La presión continuada de las empresas afectadas por los recortes al sector gasista sobre la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) y, también sobre el Gobierno, empiezan a dar frutos. La Comisión ha reducido a la mitad los recortes propuestos inicialmente a la retribución de la transportista de gas Enagás (5% del Estado) y va a suavizar también el hachazo propuesto para el grupo de empresas distribuidoras de gas que encabeza Naturgy, la antigua Gas Natural. El recorte total previsto en periodo regulatorio 2021-2026 sumaba 1.000 millones y finalmente rondará los 500 millones, según las fuentes consultadas.
Las últimas propuestas de la CNMC, tras una dura batalla interna, suponen un alivio para el puñado de distribuidoras que operan en España: Naturgy, Madrileña Red de Gas, Extremadura de Gas, Redexis y Nortegás. Un alivio en términos absolutos -500 millones de ahorro que se iban a aplicar de forma progresiva cada año- y también en términos relativos porque Competencia ha renunciado a cambiar del modelo sobre el que se retribuía a las compañías. Estas seguirán cobrando por volumen de demanda y en función de los activos y su amortización.
La renuncia a cambiar el modelo es importante porque los pagos sobre activos proyectaba los recortes sumados en el último año del periodo -500 millones en 2026- durante décadas. Con la retribución por volumen de actividad, los recortes quedan limitados. El último año sumarán en torno a 200 millones. Las proyecciones económicas en el último ejercicio del periodo retributivo son las que interesan a los analistas y son, por lo tanto, las que pueden mover la intención de los inversores.
Los límites del recorte
La CNMC aprobará la circular que afecta a la distribución de gas en los próximos días. Las fuentes consultadas dan por hecho que el límite del recorte en el sexto año del periodo no superará en ningún caso los 250 millones. Es una cifra que está por debajo incluso de la propuesta que intentó colocar en el Senado -en la tramitación de la llamada Ley de Sequía- el entonces ministro de Energía del PP, Álvaro Nadal, y que suponía un tijeretazo de 375 millones.
La bajada del recorte es un éxito de las empresas y de la patronal del gas, Sedigas, que calificó la propuesta inicial de la CNMC de "inesperada y radical". Las empresas y la asociación, que agrupa a transportistas y distribuidoras han desarrollado desde julio una labor muy intensa para debilitar las posiciones de los técnicos y consejeros partidarios del hachazo, apoyados por el presidente de la Comisión, José María Marín Quemada.
Naturgy, la compañía dominante en distribución, anunció la paralización de inversiones y dejó 300 empleos en el alero. Pero las pequeñas empresas no se quedaron atrás. Madrileña de Gas, Nortegás y Gas de Extremadura trasladaron a la CNMC un mensaje rotundo: si Competencia no revisaba el tijeretazo, las empresas corrían riesgo de desaparición. Sedigas amplió el escenario de la batalla y planteó todas sus quejas a la secretaria de Estado de Economía, Ana de la Cueva. La patronal hiló fino porque Economía se encarga de trasladar las circulares de la CNMC al Consejo de Estado para que dictamine.
La primera línea
Las empresas gasistas y su asociación han sido la primera línea de la batalla. Pero en la retaguardia esta la presión de los grandes fondos inversores que han invertido en las compañías españolas con actividades reguladas. En los últimos años y sólo en el sector del gas, los fondos han invertido en torno a 10.000 millones en redes. Fondos de EE UU (Black Rock), de Reino Unido (CVC), de Qatar, Kuwait (KIA) o Noruega (Norges Bank) participan en el negocio.
Con un recorte más suave, las empresas gasistas ganan y las industrias consumidoras de gas pierden. Siderúrgicas, empresas fabricantes de vidrio, papeleras, petroleras, empresas de cerámicas, químicas y textiles apoyan al presidente de la CNMC por atreverse a meter la tijera. Las grandes industrias no solo quieren recortes, sino que los quieren ya. Nada de graduar el tijeretazo en cinco años.
Hasta 11 asociaciones ha solicitado al Gobierno que adelante a 2021 el recorte retributivo. Las alegaciones que han planteado ante la CNMC sostienen que adelantar el recorte a 2021 y aplicarlo en su totalidad ahorraría a los consumidores en ayudas injustificadas unos 1.500 millones de euros entre 2021-2026. La sobrerretribución a las empresas de transporte y distribución de gas en el periodo 2014-2020 alcanza los 5.000 millones de euros, según los grandes consumidores.
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