El histórico narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo, conocido como Sito Miñanco, no se complicó a la hora de montar su 'negocio': a través de la compraventa de inmuebles logró blanquear los cientos de millones que obtenía del tráfico de drogas. Algo similar hicieron los tres hermanos israelíes, acusados de lavar nada menos que 118 millones de euros procedentes de un entramado ilícito revendiendo pisos desde un ático de lujo de la mismísima Gran Vía. Y es que el sector inmobiliario ha sido tradicionalmente uno de los más utilizados para blanquear capitales y, paradójicamente, de los que más cantidad de 'dinero negro' mueve, especialmente el de alto standing. "Numerosas investigaciones sobre flujos de dinero ilegal que se blanquea demuestran que el mercado inmobiliario de lujo se está utilizando con mayor frecuencia para realizar este tipo transacciones financieras", denuncian desde la Unión Europea.
Por ello, la Comisión Europea decidió dar un tirón de orejas a las inmobiliarias y endureció las medidas orientadas a este sector en su última actualización de la directiva contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Uno de los cambios más importantes que introduce esta directiva es la inclusión como sujeto obligado de las empresas de gestión de alquileres así como un incremento del control de las promotoras que se dedican fundamentalmente al mercado de lujo. Asimismo, endurece el régimen sancionador por incumplimiento de la normativa, de manera que las multas máximas pasan del 5% del patrimonio neto de la entidad al 10% del volumen de negocio consolidado del grupo y se refuerzan los sistemas de cooperación entre supervisores europeos dedicados a esta materia.
El caso es especialmente complicado en España. Por una parte, la transposición de la norma, autorizada hace quince días, ha llegado con siete meses de retraso, y solo después de que la Comisión Europea amenazara con sancionar a España y llevarla ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por otro, el número de operaciones presuntamente fraudulentas se ha incrementado en consonancia con la recuperación del sector inmobiliario, según alertan desde el Sepblac. Prueba de ello es la operación Majestic, que destapó una inversión de 200 millones de euros de dinero ilícito en un complejo de viviendas en 2015, año en el que comenzó lentamente la salida de la burbuja de la construcción.
Tal y como detallan fuentes del sector, además, también están volviendo los pagos en 'b', tan comunes antes de la crisis. Según el estudio 'El verdadero precio de la vivienda en España', un 10% del precio de las viviendas adquiridas en el boom del sector y durante los primeros años de crisis se pagó con dinero negro, lo que contribuyó a agravar la situación española. Tal y como explican desde el Consejo General de Economistas, la economía sumergida en este país asciende a 168.000 millones de euros y la pérdida de recaudación que provoca es de unos 26.000 millones. No solo eso: el Sepblac tramitó 4.757 operaciones sospechosas de blanqueo en 2015, últimos datos disponibles, de las que un 7% correspondían a relacionadas con la compraventa de inmuebles.
Según el Sepblac, el sector inmobiliario español es especialmente vulnerable a este tipo de delitos ya que ha estado "tradicionalmente ligado a actividades de generación y ocultación de capitales de origen fiscalmente ilícito". "La titularidad de bienes inmuebles admite muchas figuras jurídicas distintas, tanto de carácter nacional como internacional, e incluidas las formas de copropiedad temporal o espacial. Además, la valoración de los bienes inmuebles tiene un marcado carácter subjetivo, ligado a aspectos no derivados directamente del propio bien, lo que le convierte en un sector muy sensible a comportamientos criminales relacionados con la corrupción", aseguran.
Por ello, con la nueva transposición de la directiva europea, las inmobiliarias deberán prestar especial atención a la identificación de los futuros compradores e intermediarios, al origen de los fondos que usarán en la compraventa y tendrán que examinar las operaciones sospechosas y comunicarlas al regulador, así como constituir un órgano de control interno sobre estos asuntos, que será el representante ante el Sepblac. Por otro lado, estarán obligados a investigar antes de realizar la compraventa si el cliente está incluido en la lista oficial de sancionados, terroristas o si se trata de una Persona Expuesta Políticamente (PEPs) o uno de sus familiares.
Desde 90.000 euros de multa
En el caso de cometer una infracción muy grave, según detalla la directiva, se sancionará a la empresa con una multa cuyo importe mínimo será de 90.000 euros y el máximo podrá ascender al 10% de los recursos propios de la entidad. Asimismo, se impondrá una sanción de amonestación pública o, tratándose de entidades sujetas a autorización administrativa para operar, la revocación de ésta. Además, a quienes, ejerciendo cargos de administración o dirección en el sujeto obligado, fueran responsables de la infracción se les podrá separar del cargo, con inhabilitación para ejercer cargos de administración o dirección en cualquier entidad de las sujetas a esta Ley por un plazo máximo de diez años.
Fuentes del sector se muestran "contentas" de que, por fin, se haya transpuesto la normativa, aunque creen que será complicado ver los resultados hasta dentro de unos meses. "Es una normativa muy exigente, pero necesaria en un sector que es fácil que se descontrole. Supone un esfuerzo adicional para nosotros y más con los retrasos que ha acumulado el Gobierno. Parece que en lugar de remar todos juntos, nos ponemos la zancadilla. Es importante que todos los agentes implicados trabajemos para prevenir este problema y recuperar el prestigio que hemos perdido con la crisis y los escándalos que tradicionalmente nos han rodeado", concluyen.
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