuales de media entre finales de 2017 y principios de 2020.

Por su parte, en la década de 2020 a 2030 el ritmo de nueva potencia eólica sería de unos 1.200 MW de media al año, alcanzándose los 40.000 MW de potencia instalada.

Gracias a la nueva potencia eólica del escenario de la AEE, las emisiones del sector eléctrico español se reducirían para 2020 en un 30% respecto a 2005 y un 42% para 2030.

Así, en el escenario de la patronal, se alcanzaría el 100% de la descarbonización del sistema eléctrico para 2040. Además, el 'mix' eléctrico español alcanzaría un 40% de cobertura de la demanda con renovables en 2020, un 62% en 2030, un 92% en 2040 y un 100% para 2050.

Según el estudio, estos 17.000 MW adicionales de eólica a 2030 planteados son "fundamentales" para cubrir la salida de plantas de generación basadas en combustibles fósiles del sistema y la cobertura del aumento de demanda por mayor actividad económica y electrificación del transporte.

32.000 empleos y más de 4.000 millones al PIB

Este incremento de energía eólica a 2030, según la patronal, supondrá la creación de unos 32.000 empleos en el sector, así como la aportación al PIB de más de 4.000 millones de euros. Además, la seguridad energética española mejoraría al reducirse las importaciones de combustibles fósiles en 18 millones de toneladas equivalentes de petróleo y evitaría la emisión de 47 millones de toneladas de CO2.

En su informe, AEE dibuja un escenario a más largo plazo, hasta 2050, en cuyo horizonte el objetivo sería que la potencia eólica instalada alcanzara los 60.000 MW.

El director general de la patronal, Juan Virgilio Márquez, señaló que el sector eólico "está preparado y es competitivo para aportar al sistema la capacidad requerida para alcanzar los objetivos de descarbonización, suministrando más del 30% de la energía eléctrica en 2030".

Medidas

Además, la AEE propone la adopción de una serie de medidas en el sector eléctrico para facilitar la aportación de las energías renovables en la consecución de objetivos en 2030 y 2050, que se concretan en el marco regulatorio y planificación, el mercado eléctrico, la fiscalidad, nuevos mecanismos de financiación, el desarrollo tecnológico y la gobernanza.

A este respecto, pide establecer un marco estable para la instalación de energía renovable, con mecanismos estables de retribución, una senda de implantación y un calendario de subastas, así como facilitar las inversiones en interconexión para asegurar la penetración de las renovables y la posibilidad de exportar excedentes.

Asimismo, en el mercado eléctrico, aboga por establecer mecanismos de mercado que propicien señales de inversión a largo plazo para asegurar los objetivos de renovables y la capacidad de respaldo y la seguridad de suministro, así como un mecanismo de 'carbon pricing' (tasa-suelo en el precio del CO2, extendido también al transporte y a la climatización).

En materia fiscal, defiende establecer una fiscalidad medioambiental que dé señales a los inversores para invertir en tecnologías limpias y eficiencia energética basada en el concepto de que 'quien contamina paga'.

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