La industria española del automóvil ha estado tentándose la ropa ante el desafío institucional derivado de la llamada transición ecológica del Gobierno socialista, pero los datos de este pasado mes de enero han colmado el vaso de la paciencia. Las ventas de coches se han reducido otro 8% en tasa interanual durante el primer mes de 2019 y son ya cinco los meses seguidos de caídas, algo que no ocurría desde los peores momentos de la recesión económica. A la vista de la situación, la patronal Anfac, integrada en CEOE, ha contratado los servicios del despacho Uría y Menéndez para dar una batalla legal en todas las instancias políticas y administrativas, tanto en España como a nivel internacional.
La amenaza más directa contra la que se ha rebelado el sector es la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Económica que está siendo tramitada en el Parlamento de Baleares. La normativa aprobada por el Gobierno que preside Francina Armengol prohíbe la circulación de coches y motos diésel en el Archipiélago a partir de 2025. Posteriormente, a partir de 2035, la prohibición se extenderá a los vehículos de gasolina, incluyendo camiones y furgonetas. Los únicos vehículos que no estarán sujetos a esta drástica limitación serán los autos del parque móvil de Baleares matriculados con anterioridad a la entrada en vigor del actual proyecto de ley, que podrán seguir activos hasta el final de su vida útil.
La regulación del Ejecutivo balear ha servido para concienciar a todas las asociaciones empresariales del peligro real que supone la adopción de unas medidas que hasta ahora formaban parte de un catálogo doctrinal de intenciones más efectistas que efectivas. Las declaraciones de la ministra par la Transición Ecológica, Teresa Ribera, hicieron el consabido daño en su momento pero ahora se ha pasado de las palabras a los hechos y los fabricantes de coches consideran que ya no queda más remedio que poner en marcha una contraofensiva declarada para denunciar las consecuencias fatales que van a derivarse para todo el sector.
La plataforma constituida por la citada Anfac junto a la asociación de fabricantes de Baleares (CAEB), los concesionarios, rent a cars y la Federación de Transportes ha puesto el dedo en la llaga de una medida que definen "contraria a la política europea, regresiva y discriminatoria" desde el momento en que elige a una tecnología ganadora, como es la gasolina, frente a otra perdedora, que es el diésel. La prohibición vulnera el ordenamiento comunitario ya que restringe la libre circulación de bienes y mercancías al limitar la venta en Baleares de coches que, sin embargo, van a seguir funcionando en todo el territorio de la UE.
La Comisión Europea ha admitido a trámite esta semana la denuncia formulada por Anfac el pasado 16 de enero. El pleito puede extenderse un año largo y la futura Ley contra el diésel en Baleares será previsiblemente aprobada por el pleno del Parlamento regional el próximo día 12. De ahí que la patronal de fabricantes de vehículos y camiones haya elevado también su particular 'grito de socorro' ante el Ministerio de Economía apelando a la vigente Ley de Unidad de Mercado. En opinión de Anfac, la prohibición en las islas supone un caso flagrante que atenta contra la integridad de las relaciones comerciales en el conjunto de España.
En fuentes del sector no existe tampoco mucha confianza en las actuaciones que el departamento dirigido por Nadia Calviño pueda emprender contra una regulación que, en el fondo, es la punta de lanza de toda la estrategia diseñada por la propia presidenta del PSOE, Cristina Narbona. La ofensiva del Gobierno de Baleares constituye un test a la hora de calibrar el peso político del Ministerio para la Transición Ecológica pero supone una verdadera prueba de fuego para todo el sector de la automoción. Anfac va a necesitar probablemente recurrir a otras instancias si quiere impedir que la prohibición del diésel adquiera rango de ley en España.
El último clavo ardiendo al que pueden acogerse los agentes del sector pasa por un recurso ante la CNMC. Las autoridades de competencia han demostrado que no se casan con nadie y no sería la primera vez que contravienen normativas implantadas por los distintos entes autonómicos y locales de gobierno. En el caso de Baleares llueve sobre mojado porque el regulador hace tiempo que tiene al Gobierno de Armengol en el disparadero de una más que probable demanda por la regulación de las viviendas turísticas, una de las más restrictivas que existen en toda España.
La capacidad de la CNMC para impugnar una disposición legal es el camino más efectivo que va a explorar Anfac. La patronal considera que aunque todavía restan seis años para la entrada en vigor de la prohibición, los efectos más perniciosos ya se han hecho notar tras el anuncio de la tramitación parlamentaria. No en vano, la venta de vehículos nuevos en Baleares sólo creció un 1,6% en 2018 frente a una media del 7% a nivel nacional. La patronal espera que los reguladores impongan más pronto que tarde alguna medida cautelar que eche el freno a un proceso que está a punto de provocar un serio accidente en una industria que supone el 10% de la economía nacional.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios