Los expertos apuestan por una transición energética con salidas para los afectados

La transición energética debe ofrecer alternativas a los sectores afectados, según advirtieron los expertos participantes en el foro sobre “Transición Energética Justa”, organizado por La Información y patrocinado por Acciona, que analizó cómo las empresas deberán proceder a realizar una transición equitativa ante las eventuales pérdidas de empleo en unos sectores y el crecimiento de otros, así como las adaptaciones y necesidades de inversiones tecnológicas a las que tendrán que hacer frente.

La jornada fue moderada por Daniel Toledo, director de La Información, y en ella participaron Joan Herrera, director general del IDEA (Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía, del Ministerio de Transición Ecológica); Arturo Pérez de Lucía, director gerente de Aedive (Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico); Sergio de Otto, vicepresidente de la Fundación Renovables; y José López-Tafall, director de Regulación de Acciona.

Joan Herrera aseguró que la transición energética es una oportunidad en un país energéticamente dependiente como España y supone “el escenario para reverdecer y reindustrializar la economía”. Además, señaló que según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en este marco se ganarían cuatro puestos de trabajo por cada uno que se perdería, por lo que representa “un escenario claro de generación neta de empleo”. Sin embargo, aunque el balance global sea claramente positivo, advirtió de que la transición energética afectará negativamente a algunas zonas, por lo que para que sea justa habrá que pensar “qué elementos introducimos para que se generen los menores daños posibles y se den alternativas para los sectores implicados”.

En este sentido, apuntó la necesidad de “socializar las ganancias” de la transición energética, como se ha hecho en otros países como Alemania, donde se puso en marcha un programa de rehabilitación, con el que por cada euro invertido se generaron entre 10 y 12 de inversión privada, se recuperaron 5 en impuestos y se ahorraron 1.800 millones en prestaciones sociales.

Urgencia para la descarbonización

Para Arturo Pérez de Lucía, de Aedive, la transición energética no solo es justa, sino “necesaria y urgente”. A su juicio, España ha retrasado decisiones “que debía haber tomado mucho antes, como la del modelo de movilidad y otras soluciones que permitan la reducción de emisiones”. Recordó que el Acuerdo de París y la Comisión Europea marcan como objetivo final el año 2050, “y sobre ello tenemos que trazar una senda de descarbonización, que el gobierno español ha fijado en dos etapas: 2040 y 2050.

En el sector de la automoción hay además un reto adicional, según indicó. “Al margen de los problemas ligados a la descarbonización, estamos viviendo una revolución tecnológica y de servicios, que está transformando la industria hacia los procesos de automatización y hacia nuevos modelos de movilidad que cambian el concepto de la demanda de vehículos”.

En la transición energética hay un tema crucial, según Sergio de Otto, de la Fundación Renovables: “la urgencia y los plazos”. Como apuntó, “todo el mundo está de acuerdo en que 2050 es la fecha de la transición, pero el problema es ver cuándo apretamos el acelerador para conseguirlo”. Este experto se mostró convencido de que se trata de un proceso “justo y necesario para el conjunto de la sociedad y para combatir el cambio climático”, pero advirtió de que habrá “ganadores y perdedores”. Éstos últimos serán los que “con unos determinados modelos de negocio y una forma de actuar han causado la situación que nos obliga ahora a actuar con urgencia”.

José López-Tafall, de Acciona, aseguró que la transición energética supone una gran oportunidad económica y de generación de empleo: “hay identificados muchos servicios y oportunidades de inversión”. Y también se mostró partidario de que para que sea justa es necesario “socializar los beneficios que produzca”. Afirmó que “el debate está en la urgencia” y explicó que supondrá “un cambio estructural, medioambiental y hasta social, del que se beneficiará más quien consiga una ventaja competitiva en el nuevo escenario”. Por eso, dijo que es importante que España recupere el tiempo perdido y actúe rápidamente “porque tenemos todos los elementos para poder beneficiarnos más que otros países de nuestro entorno”. Como ejemplo, dio un dato: “el año pasado nos gastamos en importaciones de combustibles fósiles 110 millones de euros al día y en 2018, hasta septiembre, íbamos ya por los 128 millones”.

A la cola con el Vehículo eléctrico

El director general del IDAE destacó las buenas condiciones territoriales de España para llevar a cabo la transición energética, relacionadas con el sol, el viento, la biomasa, etc. Pero advirtió de que en otros temas como la penetración del vehículo eléctrico “aún vamos a la cola”. En cuanto a la fiscalidad ambiental, explicó que “no consiste en pagar más sino en pagar distinto, y es un terreno clave para garantizar la transición energética”. Afirmó que el gran debate está en cómo conseguimos que el consumo de carburantes pague también esta transición. “La fiscalidad ambiental en Dinamarca está en más de un 4%, mientras que nosotros no llegamos al 3%, por lo que tenemos aún un gran recorrido”. Herrera se refirió también a la necesidad de potenciar el transporte público y la participación ciudadana.

Así mismo, señaló la necesidad de un cambio de la cultura ciudadana, con el fomento de parques de vehículos eléctricos compartidos en las grandes zonas urbanas de España; y se refirió a las islas como posibles motores de España en electrificación móvil. Además, resaltó el papel clave de los puntos de recarga y de proyectos como la bicicleta eléctrica compartida o el pago por uso en puntos de recarga rápida y ultrarrápida. Por otra parte, indicó que “el gas juega un papel en la transición energética, pero las inversiones en este elemento deben hacerse de forma medida para no generar una burbuja en 2030 o 2035”. Finalmente, advirtió que “el cierre de las centrales nucleares tiene que ir vinculado también a la transición justa y a la socialización, garantizando alternativas”.

El conflicto de los “chalecos amarillos” en Francia por la subida de impuestos al carburante también fue analizado. El director gerente de Aedive expuso que para evitar actuaciones de este tipo es necesario “trasladar a la sociedad de forma adecuada cuáles son las necesidades y ventajas de la transición energética”. Algo en lo que coincidió con el vicepresidente de la Fundación Renovables, que advirtió que “si la transición energética no está apoyada por la participación ciudadana tendremos muchos problemas”.

Sergio de Otto se refirió también al gas como una amenaza. “Damos un paso con él para la descarbonización, pero lo que no podemos es consolidarlo como un elemento esencial de esta transición porque no es un combustible limpio y sería el tapón para el desarrollo de las renovables”. Mientras que, de la energía nuclear, afirmó que se trata de “una energía del pasado que no tiene cabida en el futuro”.

Para el director de Regulación de Acciona el gas tiene un papel de transición en la descarbonización, pero “no pueden convertirse en una tecnología de base del sistema”. Se refirió a la reforma fiscal medioambiental, indicando que debe integrarse “en un marco amplio de cambio climático y transición energética, que a la vez tenga un consenso político detrás”. Y dijo que “es muy importante que los costes de transición de los diferentes sectores sean sometidos a un proceso de evaluación y medición”.