La movilidad eléctrica es un objetivo prioritario para España. Extraer litio, un mineral crítico en la era de la transición energética porque es esencial en la fabricación de baterías de coches eléctricos o paneles solares, no tanto. Al menos así lo parece después de que la Junta de Extremadura denegase hace unas semanas el segundo permiso de investigación del proyecto de San José de Valdeflórez, emplazado a apenas 2,5 kilómetros del casco urbano de Cáceres, en la sierra de la Mosca. En breve, el Ejecutivo socialista de la Comunidad deberá de posicionarse sobre otro proyecto minero con el litio en el centro del huracán en Cañaveral, también en la provincia de Cáceres y que también se enfrenta a una fuerte oposición vecinal. A Fernández Vara le ha estallado en las manos la 'guerra del litio', un mineral que la UE considera "crítico" en un intento por reducir la dependencia europea de China y Latinoamérica y del que no hay en estos momentos ninguna explotación en España.
Tecnología Extremeña del Litio, empresa creada por la australiana Infinity Lithium (75%) y Sacyr (25%), concesionaria de la explotación de San José de Valdeflórez, ha presentado recurso de alzada contra la decisión de la Junta. Desde la dirección general del proyecto minero, tiran con bala contra el Gobierno regional. "Cuando las decisiones económicas dejan de regirse por criterios técnicos y legales y pasan a guiarse por la oportunidad política, se pone en peligro la seguridad jurídica y la fiabilidad administrativa, y se entra en un juego de conveniencias personalistas que puede acabar malogrando cualquier oportunidad seria de progreso", sostiene David Valls, director general del proyecto.
De la mina de San José de Valdeflórez, que sería la segunda mayor de Europa se podrían extraer unas 15.000 toneladas de hidróxido de litio que abastecerían a más de 10 millones de coches eléctricos, con una inversión de alrededor de 300 millones de euros, una generación de más de 1.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos, y un retorno de más de 5.000 millones, siempre según la empresa.
Pese al varapalo recibido por la decisión de la Junta de Extremadura, Infinity Lithium no se rinde; su último paso ha sido firmar un acuerdo un acuerdo de intenciones con el gigante surcoreano LG Energy Solution, líder mundial de baterías de iones de litio. Un acuerdo que "pone de manifiesto el interés que San José Valdeflórez despierta entre los principales fabricantes del mundo. LG es consciente de que el futuro pasa por trabajar toda la cadena de valor dentro de Europa para ser más competitivos", asegura Valls.
"No es viable. No va a salir adelante"
Para los opositores a la mina en el poder, el acuerdo con LG es, sin embargo, papel mojado. El alcalde socialista de Cáceres, Luis Salaya, da, sin embargo, el proyecto por "muerto" y advierte a la compañía que "solo genera confusión, porque los permisos de investigación no es que estén bloqueados, es que están denegados. No es viable y no va a salir adelante". Salaya cuenta con el apoyo en este asunto de todos los grupos políticos representados en el ayuntamiento excepto Ciudadanos. Su mejor defensa: el proyecto "va en contra del Plan de Urbanismo”.
Desde la Plataforma Salvemos la Montaña de Cáceres, nacida en 2017 como oposición a la mina, son menos optimistas que su alcalde. Reconocen, no obstante, que el embrollo administrativo y judicial en los que está inmersa la concesión de la explotación es tal que, "la cosa va para largo y se tardarán meses o años en tener una decisión definitiva", explica a La Información Alejandro Palomo, portavoz de este grupo ciudadano.
Incluso, desde la Junta de Extremadura, donde se lucha desde hace meses para atraer a la Comunidad proyectos vinculados al litio y al automóvil, la Consejería de Transición Ecológica y Sostenibilidad ha advertido que la denegación del permiso de investigación a Tecnología Extremeña del Litio es solo "un hito" en el expediente administrativo de la mina y que él mismo "todavía está lejos de concluir". "No habrá cierres discrecionales" desde una administración regional que armonizará los intereses mineros con los intereses generales.
