El conflicto suscitado hace ahora un año en el seno de Sacyr con su entonces segundo accionista de referencia, el empresario murciano José Moreno Carretero, vuelve a planear sobre la junta de accionistas que la constructora presidida por Manuel Manrique celebra este jueves. El máximo responsable ejecutivo de la compañía está obligado a informar a sus accionistas de las últimas actuaciones llevadas a cabo para la presentación formal de una acción de responsabilidad contra el propietario de la constructora Altec. Moreno Carretero fue expulsado como miembro del consejo de administración de Sacyr en la asamblea general celebrada en junio de 2018.
La demanda contra el llamado 'socio díscolo' de Sacyr es considerada por algunos analistas como una maniobra defensiva del consejo de administración de la compañía ante la posibilidad de que Moreno Carretero solicite la vuelta al máximo órgano de gobierno de la empresa. Dicha contingencia estaría fundamentada en la plena identificación accionarial del empresario murciano, que en los últimos meses ha ejecutado las posiciones de derivados que tenía en Sacyr revelando una participación en la empresa del 8,182% del capital a través de la sociedad instrumental Beta Asociados.
La alambicada estructura de propiedad utilizada por Moreno Carretero, a través de acciones y derivados, propició un enfrentamiento abierto ante la junta de accionista del año pasado. Los máximos responsables de Sacyr plantearon un cambio estatutario para impedir que cualquier administrador de la empresa pudiera acumular poder accionarial de una manera que algunos llegaron a calificar de 'subrepticia'. El disparo atacaba la línea de flotación de la estrategia de Moreno Carretero quien, ni corto ni perezoso, planteó una impugnación contra la propuesta del consejo de administración.
El contraataque de los gestores de Sacyr resultó demoledor para Moreno Carretero que fue fulminado como vocal del consejo de administración. Por si eso no fuera suficiente, durante la junta de accionistas uno de los asistentes solicitó del máximo órgano de gobierno la presentación de una acción de responsabilidad social que fue respaldada con el voto mayoritario de la asamblea. La petición, llevada a cabo por el abogado Felipe Izquierdo, estaba claramente vinculada con los criterios de los responsables de Sacyr para quienes los administradores de la compañía deben velar no sólo por su interés personal sino por el beneficio social de la entidad.
Manrique se sale con la suya
En el seno de la constructora se considera que los instrumentos financieros utilizados por Moreno Carretera para hacer efectiva su inversión constituían un elemento de volatilidad que podía afectar a la cotización del valor en bolsa. La persistencia de este tipo de compras a través de derivados implicaba un riesgo para Sacyr que la compañía decidió atajar de manera inmediata. A la postre, Sacyr ha conseguido su objetivo porque el pasado mes de enero el supuesto 'accionistas hóstil' ha convertido en acciones toda su participación que, a fecha de hoy y según los datos registrados por la CNMV, le sitúan como tercer socio de referencia de la compañía.
Moreno Carretero aparece en la lista de accionistas de Sacyr por detrás de Disa Corporación Petrolífera, la sociedad de Demetrio Carceller, que es el primer propietario de la constructora, con un 12,593% del capital. En segundo lugar figura José Manuel Loureda, uno de los fundadores de la compañía, que posee el 8,241%. La reconversión de los derivados en acciones ha motivado un recorte de la participación total que llegó a potener Moreno Carretero pero, a cambio, el empresario murciano puede presumir de que a día de hoy ya no tiene nada que ocultar a ojos de la junta general de Sacyr.
Ante este nuevo panorama, la reunión con la masa social de accionistas cobra una significación especial. La supuesta acción de responsabilidad social no figura en ningún punto del orden del día, pero el presidente del consejo está obligado a informar del proceso que la empresa está llevando a cabo para cumplir el mandato de la junta general. A partir de ahí la empresa dispone todavía de un plazo de dos años para trasladar la denuncia a los juzgados. Una posibilidad que suena a amenaza y que dependerá de la actitud que adopte el propio Moreno Carretero en su afán de poner en valor su excepcional situación como tercer accionista, aunque sea en discordia, dentro de Sacyr.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios