El anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética es la pieza clave para lograr la descarbonización de la economía en 2050. La norma apura trámites, entre los que se cuenta el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). Y las chispas vuelven a saltar. Es una cuestión de competencias que se centra, sobre todo, en la regulación del acceso a la red eléctrica de los nuevos proyectos renovables. El Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Ribera y la CNMC se disputan quién tiene la última palabra y las espadas están en todo lo alto.
Oficialmente, tanto el Ministerio de Transición como la CNMC consideran las diferencias como una parte lógica del debate que debe llevar al acuerdo. Pero las procesiones, en plural, van por dentro. Las fuentes consultadas en la Comisión y en el ministerio confirman que la última reunión del órgano mixto -la Comisión de Cooperación- encargado de dirimir diferencias acabó sin acuerdo para dar luz verde a la propuesta (circular) de la CNMC para regular los permisos de conexión a la red. En otras palabras, la circular sigue empantanada y el Ministerio de Transición no cede.
En ese marco, Competencia ultima el informe sobre el anteproyecto de Ley de Cambio Climático, la herramienta clave para los planes de transición de Teresa Ribera. El anteproyecto contempla cuestiones clave para el desarrollo de las renovables como los accesos y los procesos de hibridación -proyectos con dos o más fuentes de energía que actúan juntas- y que están pendientes de regulación. Los primeros informes internos de la CNMC son muy críticos con el anteproyecto de ley y han propiciado roces entre direcciones y salas del organismo. Y todo cuando está pendiente un Real Decreto del Gobierno sobre el acceso a redes que podría ser el tajo al nudo gordiano del problema.
Por decreto
El Ministerio de Transición mantiene su posición en el debate. Considera válida la idea que introdujo en su informe a la propuesta de circular de acceso y conexión de Competencia: ""corresponde regular al Gobierno, mediante Real Decreto (...) el marco general del procedimiento de otorgamiento de los permisos de acceso y conexión, el principio general de otorgamiento del acceso (cronológico u otros), la posibilidad de establecer otros mecanismos de asignación de capacidad (p.ej, subastas) y la posibilidad de realizar hibridaciones entre diversas tecnologías". Punto y aparte.
El enfrentamiento por los accesos no es sólo cuestión de fijar las lindes entre reguladores. Está en juego el modelo de desarrollo del negocio energético y, en particular, el de las energías renovables. En su circular, la CNMC defiende que "los permisos de acceso y conexión a la capacidad correspondiente al cierre de las instalaciones superiores a 200 MW o, en general, cualquier otro hecho que motive un incremento sobrevenido de capacidad disponible que permita una nueva potencia instalada superior a 200 MW, serán otorgados siguiendo el orden resultante de un "procedimiento de concurrencia competitiva" (subasta) (...) en el que se ofertará, para una determinada potencia instalada y tecnología, el importe en euros por megavatio que está dispuesto a ofrecer el solicitante". Es abrir el campo de juego a otros competidores, distintos a las grandes compañías propietarias de las instalaciones de carbón y nucleares que se vayan a cerrar.
Hay mucho dinero en juego. Las eléctricas quieren usar los derechos de enganche a la red, que suman más de 16.000 megavatios (MW) entre nucleares (7.000 MW) y carbón (9.000 MW), como una autopista para desplegar renovables. El Gobierno, por su parte, defiende que las compañías tradicionales usen esas concesiones para concentrar el despliegue de renovables en las comarcas afectadas por cierres . Se oponen dos modelos y España camina hacia el centralizado.
Más concentración
La Asociación Nacional de Productores Fotovoltaicos (Anpier) ya ha dado la voz de alerta. Sostiene que los posibles beneficios de la generación fotovoltaica están siendo monopolizados por un grupo reducido de empresas. Todo, asegura la asociación, gracias a una normativa que, al menos hasta el momento, ha propiciado la concentración al incentivar la construcción de macroparques, a través de condiciones inalcanzables para pymes e iniciativas locales.
Los macroparques, al estilo del anunciado por Iberdrola en Extremadura o los que impulsan en Murcia empresas como Cobra (ACS) y fondos austriacos, copan las solicitudes de puntos de conexión a Red Eléctrica de España (REE), lo que dificulta que empresas locales y explotaciones agrarias de la zona puedan poner en marcha sus propios proyectos. Según Anpier, el 90% de los 3.000 MW fotovoltaicos de la última subasta se repartieron entre menos de 30 empresas y un 25% está ya en manos de fondos internacionales.
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