El polémico caso del almacén de gas Castor ha tomado forma de querella y ha llegado a la Audiencia Nacional. Aunque está pendiente de admisión, la querella, dirigida contra el presidente de ACS Florentino Pérez y cinco exministros de Gobiernos socialistas y populares, complica la negociación de la banca para cobrar los 1.350 millones de deuda que asumieron con el cierre del almacén a cambio de cobrar intereses del 4,3% durante 30 años. En las últimas semanas, los contactos banca-Administración habían registrado avances significativos, según las fuentes consultadas.
La querella ha sido presentada por varias plataformas ciudadanas: el Observatorio de la Deuda en la Globalización, el proyecto activista Xnet y la Asociación en Defensa de los Derechos Humanos de Cataluña. Afecta a los exministros socialistas Joan Clos, Miguel Sebastián, Magdalena Álvarez y Elena Espinosa y al exministro de Industria con el PP, José Manuel Soria. También están querellados altos cargos, el presidente de ACS Florentino Pérez y Recaredo del Potro, presidente de la sociedad Escal que llevó a cabo el proyecto Castor. Todos están acusados de malversación, prevaricación en el caso de los altos cargos y fraude a la Administración.
Los tres bancos acreedores, Santander (700 millones), Caixabank (400) y Bankia (250) mantienen en las últimas semanas contactos entre sí y con la Administración para encontrar una vía de salida tras la decisión del Constitucional de tumbar el decreto por el que el Gobierno autorizó a indemnizar a ACS y a sus socios canadienses con 1.350 millones en octubre de 2014.
El presidente de Castor, socio de exalto cargo de Industria
La querella presentada en la Audiencia Nacional, pendiente de admisión a trámite, acusa Ignasi Nieto, secretario general de Energía entre el 15 de septiembre del 2006 y el 17 de abril de 2008, de compartir sociedad con Recaredo del Potro, presidente de Escal-UGS. Esta sociedad de ACS y de sus socios canadienses, fue la encargada de desarrollar el fallido proyecto Castor. Según la querella, Nieto y Recaredo del Potro fueron socios en la empresa IREM Energy entre los años 2012 y 2014, cuando el propio Del Potro liquidó la sociedad. Nieto ha explicado a La Información que tras su salida del Ministerio de Industria en 2008, dirigió empresas públicas de Defensa y de Fomento (Ineco) hasta el año 2012. Ese año, asegura, montó un proyecto de ingeniería-IREM Energy- en el que dio entrada a Recaredo del Potro, al que había conocido en su etapa en la Administración. Según Nieto, la sociedad no fue bien, apenas facturó y Del Potro no tuvo un gran papel más allá de ayudar a liquidar la compañía.
La banca acreedora dispone de un año para decidir si acude a los tribunales para reclamar la deuda de Castor. Pero asume que en este caso, vale más un mal acuerdo que un buen pleito. Por eso, en las últimas semanas han trabajado para facilitar una salida admisible para todas las partes: para el Ministerio de Energía; para la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), que ha aplicado la sentencia del Constitucional; para Enagás, la gestora de la red de gas que colocó la deuda de Castor a la banca, y también para las entidades financieras.
No es una tarea fácil porque todas las partes se miran de reojo: el Ministerio de Energía remite a la CNMC; la CNMC espera una solución por arriba y Enagás defiende que su papel en la operación fue muy limitado. En este compás de espera es donde ha irrumpido la querella contra Florentino Pérez y los ministros de la época. La iniciativa, cuanto menos, retrasará la toma de decisiones, aseguran fuentes de las entidades afectadas por el caso.
Aunque siempre hay quien ve la botella medio llena. El hecho de que la querella apunte contra cuatro exministros de la época socialista -y sólo contra uno del PP, José Manuel Soria- puede ser un revulsivo en la solución del caso, según algunos de los afectados por Castor. Es una circunstancia, aseguran, que puede facilitar un acercamiento del PSOE al PP para solucionar el asunto de la mejor manera posible.
Para los denunciantes, lo importante es que la Audiencia Nacional tome cartas e investigue lo sucedido con el polémico proyecto de almacén. Según una portavoz de los denunciantes, la Audiencia decidirá si admite o no la demanda "en unas semanas". Pero lo fundamental es que lo que denominan "acción ciudadana" consiga frenar el pago de los 1.350 millones de deuda suscritos por la banca. Porque ACS y sus socios ya los ingresaron en su día. Con los intereses y en 30 años, la carga para los ciudadanos ronda los 2.500 millones de euros. De momento, la CNMC mantiene paralizados los pagos en las liquidaciones mensuales.
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