"Sería ruinoso para una ciudad que vive del turismo y su patrimonio"
"No estamos en contra de la minería", aseguran desde la Plataforma Antimina, que cuenta con unos 100 voluntarios activos y ha sido capaz de organizar manifestaciones multitudinarias en una ciudad de 90.000 habitantes o reunir hasta 35.000 firmas para apoyar sus alegaciones, "estamos en contra de este proyecto, altamente contaminante, en el pulmón verde de una ciudad, a poca distancia del centro histórico, que es Patrimonio de la Humanidad, categoría que ya ha amenazado la UNESCO con retirar a Cáceres, y sería ruinoso para una ciudad que vive del turismo y su patrimonio".
Algo que la empresa promotora rechaza con rotundidad. "Estamos a la espera de que la Junta nos conteste al recurso, tiene tres meses para hacerlo, y estamos convencidos de que el proyecto es viable jurídica, medioambiental y económicamente. Seguimos adelante”, asegura a La Información el Director de Relaciones Institucionales de Tecnología Extremeña del Litio, Cayetano Polo. "El problema es que el Plan General de Urbanismo de Cáceres no contempla una actividad extractiva en el lugar, pero es que, como cacereño también pienso que la mina será un polo de atracción industrial y económico vital para una ciudad que pierde población y empleo a marchas forzadas", señala.
La guerra se extiende al pequeño municipio de Cañaveral, de 1.250 habitantes, a poco más de 40 kilómetros al norte de la capital. Allí, en los próximos días, Lithium Iberia, empresa promotora de una mina de litio en el yacimiento de Las Navas, presentará el proyecto definitivo de extracción a la Junta de Extremadura, que será “quien disponga si es viable o no”, como asegura el alcalde de Cañaveral, Jacinto Sánchez, de Alternativa por Cañaveral.
Y aquí, a diferencia de Cáceres, el Consistorio, compuesto por PSOE, PP y la agrupación del primer edil, apoya el proyecto unánimemente, al igual que la mancomunidad Riberos del Tajo, integrada por los municipios de Cañaveral, Casas de Millán, Malpartida de Plasencia, Mirabel, Pedroso de Acím, Serradilla y Torrejón el Rubio. Apenas el alcalde de otra localidad cercana, Portezuelo, el socialista Ángel Iglesias, se opone el proyecto, por lo que incluso desde la Plataforma No a la Mina de Cañaveral se considera que “todo hace indicar que la Junta de Extremadura va a dar el ok y aprobar la mina en los próximos meses”, tal y como reconoce Alejandro Sánchez, miembro de la plataforma que, este mismo sábado 3 de julio, ha organizado una marcha a pie de 10 kilómetros en la zona para mostrar su oposición a un yacimiento a cielo abierto en el que, de ser finalmente aprobado, se extaerían 2,3 millones de toneladas de hidróxido de litio al año durante casi dos décadas
El proyecto de Cañaveral, en manos de Lithium Iberia, lleva aparejada la construcción de una factoría de cátodos que se fabricarían con el mineral extraído, por la que pugnan siete municipios cercanos a la explotación, y que posteriormente abastecerían una fábrica de celdas para baterías que se levantaría en Badajoz a cargo de la compañía, socia de la mina, Phi4Tech. Este proyecto mineroindustrial supondría una inversión de más de 300 millones de euros y la creación de más 500 empleos.
La nueva "revolución industrial" de Vara
El presidente extremeño Guillermo Fernández Vara ha definido todos estos proyectos, a los que se sumaría la reapertura de la mina de níquel de Aguablanca, en Monasterio (Badajoz), como “la nueva revolución industrial del siglo XXI”, mientras que el alcalde de Cañaveral, Jacinto Sánchez Durán, considera que “para el pueblo y toda la comarca va ser un impulso y así recuperar los pueblos, que llevan años perdiendo población y empleo”. La empresa promotora de de la mina y de las fábricas de baterías asegura que llevan a cabo el proyecto siguiendo las pautas de ‘green mining’, minería sostenible, porque “no haremos nada que no tenga cabida en la economía circular”, asegura.
Pero desde la Plataforma No a la Mina de Cañaveral creen que la destrucción de hábitats naturales, contaminación de la cuenca de los ríos Alagón y Tajo, "donde irían a parar los residuos tóxicos de la mina", el daño a los ecosistemas de los pueblos cercanos y los recursos hídricos de la zona no justifican el beneficio del proyecto. Ahora, la ‘patata caliente’ de la nueva movilidad, la movilidad eléctrica, está en manos de Guillermo Fernández Vara y su Junta de Extremadura.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios