Lunes, 22.10.2018 - 21:26 h
El Gobierno cambió las normas en octubre de 2017

La renovación del bono social eléctrico encalla y desata la alarma en el sector

El 10 de abril acaba el plazo para que 2,4 millones de abonados sin recursos pidan rebajas del recibo y las empresas aseguran que muchos lo desconocen

Gráfico bono social eléctrico.
Gráfico bono social eléctrico.

El próximo 10 de abril acaba el plazo para que millones de abonados con escasos recursos -2,4 según la CNMC- renueven el bono social eléctrico.  Hasta aquí todo bien. El problema es que buena parte de los posibles beficiarios no lo saben, según sostienen las compañías eléctricas. El Gobierno cambió la normativa social el pasado año y dejó la tarea de informar a los afectados a las comercializadoras de electricidad. Los plazos se cumplen y las alarmas han saltado, no sólo en las empresas, sino también en la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC).

En las compañías eléctricas hay mucha preocupación. En las sedes de las comunidades autónomas y también las sedes centrales. Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa hacen números. Pasan lista a los abonados con derecho a bono social, a los que lo habían solicitado y a los que han solicitado la renovación de acuerdo a las nuevas normas aprobadas por el Ministerio de Energía el pasado mes de octubre. Las cuentas no salen. En comunidades autónomas como Extremadura, alguna de las eléctricas asegura que no se han apuntado al nuevo sistema ni el 10% de los usuarios con derecho. Y la situación empeora en comunidades como Andalucía.

Gas Natural Fenosa reconoce que hay preocupación. "Estamos realizando una comunicación proactiva con nuestros clientes", aseguran en la compañía. La cuestión es delicada. El Gobierno modificó la normativa del bono social el pasado año, pero muchos de los posibles beneficiarios no saben que la renovación del bono no es automática. 

Certificados y documentos

Para renovar el bono, además de acreditar el derecho, hay que presentar certificados de empadronamiento, de la seguridad social y libro de familia en casos concretos. Se puede tramitar por fax, en las páginas web de las empresas, en las oficinas de las empresas y telefónicamente. El problema es que buena parte de los posibles beneficiarios, por edad y/o hábito, no acceden fácilmente al procedimiento, según explican en las compañías. Todos los solicitantes tienen que estar adheridos al mercado regulado (el llamado PVPC).

A menos de un mes de que se cumplan los plazos, el nuevo bono social aprobado en octubre puede volver a ser polémico. Las rebajas en la factura de la luz para colectivos vulnerables fueron aprobadas en año 2009. El coste estimado actualmente es de 244 millones al año y la medida ha estado siempre teñida de polémica. Por su diseño y por la oposición frontal de las empresas a financiarlo.

Después de que el Tribunal Supremo diera la razón a las eléctricas y obligara a devolver los importes del bono de 2015 y 2016 (unos 500 millones), el Gobierno aprobó su reforma. Desde octubre, lo financian todas las empresas comercializadoras de electricidad y no sólo los grandes grupos.

Principal novedad

La principal novedad de la reforma afecta a los criterios para aplicar los descuentos del bono  -25% y hasta un 40% según los casos-. En lugar del criterio de potencia contratada anterior -3kW-, se tiene en consideración la renta familiar, la percepción de pensión mínima o las situaciones de desempleo en la unidad familiar.

Además, se establecen tres categorías de consumidores vulnerables.  Los mayores descuentos se dirigen a los consumidores vulnerables severos y a aquellos que se encuentren en riesgo de exclusión. Todas las familias numerosas, independientemente de sus rentas, tienen derecho a descuento siempre que estén adheridas al mercado regulado.

Con los cambios en marcha, las empresas están más que inquietas. Llueve sobre mojado porque el bono social no les gusta. O para ser más precisos, no les gusta financiarlo. En diciembre del pasado año, todas las compañías integradas en la asociación Unesa (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP y Viesgo) presentaron recursos contencioso administrativos contra la norma. Es la tercera vez que las eléctricas acuden a los tribunales contra la obligación impuesta por el Gobierno. En las dos primeras, el Tribunal Supremo les dio la razón.

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