Domingo, 21.04.2019 - 08:51 h
Nuevos poderes para el regulador

La CNMC deberá admitir que 'ha oído' al Gobierno en sus circulares sin acuerdo

Cuando no existan discrepancias con el Ministerio las normas reconocerán que han sido aprobadas  con las orientaciones de política energética

José María Marín Quemada
José María Marín Quemada, presidente de la CNMC. / EFE

'Allegro  ma non troppo'. Los responsables de la CNMC tienen motivos para sentirse satisfechos después de que la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, haya reforzado al organismo regulador con los nuevos poderes que su antecesor, Álvaro Nadal, se negaba en redondo a conceder. Sin embargo, como se temían los observadores más suspicaces, el Ministerio de Transición Ecológica se ha reservado alguna que otra carta para el supuesto de que la entidad que preside José María Marín Quemada se muestre 'respondona' en contra de las directrices de la política energética que adopte el Gobierno socialista.

Teresa Ribera ha conseguido, en todo caso, el objetivo previsto que no era otro que evitar una demanda de la Comisión Europea ante el Tribunal de Luxemburgo contra el Reino de España. El comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, había dado un ultimátum el pasado mes de noviembre ante la contumacia del Gobierno en preservar competencias regulatorias en el mercado español que las directivas comunitarias exigen que sean transferidas a organismos supervisores independientes. 

El límite inicial para garantizar el papel de la CNMC como verdadero organismo de regulación terminó el 31 de diciembre pero la Comisión Europea decidió ampliar el plazo un mes más a instancias de la propia ministra. Teresa Ribera estaba obligada por Bruselas a formalizar el traspaso de funciones con un decreto que otorgase a la CNMV capacidad legal como organismo encargado de fijar los valores de los llamados peajes en los mercados de electricidad y de gas que constituyen un componente esencial en la fijación de los precios finales que paga el consumidor.

La normativa fue elaborada a partir de un grupo de trabajo constituido por el propio ministerio y la CNMC pero Ribera ha tenido serias dificultades para conseguir el visto bueno del Consejo de Ministros. Finalmente, ayer viernes y después de sucesivos cambios en la redacción del borrador inicial, el máximo órgano colegiado del Gobierno concedió luz verde a un proyecto legislativo que otorga nuevos galones a la CNMC pero teniendo siempre en consideración las prioridades estratégicas en materia energética.

El regulador deberá atender en sus resoluciones aspectos esenciales como la seguridad de suministro, la seguridad pública, la sostenibilidad económica y financiera de los sistemas eléctrico y gasista, la independencia del suministro o la calidad del aire. También tendrá que asegurar en sus disposiciones y circulares normativas la lucha contra el cambio climático y el respeto al medio ambiente, la gestión óptima y el desarrollo de los recursos nacionales, la gestión de la demanda, la gestión de las elecciones tecnológicas futuras y la utilización racional de la energía. 

Comisión de Cooperación

Con estos fundamentos de partida, el Ministerio para la Transición Ecológica se reserva la opción de emitir informes previos a la tramitación de las circulares que lleve a cabo la CNMC. El decreto advierte de la posibilidad de discrepancias y crea un grupo de trabajo bautizado con el nombre de Comisión de Cooperación que será el encargado de buscar un entendimiento entre las dos partes en conflicto. Este comité tendrá carácter mixto y estará formado por tres representantes de la CNMC y otros tres de la Secretaría de Estado de Energía, alternando entre ellos cada año los cargos de presidencia y secretaría general.

Cuando la Comisión de Cooperación alcance un acuerdo, la circular de la CNMC indicará la aprobación de la normativa "de acuerdo con las orientaciones de política energética del Ministerio para la Transición Ecológica". En caso de que no exista acuerdo, la circular deberá indicar que se adopta "oído el Ministerio para la Transición Ecológica". En definitiva, el decreto establece un reparto de competencias que, según el Gobierno, garantiza la seguridad jurídica a la ciudadanía y a los agentes del sector energético y que, sobre todo, permite adaptar la legislación española al marco comunitario.

Temas relacionados

Ahora en Portada 

Comentarios