La victoria aplastante del secesionismo aleja el retorno de las grandes empresas

El resultado electoral del 21-D, por preocupante que parezca, no dará un vuelco al éxodo de compañías que han abandonado Cataluña por el órdago independentista del anterior Govern. Las cúpulas directivas de las grandes del Ibex que siguen manteniendo su sede operativa en Cataluña no han puesto en guardia sus cuarteles generales con motivo de la cita con las urnas de este jueves, una situación muy diferente a la que se vivió ante el 1-O, cuando sí hubo reuniones de crisis y comités especiales de seguimiento. El motivo por el que han abordado con mayor tranquilidad los comicios se debe a que las mudanzas aplacaron los ánimos de clientes e inversores. Las empresas confían, de hecho, en continuar su actividad rutinaria sin que entre en agenda adoptar decisiones corporativas, aunque sigue latente el temor a mayores retrasos en la ejecución de operaciones hasta que se despejen los acuerdos de gobernabilidad.

El sosiego que se ha vivido en las últimas horas en los despachos de las grandes compañías catalanas contrastaba con las llamadas telefónicas entre directivos y los equipos que estuvieron movilizados durante el referéndum. Ahora, a pesar de la victoria independentista, el ambiente es totalmente diferente. Por ejemplo, un alto directivo catalán pasaba la tarde de ayer, en pleno escrutinio, enviando felicitaciones de Navidad a sus amistades, ajeno a los nervios que se vivían en los partidos políticos. En el mundo empresarial, por tanto, consideran que la incertidumbre continúa en el aire, pero sin la alerta que suscitó el 1-O.

En una de las grandes empresas consultadas reconocen, de hecho, que en el seguimiento del 21-D se ha involucrado exclusivamente a primeros directivos cuando la celebración del referéndum exigió la disponibilidad de algunos mandos también intermedios. En otra de las principales del Ibex admiten que no organizaron ningún comité especial para seguir el recuento. Tampoco está programada ninguna reunión especial en la mañana de este viernes para analizar los resultados. Tranquilidad, en definitiva, conscientes de que los independentistas ya no caminan con tanta contundencia hacia la vía unilateral. Solo en el caso de que los secesionistas anunciaran alguna acción llamativa se hubiera activado a algún equipo de guardia en estas empresas.

Desde la consulta soberanista del 1-O han mudado su razón social 3.120 compañías, de todo signo y tamaño -muchas multinacionales entre ellas-, tras la estela marcada por Sabadell, los primeros, y CaixaBank, horas después. El fenómeno había arrancado meses atrás con sociedades como Naturhouse, que anunciaba la mudanza a Madrid a finales de julio, aunque entonces eran situaciones casi aisladas.

La consulta soberanista, sin embargo, abrió la brecha y el temor a sufrir un corralito se instaló en la calle, forzando el éxodo masivo de firmas financieras. Se dispararon los miedos entre sus clientes y pronto se tradujo en una retirada de fondos. Más tarde esos temores se extendieron al traslado de otras industrias de servicios, de energía, construcción, etc.

La inquietud de los clientes convenció a Sabadell, que abrió la veda, a mudar la razón social a Alicante el 5 de octubre y al día siguiente lo haría Caixabank a Valencia -a Baleares y Madrid se mudarán después, en cascada, su Fundación y todas sus filiales-. Tras los pasos de los dos grandes bancos fueron Arquia Banca, Banco Mediolanum, Catalana Occidente, Zurich, filiales de Axa, Divina Pastora... y casi al mismo paso Gas Natural, Colonial, Abertis, Cellnex, Abgar, Planeta, Codorniu, Bimbo, San Miguel, Dogi, Donuts, Pirelli, eDreams, Volotea, Torraspapel, Pastas Gallo...

“Se toma la decisión por cuestiones puramente económicas no políticas. A los directivos y a las empresas les mueve dar certidumbre al negocio y garantizarse el marco de seguridad jurídica que ofrece el estado de derecho”, subrayan en una sociedad, donde descartan la reversión de una decisión de tal importancia por un resultado electoral. “Se preveía -añaden- que una declaración unilateral de ruptura pudiera ocasionar problemas jurídicos para desarrollar la actividad y en ese contexto, aunque se esperaba la aplicación del 155, se acelera la salida”.

El presidente del Sabadell, Josep Oliu, explicó en su día que el traslado había sido una decisión “muy meditada” y que “no tiene fecha de caducidad en absoluto”. “Fue una razón técnica, para proteger los intereses de nuestros clientes. Queríamos seguir bajo el paraguas de la Unión Europea (..) si hubiera sido temporal lo hubiéramos dicho", argumentó a su vez el consejero delegado de Caixabank, Gonzalo Gortázar, soslayando las dudas sobre la provisionalidad de la decisión.

En Caixabank no se descartaba dar, incluso, "un nuevo paso" si los independentistas repitieran la mayoría en escaños de las elecciones de 2015. Una alternativa sería la de emular al Sabadell, cuyo presidente Josep Oliu despacha ahora con mayor frecuencia en su despacho de Madrid y pasa media semana en la capital. “Influirá, claro, cómo quede configurado el Govern y antes es importante conocer también el contenido de los discursos”, apuntan desde una sociedad.

El trasfondo a esta reflexión es que, incluso, una victoria del bloque independentista ya no se atisba con el temor de hace unas semanas después de que gran parte de los partidos secesionistas hayan reconocido la imposibilidad de ejecutar una declaración unilateral de independencia como la que se hizo durante el mandato de Puigdemont. El mensaje sobre la ruptura se ha suavizado tras el rechazo a su reconocimiento de la comunidad internacional, en espaldarazo al estado de derecho. Sin embargo y, pese al aparente cambio de mensaje en favor de no tomar medidas unilaterales, el goteo de salidas de empresas continúa, aunque sí se haya frenado.

El pasado miércoles se contabilizaron 24 nuevas mudanzas fuera de Cataluña, últimos datos divulgados por el Colegio de Registradores. El peor registro, con 268 traslados en un sólo día tuvo lugar el 19 de octubre, en días previos a la aplicación del 155 que se debatió en pleno del Senado el 26 de octubre y coincidiendo con el ultimátum que dio Mariano Rajoy antes de su aplicación.