Banco Santander se enfrenta a más demandas civiles por la ampliación de capital de Banco Popular correspondiente al ejercicio 2016 después de que diversas Audiencias Provinciales hayan fallado recientemente a favor del consumidor y hayan obligado a la entidad a devolver al cliente las cantidades invertidas en dicha operación, con la que el banco captó 2.500 millones de euros, más de 1.000 millones entre inversores minoristas.
Hasta el momento algunos despachos de abogados mostraban recelos a la hora de iniciar el procedimiento civil, pues entendían que no había garantías suficientes que acreditaran que las cuentas que Popular presentó a la ampliación de capital estaban falseadas. Por tanto, preferían esperar a que los peritos del Banco de España designados por la Audiencia Nacional para determinar si las cuentas reflejaban la imagen fiel del banco o no concluyeran el informe que están elaborando al respecto. Se prevé que Santiago Jesús Ruiz-Clavijo y Pablo Hernández Romeo, los inspectores del supervisor a cargo del peritaje, finalicen esta tarea a lo largo de 2019.
En cambio, algunos bufetes han decidido dar un giro a su estrategia legal y están recomendando a sus clientes empezar ya con la vía civil. Es el caso de Unive Abogados, que representa a unos 700 afectados por la caída de Popular y que considera que ya existen suficientes elementos probatorios para sostener que la información financiera de Popular distaba considerablemente de la que se publicó durante la ampliación de capital. "Esto provocó que los inversores no conocieran la verdadera situación de la entidad y, por consiguiente, se pueden anular las compras de acciones efectuadas", subrayan.
Este despacho, para defender su tesis, apunta a la documentación obrante en el proceso penal y a los expedientes sancionadores incoados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y por el Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas (ICAC), que sumados a la elaboración de un informe pericial propio permiten acreditar la no veracidad de las cuentas de Popular. Las sentencia de las Audiencias Provinciales, con un balance conocido de cinco a dos a favor de los inversores minoristas, apuntalarían esa tesis.
Imagen fiel de la entidad
A los fallos en segunda instancia dictados en Oviedo (dos a favor del banco y uno del ciente), Vizcaya y Álava se han sumado recientemente los de Barcelona y Cáceres. Estas sentencias mencionan de forma mayoritaria que el banco no ofreció a sus inversores la imagen financiera real de la entidad, lo que da pie a los despachos a pedir la nulidad en la compra de acciones por vicios en el consentimiento y omisión de los deberes de información que establece la Ley del Mercado de Valores.
"El caso está maduro, ya se puede iniciar el procedimiento civil, la cantidad de sentencias de las Audiencias Provinciales empieza a ser considerable", indica Jordi Ruiz de Villa, socio de Fieldfisher Jausas, despacho cuya vía principal, no obstante, es el enriquecimiento ilícito de Santander por la compra de Popular. En esta línea, el abogado cree que tanto los informes de la CNMV como los resultantes de las inspecciones que realizó el Banco Central Europeo (BCE), son "demoledores".
Más prudente, en cualquier caso, se muestra Ester Fonría, letrada titular de Fonfría Abogados, que representa a medio centenar de afectados y que aboga por esperar al informe de los peritos del Banco de España. Además, recuerda que la entidad financiera puede solicitar una cuestión prejudicial penal. "Nosotros no hemos empezado la vía civil hasta que lo tengamos claro", explica Fonfría, quien, no obstante, asegura que su despacho estudiará qué hacer tras conocer el saldo favorable de las sentencias de segunda instancia dictadas a favor de los clientes.
Sea como fuere, Santander aún se enfrenta a una factura legal por importe de unos 240 millones de euros en demandas de particulares por la compra de acciones en la ampliación de capital de Popular del año 2016, pues los bonos de fidelización que emitió la entidad para compensar a los clientes minoristas que acudieron a la operación recibieron una aceptación de casi el 80%. La suscripción de estos bonos implicaba rechazar emprender acciones legales contra el banco y alguna sentencia en segunda instancia ha incidido en que el hecho de que la entidad cántabra realizase esta oferta demuestra que las cuentas de Popular correspondientes al ejercicio 2016 no estaban bien.
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