Las denuncias por productos bancarios inundan el buzón Covid de Competencia

Los consumidores siguen mostrando su hastío frente a las prácticas de la banca. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) habilitó en marzo de 2020 un buzón específico para cuestiones relacionadas con el Covid-19 y, poco más de un año después, las denuncias sobre productos financieros acaparan más de las mitad de las 700 recibidas. El resto estarían relacionadas con otros sectores, como las telecomunicaciones, aerolíneas e incluso las farmacias, que al inicio de la pandemia estuvieron en el centro del debate social por los precios de las mascarillas o los geles hidroalcohólicos. 

La crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus se vio desde un primer momento como una oportunidad para que el sector financiero español mejorara su mermada reputación, que tan perjudicada se ha visto durante los últimos años por distintas actuaciones de dudosa legalidad. Aprovechando la ocasión, la mayoría de bancos desplegó importantes operativos para traer a España material sanitario, como mascarillas o respiradores, realizaron donaciones millonarias y hasta algunos de sus directivos se bajaron el sueldo. 

También se convirtieron en protagonistas cuando el Gobierno decidió poner en marcha una serie de medidas para paliar los efectos económicos sobre las familias y el tejido productivo de las restricciones impuestas para contener la expansión del Covid-19. Para el primer colectivo se establecieron moratorias legales sobre préstamos de consumo e hipotecas, que la banca posteriormente complementó con las sectoriales. Para el segundo grupo se habilitaron líneas de avales por 100.000 millones de euros, más 40.000 millones adicionales ante la necesidad de continuar dando apoyo, que se han venido gestionando por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y canalizando a través de los bancos. Tanto el Banco de España como las propias patronales aseguraron desde un principio que estarían vigilantes, después de que se desatara la polémica por posible mala praxis al poco de lanzarse el primer tramo de las garantías públicas. 

Ahora, cuando la recuperación económica empieza a avistarse, las entidades financieras ruegan al Ejecutivo jugar un rol determinante en el reparto de los fondos europeos Next Generation EU, aludiendo fundamentalmente a su capilaridad como virtud de provecho. Pero a pesar de todos los pasos que han intentado dar en la buena dirección, la banca no acaba de convencer a la ciudadanía con sus actos. Así lo demuestra que haya obtenido un nuevo 'galardón' por ser el sector que ha aglutinado la mayoría de las denuncias enviadas a un buzón que ha sido dispuesto de forma exclusiva para remitir consultas sobre actuaciones llevadas a cabo por las empresas como consecuencia de la crisis actual.

Competencia solo necesitaba una denuncia bien fundamentada para abrir una investigación, ya que además sospecha que el abuso con los ICO ha sido una práctica generalizada 

A raíz de las quejas recibidas al buzón Covid, el organismo presidido por Cani Fernández ha dado un nuevo estacazo al sector. La CNMC decidió incoar un expediente sancionador contra Banco Sabadell, Banco Santander, Caixabank y Bankia por posibles prácticas restrictivas de la competencia en la comercialización de las líneas de avales que ha sido conocido recientemente. Este nuevo frente pone en jaque los esfuerzos del sector por avanzar en la mejora de su imagen. La reacción inmediata de los bancos fue asegurar que han cumplido en todo momento con la normativa y que tratarán de probar que no han llevado a cabo conductas sancionables en este sentido.

El problema es que aunque las denuncias concretas recibidas en este buzón sobre los ICO dentro de las relacionadas con productos financieros podrían responder a un número residual, Competencia sospecha que el abuso de los bancos en la comercialización de los créditos avalados por el Estado puede que haya sido una práctica generalizada. De hecho, la CNMC no necesita recibir miles de quejas para abrir una investigación, ya que solo una bien fundamentada puede desencadenar la incoación. De este modo, el organismo supervisor solo requiere de un indicio claro para proceder a realizar sus revisiones, sobre todo cuando podría tratarse de una acción extendida. 

Limpiar sus balances de deudas anteriores con los ICO

La CNMC investiga concretamente la vinculación de productos cruzados como seguros, alarmas o televisores que las entidades financieras habrían exigido como condición para que los clientes pudieran acceder a las líneas de financiación con aval público. Pero, además, cree que podrían haber estado utilizando estos préstamos para limpiar sus balances, aplicándolos como mecanismo para reestructurar deudas preexistentes. Es decir, que es posible que las entidades condicionaran la concesión de una ayuda a una empresa o autónomo a la supresión de deuda anterior. 

Según los últimos datos disponibles correspondientes al pasado 2 de junio, la sospecha podría cernirse sobre unas 1,078 millones de operaciones, que son las que se han aprobado en total hasta el momento, y con las que se han inyectado 127.952 millones de euros. El 98% de las empresas beneficiadas son autónomos y pymes, los colectivos que se han visto más afectados por esta situación. En torno a un 40% del volumen de financiación (unos 50.000 millones de euros) ha ido a parar a las empresas de los sectores más perjudicados: Turismo, ocio y cultura; Transporte y automoción; Distribución alimentos y bebidas; Consumo y comercio; y Textil y moda.