El juez del caso Villarejo sorprendió a todo el mundo la semana pasada cuando llamó a declarar en calidad de imputado para este miércoles al que hasta ese momento era el testigo clave de la pieza que investiga la relación de Iberdrola con el comisario Villarejo, el exresponsable de Control Corporativo de la eléctrica, José Antonio del Olmo. La imputación, que suponía dar un vuelco al proceso, se produjo ante las sospechas de que pudo hacer el informe con el que acusa a la eléctrica ‘ad hoc’, para cubrirse por haber autorizado los pagos sospechosos. Pero fuentes cercanas al caso aseguran que hubo otra razón de peso para imputarle de forma rápida y sin dilaciones: Del Olmo ya había sido calificado como investigado en un proceso judicial que tenía conexión con el de la Audiencia el 11 de noviembre (dos semanas antes), de forma que el juez Manuel García Castellón no podía mantenerle como testigo (obligado a decir la verdad siempre) porque se quebrarían sus garantías procesales y el derecho a no declarar en su contra.
José Antonio del Olmo ya ha estado ante el juez de la Audiencia tres veces como testigo, para corroborar su versión de que se pudieron producir pagos irregulares desde la eléctrica al grupo Cenyt, tal y como incluyó en el informe clave del caso que depositó en una notaría. Pero la semana pasada (día 25 de noviembre) el juez publicó un auto en el entendía que las dudas que expresaron sus superiores sobre la validez de estas pruebas justificaban su imputación. Frente a ello, fuentes jurídicas cercanas advierten que, de no haberlo imputado, se podría haber pedido la nulidad de todas las actuaciones que se hubieran hecho en calidad de testigo y, con ello, dar una nueva vuelta de tuerca y alargar esta pieza del caso Villarejo. “Esas peticiones de nulidad sabes siempre como empiezan, pero nunca hasta donde pueden llegar, dado que afectan a derechos fundamentales”, aseguran las fuentes consultadas.
La imputación de Del Olmo se produce con los tres nuevos fiscales adjudicados al caso recién llegados, después de que la Fiscalía General apartara de la instrucción al fiscal anticorrupción que lo inició, Ignacio Stampa, junto como Miguel Serrano, que todavía sigue en la causa. La imputación ‘expres’ del que hasta la semana pasada era solo un testigo subsana esa situación procesal y permite continuar con la investigación, a la espera de la declaración que este miércoles va a realizar Del Olmo, ahora con el derecho a no declarar en su contra ni contestar a las preguntas que puedan empeorar su situación.
Denuncia por revelación de secretos
El exdirectivo de la empresa ya fue calificado como investigado hace dos semanas en la causa que lleva el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, por una denuncia interpuesta por la compañía ante un supuesto delito de revelación de secretos, al haber sustraído una serie de facturas sobre presuntos pagos de la eléctrica a alguno de sus comités consultivos regionales en el año 2004, para guardarlas y depositarlas ante notario. La compañía, que siempre ha negado la validez de los documentos que ha presentado Del Olmo, entendía que la sustracción de esas facturas de la empresa se había hecho de forma ilegal y demandó a su exdirectivo, con serias dudas sobre la admisión a trámite de este proceso, dado que los hechos se remontan al año 2004 y se puede entender que han prescrito.
Aunque se trate de unas facturas de hace quince años, expertos en derecho penal advierten que se puede justificar ahora la existencia del delito, cuando las facturas se han hecho públicas y se ha difundido el caso en los medios, porque José Antonio del Olmo no se desvinculó de la compañía nada más guardar los documentos en la notaría, sino que siguió dentro de la empresa en su puesto de ‘controller’ hasta su jubilación, más de doce años después.
En esa ocasión, se supone que la cúpula de Iberdrola liderada por Ignacio Sánchez Galán, pudo pagar de forma irregular a los comités consultivos regionales que mantenía con miembros de las antiguas cajas de ahorros y que utilizaba para contrastar las operaciones de inversión que se venían haciendo por todo el territorio nacional. Sea como fuere, se trata de un caso que es colateral a la pieza que se investiga en la pieza número 17 del caso Tándem en la Audiencia Nacional, que impide que Del Olmo pueda ser investigado en un sitio y testigo en otro que tenga relación.
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