Lamela archiva una pieza de la CAM en la que el Estado perderá hasta 28 millones

  • El Fondo de Garantía de Depósitos no podrá reclamar parte de ese dinero pese a que rescató la entidad con 5.249 millones
Una imagen de Carmen Lamela
Una imagen de Carmen Lamela

El Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) contribuyó al rescate de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM)  con una inyección de 5.249 millones de euros. De esa cantidad -que según la Comisión Europea constituyó a todos los efectos una ayuda estatal con dinero público- al menos 28 millones sirvieron para cubrir el perjuicio generado por sus antiguos gestores al financiar operaciones inmobiliarias ruinosas de su participada Valfensal. La juez Carmen Lamela archivó ayer la investigación de esos préstamos al señalar que Valfensal ha empezado a pagar sus deudas, pero con su resolución, se dan por perdidos esos fondos de todos los contribuyentes. El Sabadell se quedó con la CAM por un euro después de su saneamiento por el FGD.

Debido al riesgo de esas polémicas operaciones, el Banco de España calificó como "subestandar" esos créditos concedidos a Valfensal -una sociedad desde la que supuestamente se habrían desviado fondos de la caja a paraísos fiscales- por lo que obligaron a la CAM a dotar provisiones por 28 millones de euros para cubrir su eventual impago. Ese dinero salió del rescate aportado por el FGD. El inspector del BdE que declaró en la causa en noviembre de 2015, José María Ruiz, aseguró durante su interrogatorio que esos 28 millones eran "pérdidas efectivas" para el fondo. "El FGD ya ha perdido estos 28 millones", dijo. "Puede perder más, pero nunca menos", añadió.

Pese a ello, Lamela ha decidido archivar la investigación contra los responsables de la caja -el ex director general Roberto López Abad y el ex director general de Empresas, Daniel Gil Mallebrera- que autorizaron esos préstamos, que estaban imputados por administración desleal y apropiación indebida. Y lo ha hecho porque considera que la entidad (la CAM, de la que ahora es dueña el Sabadell) no ha sufrido ningún perjuicio. En primer lugar porque ha vendido su participación en Valfensal obteniendo una plusvalía de 7,1 millones de euros. Pero también porque Valfensal, una vez privatizada, ha empezado a pagar los intereses de sus créditos hasta llegar a los 25,5 millones.

Eso sí, quien ha recibido ese dinero es el Sabadell, el banco que compró la CAM por un euro tras su intervención y saneamiento. Es decir, que con su decisión, el fondo que sufragó el rescate con dinero público y por tanto esas provisiones por 28 millones de euros, no va a tener la oportunidad de recobrar parte del dinero gracias a las indemnizaciones que los antiguos responsables del banco tendrían que haber pagado en caso de ser condenados. La decisión no es definitiva y cabe recurso ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Operaciones bajo mínimos

El auto de Lamela, sin embargo, sí relata el cúmulo de disposiciones fraudulentas del dinero de la CAM cometido por  López Abad y Gil Mallebrera, que concedieron todos esos créditos para operaciones inmobiliarias en México y la República Dominicana de forma personalista y saltándose todos los procedimientos previstos en la normativa bancaria y de la propia entidad. Sin que los prestatarios justificasen el destino de los fondos, con períodos de carencia injustificados, sin controlar lo que se hacía con el dinero, sin garantías...

El Tribunal Supremo ha establecido que, en el caso CAM, el FGD debe tener el estatus de perjudicado. En una resolución del 17 de noviembre de 2015, la Sala de lo Penal aseguró que el fondo "ha sido el que ha sufrido el perjuicio ya que ha sido esta entidad la que ha tenido que reparar las consecuencias que las conductas de los directivos de la entidad [de la CAM] provocaron tanto para la propia entidad como para el sistema financiero".

En el proceso siguen imputados los gestores de Valfensal que recibieron el dinero de la CAM, José Salvador Baldó y Juan Vicente Ferri, por presunto delito fiscal. Entre las sociedades pertenecientes a esa antigua participada de la caja se encontraba una domiciliada en las Antillas Holandesas pese a que, supuestamente, tenía su actividad en España y a la que se habrían desviado fondos proporcionados por la entidad. 

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