La nueva presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), Cani Fernández, va a recibir una herencia de asuntos pendientes tan interesante como "caliente". El presidente saliente, José María Marín Quemada, impulsó en el último tramo de su mandato una profunda reforma en la regulación energética -14 circulares- que aún colea en los mercados del gas y de las renovables. Además, el consejo, remozado, tendrá que decidir sobre asuntos pendientes en el mercado audiovisual que afectan a Telefónica y también sobre el servicio postal que presta Correos.
Son los temas más candentes y, en lo que afecta a las empresas energéticas, los que más batallas internas han provocado en la etapa de Marín Quemada al frente del organismo. Algunos aún estan por cerrar. Así sucede con la circular que recortó la retribución de las empresas gasistas y que el Consejo de Estado devolvió a la CNMC para rehacer los cálculos. La circular, que recortaba 239 millones de media anual a las compañías hasta 2026, provocó un fuerte malestar entre las sociedades, que llegaron a paralizar inversiones.
Las negociaciones en torno a los recortes, tanto con las empresas como con el Gobierno -partidario de limitar el hachazo inicial- estuvieron trufadas de un pulso por las competencias entre el regulador, la CNMC, y el Ministerio de Transición Ecológica que aún no ha sido enterrado. La nueva presidenta de Competencia y el pleno con cinco nuevos consejeros, tendrá que decidir de entrada si mantiene el pulso competencial o, si por el contrario, da por bueno el reparto de funciones que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó por decreto en enero de 2019 para cerrar una guerra iniciada por el anterior Gobierno del PP.
El oído ministerial
Otro tanto sucede con otra circular pendiente de cierre: la de acceso y conexión a las redes de transporte de energía eléctrica. La propuesta de la CNMC llegó al Consejo de Estado para su dictamen a principios de mayo. Pero lo hizo sin acuerdo entre Competencia y el Gobierno. Llegó al Consejo con la expresión que certifica la existencia de discrepancias: "oído el Ministerio (de Transición Ecológica)".
La norma regula qué proyectos y en qué condiciones acceden a la red los parques renovables. Es más que una patata caliente. Tanto por la dimensión de las solicitudes -las peticiones en 2020 superan los 56.700 MW, más que toda la energía verde que el Gobierno prevé que hará falta hasta 2030- como por la especulación a la que han dado lugar. Las credenciales con las que Fernández llega a la CNMC -desde Moncloa, con el aval de la vicepresidenta Nadia Calviño y con un perfil más jurídico que económico- adelantan una rebaja en las tensiones con el Ejecutivo que han marcado el mandato de Marín Quemada, especialmente en la última etapa.
Si los flecos de los nuevos periodos regulatorios en los mercados energéticos -2020-2025 en electricidad y 2021-2026 en gas- son un asunto espinoso. también lo son los que afectan al servicio postal de Correos. La CNMC abrió expediente sancionador a finales del pasado año a la empresa pública tras constatar que aplicaba importantes descuentos a grandes clientes, por lo que ingresaba por debajo de costes. Apenas unos meses después, Competencia ha abierto un nuevo expediente al operador del servicio postal por "incumplir los plazos que marca la normativa" para los envíos del paquete 'azul' (paquete nacional hasta 20 kg). Una infracción administrativa muy grave de la Ley del Servicio Postal Universal y otra cuestión candente para la nueva presidenta.
Telefónica y DST
Cani Fernández tiene que mantener también la vigilancia del sector audiovisual, que conoce bien por su trabajo de años en el bufete Cuatrecasas. Entre otras cosas, la nueva jefa de la CNMC defendió a Mediaset en el contencioso contra la CNMC por prácticas anticompetitivas en el mercado publicitario. Un asunto que se cerró con una multa de 77 millones para los dos grupos. En el radar de la CNMC sigue estando el control de la operación por la que Telefónica se hizo con el 56% de DTS -la antigua Sogecable, controlada por Prisa-.
La CNMC autorizó la operación de concentración en 2015 y vigila el acuerdo desde entonces. El control acabó en expediente y sanción de 1,5 millones el pasado año a Telefónica por incumplir una de las condiciones de la fusión relativa a los precios que cobró a sus rivales por el canal 'Movistar el Partidazo' en la temporada 2016/2017. Además de la multa -recurrida por Telefónica- la resolución de la CNMC instaba a la Dirección de Competencia a seguir vigilando el cumplimiento de la fusión de Telefónica y DTS.
La CNMC se prepara ante la nueva etapa. Fuentes internas del organismo dan por descontado que será menos conflictiva que la anterior dada la composición del nuevo pleno, con mayoría de consejeros propuestos por el PSOE y, sobre todo, por el perfil de la nueva presidenta. Según sostienen técnicos del organismo, que han seguido los casos de Fernández en el bufete Cuatrecasas frente a la CNMC, está en las antípodas de la estrategia aplicada en Competencia en los últimos años.
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