El recién formulado texto de la reforma laboral está escrito con renglones rectos para gran parte de las empresas vinculadas al sector público. Después de todo lo que ha costado sacar adelante la ley, el Gobierno tiene un especial empeño en que los efectos del nuevo marco del mercado de trabajo se noten cuanto antes. Empezando por las compañías que tienen al Estado como accionista, a las que ya se ha transmitido que deben ponerse las pilas para adaptarse a las nuevas modalidades.
Fuentes del ámbito público explican que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha dado una consigna clara entre el conjunto de empresas en las que participa mayoritariamente y de forma directa: aplicar a rajatabla la nueva reforma desde el minuto uno. Indican que se trata de un mandato que el Ejecutivo pretende aplicar sin fisuras en todo el tejido empresarial público como una señal inequívoca de compromiso con el acuerdo alcanzado junto a sindicatos y empresarios. Pero también para servir de ejemplo de cara al sector privado y despejar posibles dudas en torno a la aplicación de los cambios en las regulaciones laborales.
Partiendo de esta premisa, el brazo inversor del Gobierno ha fijado una serie de prioridades en el reto de abordar la nueva ley, siendo el fin de la temporalidad una de ellas. En este sentido, la norma firmada por el Ministerio de Trabajo, Seguridad Social y Presidencia marca la extinción de los contratos de obra y servicio en el marco laboral español para septiembre de 2022. Cuestión que obligará a adaptar millones de contratos durante el primer semestre de este año y que, según el Gobierno, también alcanza a todas las empresas públicas, al margen de su actividad, estructura u organismo del que cuelguen. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística, el sector público mantiene a más 200.000 trabajadores en relación temporal.
La supresión de los contratos de obra afectaría especialmente a los llamados 'medios propios', con un alto porcentaje de personal temporal
La orden está lejos de ser una cuestión menor, puesto que algunas de las entidades que dependen de la SEPI presentan cifras muy elevadas de personal temporal. En ocasiones en una proporción cercana a un tercio de la fuerza laboral total. En concreto, plantea un verdadero problema para los llamados 'medios propios' de la Administración, que en el caso del Estado son el Grupo Tragsa, Ineco, Isdefe (Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España) o Segipsa, entre otros. No obstante, estos instrumentos también existen en los ámbitos territoriales.
El impacto en estas empresas sería especialmente singular ya que, como medios propios personificados y servicios técnicos públicos, precisan incorporar trabajadores de forma frecuente, generalmente recurriendo al contrato de obra como recurso. Básicamente porque el grueso de su actividad se basa en encargos y encomiendas de gestión puntuales de las Administraciones Públicas. Un ejemplo de ello son las contrataciones que hizo Hacienda a través de Tragsa a principios de este año para ayudar en la tramitación del Ingreso Mínimo Vital (IMV).
Aunque no se llevan registros oficiales, el pasado verano el sindicato SCIF estimaba que la tasa de temporalidad media rondaba el 52% en la plantilla de Tragsa, que en 2019 estaba compuesta por 13.194 empleados. Por su parte, la temporalidad ronda el 20% en Ineco, con una plantilla cercana a las 2.300 personas. En vista de estas cifras, las restricciones sobre la temporalidad les sitúan en un serio brete, como así se habrían encargado de manifestar los responsables de estas entidades, debido tanto a las limitaciones a la contratación impuestas por Hacienda desde hace años, como a su incapacidad operativa para convertir los contratos de obra en fijos discontinuos, toda vez que la mayoría se extinguen una vez prestado el servicio.
Frente a estos argumentos, de los que ya se dio traslado a los distintos ministerios en verano, cuando la propuesta ya descansaba sobre la mesa de los agentes sociales, desde el ámbito de la Administración insisten en cumplir con la encomienda. Aunque sea a costa de reestructurar su marco de relaciones laborales, lo que supondrá para muchos perder la capacidad de recurrir al personal temporal. Situación de la que todavía no se ha escrito el último capítulo pero que, por el momento, está generando tensión entre la SEPI y las empresas públicas, con estas últimas defendiendo que la costumbre de contratar temporales obedece a que sus recursos propios no alcanzan para atender todos los encargos que reciben.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios