Nuevos tiempos. Las eléctricas han decidido sacar del lobby del sector, Unesa, todo lo relacionado con el negocio nuclear. La asociación patronal, bajo la batuta de su nueva presidenta, la jurista Marina Serrano, centrará su actividad en las áreas de negocio reguladas, el transporte y distribución eléctrica.
La decisión coincide con un momento crucial para el sector eléctrico, con el Gobierno dispuesto a intervenir en una actividad liberalizada como es la generación para impedir el cierre de centrales de carbón y nucleares y con las empresas, especialmente Iberdrola, presionando para cerrar centrales deficitarias y reclamando la retirada de las cargas impositivas que el Gobierno del PP aprobó en 2013.
Unesa, según fuentes de la asociación, modificará sus estatutos para atender la nueva estrategia de las empresas. Dejará de trabajar como un grupo de presión para constituirse como un foro público de debate en torno a las actividades reguladas del sector. La generación eléctrica, liberalizada, quedará en manos de cada una de las compañías asociadas: Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP y Viesgo.
Vísperas de un nuevo debate
El cambio de orientación se produce también en vísperas de que se reabra el debate sobre el futuro de las centrales nucleares, la extensión de su vida útil y la financiación de sus residuos. Iberdrola lleva la voz cantante. La compañía sostiene que los impuestos aprobados en la época del ministro de Industria José Manuel Soria a la generación eléctrica y a la industria nuclear hacen insostenible el negocio.
Pero si a las empresas no les salen las cuentas en las centrales nucleares, al Gobierno tampoco. Parte de los nuevos impuestos que se aprobaron en 2013 para taponar el déficit eléctrico tenían como finalidad financiar el almacenamiento y tratamiento de los residuos.
Pero el dinero no alcanza. El VI Plan de Residuos Radiactivos en vigor es de 2006. No ha sido actualizado y se va a convertir en un nuevo elemento de controversia económica y política. En 2015, el Tribunal de Cuentas advirtió que el Plan de Residuos -que administra la empresa pública Enresa- caminaba hacia un desfase entre ingresos y gastos que podría recaer sobre generaciones futuras.
En España, los residuos más peligrosos se almacenan en piscinas y contenedores en las instalaciones nucleares. Pero rebosan. El Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas (Cuenca), ni está ni se le espera por las continuas polémicas administrativas. Gestionar ese material ha costado sólo entre 2010 y 2016 un total de 1.326 millones, según el informe Energía 2017 del Foro de la Industria Nuclear. En las próximas décadas, el coste se disparará a 17.397 millones.
Un dinero insuficiente
Y el dinero no alcanza. En el Plan Nacional de Residuos el coste total estimado de la gestión integral de todo el proceso de gestión de residuos, hasta su almacenamiento final, es de 13.000 millones de euros (valor 2006) y hasta el año 2070. Dato añadido: Enresa -con la que este diario intentó contrastar datos- sólo dispone de un fondo acumulado de 5.000 millones para hacer frente a las obligaciones.
Enresa conoce el difícil equilibrio en el que se encuentra. También lo sabe el Gobierno y el Ministerio de Energía -lainformacion.com también intentó obtener su versión-, pero la situación parece estancada. El Plan General de Residuos, señalan expertos consultados, se debería revisar cada cuatro años. No es preceptivo, matizan, pero se considera una buena práctica. El de 2006, ni se ha revisado ni se ha actualizado.
Sin embargo, las mismas fuentes sostienen que en el V Informe Nacional para la Convención Conjunta sobre Seguridad en la Gestión del Combustible Nuclear Gastado, de octubre de 2014, se informaba de que Enresa había realizado una propuesta para elaborar el VII Plan General de Residuos. Nunca más se supo.
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